Una Constitución más democrática

Escrito por Salvador Allende          

Una Constitución más democrática. (*)

No hay otra salida, como lo he dicho, que la campaña que debemos dar en marzo de 1973. Pero no con un sentido corriente electoral, no como una campaña electoral más. Tenemos que levantar una gran plataforma que señale al pueblo la tarea que tiene que alcanzar. Tenemos que decirle que hay que dictar una nueva Reforma, una nueva Reforma Agraria, una nueva Ley de Reforma Educacional, un nuevo Código Tributario, un nuevo Código del Trabajo. Debemos establecer la nueva seguridad social. Debemos, compañeros, hacer posibles los derechos y los deberes de los trabajadores. Debemos afianzar la presencia de los trabajadores definitivamente en el manejo de la cosa pública, y junto a las iniciativas programáticas que no constituyen una plataforma electoral, debemos dictar una nueva Constitución. Para ello debemos ganar la principal batalla, obteniendo la primera victoria en la campaña electoral del 73, con el fin de conquistar la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no la alcanzáramos, tendríamos siempre la perspectiva de una gran tarea por delante. Esta tarea, el servicio de los trabajadores, no sólo debe preocupar a los que militan en nuestras filas, sino que miles de trabajadores deben estar junto a nosotros para que podamos establecer nuevas instituciones para que Chile camine de acuerdo con su propia realidad económica y social.

El Chile de hoy no es el Chile de comienzos de siglo. El Chile de hoy, 5 de setiembre de 1972, no es el Chile del 4 de noviembre o del 3 de noviembre de 1970.

Chile dictó la Constitución Pelucona el año 1833 y la Constitución Liberal el año 1925. Va a cumplir 50 años el año 1975.

Tenemos que dictar una nueva Constitución, una Constitución para esta nueva etapa que estamos viviendo, para este proceso revolucionario.

No podemos dictar una Constitución burguesa, ni una Constitución socialista. Tenemos que dictar una Constitución que abra el camino hacia el socialismo, que consagre derechos y que haga que los trabajadores gobiernen este país.

Debemos entregar, entonces, las ideas fundamentales para que sean discutidas, analizadas y conversadas en el sindicato, en las faenas, en las industrias, en las escuelas, en los hospitales, en el taller y en el hogar.

Que no haya muchacho que no sepa leer ni escribir; que no haya anciano, que no haya analfabeto, que no oiga explicar y leer las bases de la Constitución que queremos.

Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano.

Quiero entregar esta tarde, como tarea al pueblo de Chile, el estudio, la discusión y el análisis de las bases fundamentales de la nueva Constitución que con el esfuerzo, el tesón y el empuje pondremos en marcha, una vez que conquistemos el instrumento que nos permita hacerlo.

La solución de las dificultades presentes sólo pueden darla los trabajadores, e impedir su propia concepción del orden social sobre el de la burguesía.

Las instituciones políticas actuales están concebidas para una sociedad capitalista que ya no existe en su contenido original.

Tampoco el socialismo es una realidad. El país se encuentra en movimiento y necesita darse el régimen político más idóneo para organizar y encauzar la vida nacional.

Un Estado como el chileno no puede funcionar indefinidamente con la obstrucción sistemática irreconciliable contra el Gobierno por parte de los otros poderes.

En forma sutil, pero real, el Congreso ha construido un cerco de fuerzas alrededor del Gobierno, al rechazarle una tras otra iniciativas fundamentales de orden social y económico. Una situación de enfrentamiento de esta naturaleza es peligrosa y crea incertidumbre e inquietud.

Deben por consiguiente resolverse para la izquierda, para el Gobierno Popular, las soluciones que da la clase trabajadora. Para la mayoría actual del Congreso, la solución es imponer los intereses de los capitalistas por encima de los trabajadores. Por eso necesitamos redefinir totalmente la Carta Fundamental que rige nuestra vida política, y para ello, tenemos que alcanzar la victoria en la Cámara de Diputados.

En esta Carta Fundamental debemos encauzar dos aspectos esenciales de la vida del pueblo.

Dar más libertades. Ampliar las libertades y derechos, incorporando a la Carta Fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Garantizar el pluralismo social, político y cultural. Asegurar a los grupos étnicos, autóctonos, el derecho a desarrollar su personalidad cultural y el cultivo de su lengua materna. Reconocer a la Isla de Pascua el derecho a tener un representante en el Congreso.

Establecemos para los trabajadores la estabilidad del empleo y una remuneración mínima digna para él y su familia. La necesidad de superar las diferencias entre el trabajo manual e intelectual, y entre la ciudad y el campo.

Los trabajadores deberán dirigir las empresas. Se dará reconocimiento constitucional a los sindicatos, como expresión orgánica de los trabajadores, y de la CUT, como su expresión máxima.

Las prestaciones de seguridad social deben otorgarse en consideración al estado de necesidad de los beneficiados.

Todas las personas tienen derecho, en igualdad de condiciones, a idénticas prestaciones ante un mismo estado de necesidad. Hay que asegurar el derecho a la educación desde la etapa preescolar y su carácter permanente. Establecer los derechos fundamentales de la familia, reconocer la igualdad plena del hombre y de la mujer. La protección especial de la madre soltera, la investigación de la paternidad y la obligación del Estado de hacer efectivos sus principios y deberes básicos.

Todo hombre tiene el deber de trabajar de acuerdo con su propia capacidad y no puede reclamar beneficios de la sociedad si no rinde con sus posibilidades corporales, intelectuales, o la creación, un resultado que represente un aporte material, científico o cultural a la comunidad. El derecho se otorga al que cumple con deberes, y el deber fundamental que establecerá nuestra Constitución es el deber de trabajar por el progreso de Chile.

Hay que establecer el principio de que la economía del país está al servicio del pueblo, delimitar claramente nuestra concepción de la coexistencia necesaria de la economía social, en la industria, minería, agricultura y servicios.

Reservar para el Estado todas las riquezas básicas del suelo, del subsuelo, del fondo del mar dentro de 200 millas del mar territorial. Institucionalizar el plan de desarrollo como instrumento superior de la actividad económica y social, con participación fundamental de los trabajadores. (Un plan democrático en su gestación, central en su formulación, y descentralizado en su ejecución).

Organizar el sistema financiero y tributario al servicio del Sistema Nacional de Planificación.

Fuerzas Armadas y de Orden. A los criterios vigentes existentes destinados a defender la soberanía nacional y la integridad de la frontera se agrega a su papel de las Fuerzas Armadas, relevante, en la seguridad nacional, lo que implica su presencia activa en las industrias y servicios estratégicos, en la planificación.

A los servicios de orden público, Carabineros e Investigaciones, debe corresponder, junto a sus tareas específicas, una amplia labor social que hoy cumplen, pero hay que especificar mayormente.

Tribunales de Justicia y Contraloría. Modernización y democratización de la función judicial, ampliarlas facultades del Tribunal Constitucional, crear los Tribunales de lo contencioso y administrativo. Establecer la temporalidad de sus cargos de los Ministros de la Corte Suprema y su duración al cumplir 65 años de edad. Democratizar el Tribunal Calificador de Elecciones. Garantizar a todos los ciudadanos la atención jurídica. Modernizar la Contraloría General de la República y establecer su interrelación con la Superintendencia de Bancos, Sociedades Anónimas y Superintendencia de Previsión Social.

Constitucionalidad y legalidad. El actual sistema legislativo, confuso, contradictorio y anacrónico, debe ser reemplazado por otro sencillo, claro, sistemático y adaptable a las actuales condiciones de la vida social. La organización jurídica del Estado se basa en el respeto por parte de las autoridades, funcionarios y ciudadanos, de las normas constitucionales y legales. Las autoridades del Gobierno y los funcionarios son responsables de los abusos que cometan y de las omisiones y lenidades en que incurran.

Administración territorial. La administración y planificación de Chile debe ser democrática y descentralizada. En cada provincia debe organizarse una Junta Provincial encargada de promover el desarrollo económico y social, integrada por representantes de los servicios del Estado, de los municipios y de los cabildos vecinales. La región, los cabildos vecinales, las comunas y municipios, las provincias, deben coordinar su capacidad de trabajo dentro de la concepción más adecuada a las exigencias económicas actuales de esa región. La administración de la región debe contar con un Consejo Económico-regional encargado de proponer las orientaciones del desarrollo económico-social y ejecutar las directivas del plan.

Al frente de cada región debe haber un viceministro regional dependiente directamente del Presidente de la República, encargado de coordinar y ejecutar los planes y programas de la región, hay que institucionalizar el poder de los trabajadores. Día tras día estamos contemplando el esfuerzo de nuestro pueblo por actuar organizadamente a través de instituciones nuevas, desconocidas apenas unos meses atrás. Es así como en el centro de trabajo agrícola, industrial o minero, de los lugares donde viven, las Asambleas de Trabajadores, los Comités de Producción, la participación de los trabajadores en la dirección, son hoy una realidad. El proceso de configurar debe configurarse en las empresas e industrias del área social, en los asentamientos, en los centros de Reforma Agraria, en los hospitales, en las oficinas, por todas partes deben estar ustedes, y están siendo probadas, ensayadas nuevas formas de organización popular.

En las comunas, el pueblo debe asumir directamente responsabilidad de dirección central a través de las organizaciones comunitarias y de las juntas de abastecimiento popular.

Este es el Chile de los trabajadores en movimiento. Es nuestra tarea contribuir a que la energía creadora de los trabajadores, en la búsqueda de una nueva organización que les asegure realmente el ejercicio del poder, encuentre el cauce adecuado.

Debemos hacer que la Constitución reconozca el poder de los trabajadores en las comunas, en los centros de trabajo, en el aparato del Estado.

Comunas. Proponemos la creación, en cada comuna, de cabildos vecinales que entreguen a los representantes de las organizaciones comunitarias y de trabajadores los medios de atender directamente sus problemas locales en colaboración con los servicios públicos.

En los centros de trabajo debe elevarse el nivel de principios fundamental: que los trabajadores dirijan sus centros de trabajo de acuerdo con la ley, en el aparato del Estado.

Las organizaciones representativas de los trabajadores deben participar institucionalmente en la elaboración de la política económica del Gobierno, particularmente en la formulación democrática del plan de desarrollo.

El Consejo de Desarrollo Económico Social debe ser reconocido por la Constitución, pero no debemos limitamos a establecer la simple participación de las organizaciones sindicales en la planificación central, sectorial, regional, comunal y las empresas.

Los trabajadores deben conseguir ser ellos, la mayoría del país, quienes tengan la palabra decisiva en todo lo que se refiere a la economía del país.

Son los trabajadores, lar fuerza creadora de la economía, quienes deben tener el predominio de la economía nacional. Cómo conseguir que los trabajadores lleguen a dirigir la economía del país y controlar el poder político. Esta es la cuestión fundamental, indispensable para que Chile progrese resueltamente por el camino revolucionario que nuestra historia nos ha trazado. Todos los trabajadores deben discutir y resolver esta cuestión política fundamental. Los obreros, campesinos, técnicos, profesionales, empleados, trabajadores independientes que viven sin explotar a nadie, asentados, pequeños propietarios, comerciantes e industriales.

Aquí reside la fuerza de Chile, y esta fuerza debe dirigir, desde el Estado mismo, la economía nacional en el Gobierno, mediante su participación activa en la planificación, pero también en el Congreso. Proponemos que se discuta y se analice la naturaleza del futuro Congreso. Caben, a mi juicio, tres opiniones principales, a saber: mantener el Congreso bicameral presente. Eso es poco aceptable y opino que no puede ser así. El Congreso con una sola cámara, al igual que se propuso en noviembre último, es una probabilidad. La tercera, sería junto a la Cámara de Diputados, elegida por todos los ciudadanos del país, como la actual, todos los trabajadores deben elegir en votación nacional, secreta y directa, la Cámara de Trabajadores.

El proceso revolucionario exige, en forma cada vez más perentoria, que el poder del Estado responda realmente a la mayoría del país, a las fuerzas creadoras, en forma democrática y pluralista, posibilitando la expresión de todas las corrientes de opinión, pero asegurando la supremacía a la clase trabajadora, porque en esto consiste nuestra revolución anticapitalista: que el poder esté en manos de los trabajadores.

La representación parlamentaria debe ser actualizada de acuerdo con la real distribución de la población, y debe elegirse un diputado por cada setenta mil habitantes.

Las elecciones parlamentarias deben realizarse conjuntamente con la elección del Presidente de la República, cada seis años. El Presidente de la República, elegido por la autoridad de los ciudadanos, podrá disolver el Congreso una vez en su mandato, convocando a nuevas elecciones.

Debe ser institucionalizado el Consejo de Ministros que, presidido por el Presidente de la República, adoptará las resoluciones generales, en materia de orden económico, político, social y administrativo, coordinando la actividad de los Ministros. La administración del Estado debe constituir un todo, una totalidad orgánica.

Se trata de que el pueblo conozca y discuta. El Gobierno quiere promover la discusión clara del futuro político del país, para resolverlo que los trabajadores conscientemente decidan.

Si me he reunido esta tarde con ustedes, si he ampliado demasiado mis observaciones, es porque creo que un pueblo que ha alcanzado la etapa revolucionaria en la conciencia que tiene el pueblo chileno, debe comprender que es fundamental institucionalizar su Revolución.

Tenemos que establecer un Estado de derecho, el Estado de derecho del Gobierno del Pueblo. Cada hombre, cada mujer, cada joven y cada anciano de Chile deben entender que es su obligación profundizar en los aspectos que he planteado.

No se trata de entregarles fórmulas prefabricadas. Se trata de que ustedes mismos analicen, piensen y sientan la necesidad de darse la Carta Fundamental. Esa será la gran bandera, que levantaremos no sólo con un contenido electoral, sino como un proceso social para que esta Revolución que se expresa en el pueblo, en las calles, en la oficina, en la escuela y en el trabajo, esta Revolución que es mayoritaria, por la voluntad consciente de la inmensa mayoría de los chilenos, alcance los niveles institucionales que la hagan permanente e irreversible.

Compañeros y compañeras, ciudadanos de mi patria: en esta etapa de Chile necesitamos la conciencia de ustedes para afianzar la Revolución Chilena, hecha de acuerdo con nuestra historia y nuestra voluntad.

(*) Discurso ante los dirigentes de la Unidad Popular. Santiago, 5 de septiembre de 1972 (fragmentos).