Escrito por Salvador Allende
Una Constitución más democrática. (*)
No hay otra salida, como lo he dicho, que la campaña que
debemos dar en marzo de 1973. Pero no con un sentido corriente electoral, no
como una campaña electoral más. Tenemos que levantar una gran plataforma que
señale al pueblo la tarea que tiene que alcanzar. Tenemos que decirle que hay
que dictar una nueva Reforma, una nueva Reforma Agraria, una nueva Ley de
Reforma Educacional, un nuevo Código Tributario, un nuevo Código del Trabajo.
Debemos establecer la nueva seguridad social. Debemos, compañeros, hacer
posibles los derechos y los deberes de los trabajadores. Debemos afianzar la
presencia de los trabajadores definitivamente en el manejo de la cosa pública,
y junto a las iniciativas programáticas que no constituyen una plataforma
electoral, debemos dictar una nueva Constitución. Para ello debemos ganar la
principal batalla, obteniendo la primera victoria en la campaña electoral del
73, con el fin de conquistar la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no la
alcanzáramos, tendríamos siempre la perspectiva de una gran tarea por delante.
Esta tarea, el servicio de los trabajadores, no sólo debe preocupar a los que
militan en nuestras filas, sino que miles de trabajadores deben estar junto a
nosotros para que podamos establecer nuevas instituciones para que Chile camine
de acuerdo con su propia realidad económica y social.
El Chile de hoy no es el Chile de comienzos de siglo. El
Chile de hoy, 5 de setiembre de 1972, no es el Chile del 4 de noviembre o del 3
de noviembre de 1970.
Chile dictó la Constitución Pelucona el año 1833 y la
Constitución Liberal el año 1925. Va a cumplir 50 años el año 1975.
Tenemos que dictar una nueva Constitución, una Constitución
para esta nueva etapa que estamos viviendo, para este proceso revolucionario.
No podemos dictar una Constitución burguesa, ni una
Constitución socialista. Tenemos que dictar una Constitución que abra el camino
hacia el socialismo, que consagre derechos y que haga que los trabajadores
gobiernen este país.
Debemos entregar, entonces, las ideas fundamentales para que
sean discutidas, analizadas y conversadas en el sindicato, en las faenas, en
las industrias, en las escuelas, en los hospitales, en el taller y en el hogar.
Que no haya muchacho que no sepa leer ni escribir; que no
haya anciano, que no haya analfabeto, que no oiga explicar y leer las bases de
la Constitución que queremos.
Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde
arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la
Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y
soberano.
Quiero entregar esta tarde, como tarea al pueblo de Chile,
el estudio, la discusión y el análisis de las bases fundamentales de la nueva
Constitución que con el esfuerzo, el tesón y el empuje pondremos en marcha, una
vez que conquistemos el instrumento que nos permita hacerlo.
La solución de las dificultades presentes sólo pueden darla
los trabajadores, e impedir su propia concepción del orden social sobre el de
la burguesía.
Las instituciones políticas actuales están concebidas para
una sociedad capitalista que ya no existe en su contenido original.
Tampoco el socialismo es una realidad. El país se encuentra
en movimiento y necesita darse el régimen político más idóneo para organizar y
encauzar la vida nacional.
Un Estado como el chileno no puede funcionar indefinidamente
con la obstrucción sistemática irreconciliable contra el Gobierno por parte de
los otros poderes.
En forma sutil, pero real, el Congreso ha construido un
cerco de fuerzas alrededor del Gobierno, al rechazarle una tras otra
iniciativas fundamentales de orden social y económico. Una situación de
enfrentamiento de esta naturaleza es peligrosa y crea incertidumbre e
inquietud.
Deben por consiguiente resolverse para la izquierda, para el
Gobierno Popular, las soluciones que da la clase trabajadora. Para la mayoría
actual del Congreso, la solución es imponer los intereses de los capitalistas
por encima de los trabajadores. Por eso necesitamos redefinir totalmente la
Carta Fundamental que rige nuestra vida política, y para ello, tenemos que
alcanzar la victoria en la Cámara de Diputados.
En esta Carta Fundamental debemos encauzar dos aspectos
esenciales de la vida del pueblo.
Dar más libertades. Ampliar las libertades y derechos,
incorporando a la Carta Fundamental la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Garantizar el pluralismo social, político y
cultural. Asegurar a los grupos étnicos, autóctonos, el derecho a desarrollar
su personalidad cultural y el cultivo de su lengua materna. Reconocer a la Isla
de Pascua el derecho a tener un representante en el Congreso.
Establecemos para los trabajadores la estabilidad del empleo
y una remuneración mínima digna para él y su familia. La necesidad de superar
las diferencias entre el trabajo manual e intelectual, y entre la ciudad y el
campo.
Los trabajadores deberán dirigir las empresas. Se dará
reconocimiento constitucional a los sindicatos, como expresión orgánica de los
trabajadores, y de la CUT, como su expresión máxima.
Las prestaciones de seguridad social deben otorgarse en
consideración al estado de necesidad de los beneficiados.
Todas las personas tienen derecho, en igualdad de condiciones,
a idénticas prestaciones ante un mismo estado de necesidad. Hay que asegurar el
derecho a la educación desde la etapa preescolar y su carácter permanente.
Establecer los derechos fundamentales de la familia, reconocer la igualdad
plena del hombre y de la mujer. La protección especial de la madre soltera, la
investigación de la paternidad y la obligación del Estado de hacer efectivos
sus principios y deberes básicos.
Todo hombre tiene el deber de trabajar de acuerdo con su
propia capacidad y no puede reclamar beneficios de la sociedad si no rinde con
sus posibilidades corporales, intelectuales, o la creación, un resultado que
represente un aporte material, científico o cultural a la comunidad. El derecho
se otorga al que cumple con deberes, y el deber fundamental que establecerá
nuestra Constitución es el deber de trabajar por el progreso de Chile.
Hay que establecer el principio de que la economía del país
está al servicio del pueblo, delimitar claramente nuestra concepción de la
coexistencia necesaria de la economía social, en la industria, minería,
agricultura y servicios.
Reservar para el Estado todas las riquezas básicas del
suelo, del subsuelo, del fondo del mar dentro de 200 millas del mar
territorial. Institucionalizar el plan de desarrollo como instrumento superior
de la actividad económica y social, con participación fundamental de los
trabajadores. (Un plan democrático en su gestación, central en su formulación,
y descentralizado en su ejecución).
Organizar el sistema financiero y tributario al servicio del
Sistema Nacional de Planificación.
Fuerzas Armadas y de Orden. A los criterios vigentes
existentes destinados a defender la soberanía nacional y la integridad de la
frontera se agrega a su papel de las Fuerzas Armadas, relevante, en la
seguridad nacional, lo que implica su presencia activa en las industrias y
servicios estratégicos, en la planificación.
A los servicios de orden público, Carabineros e Investigaciones,
debe corresponder, junto a sus tareas específicas, una amplia labor social que
hoy cumplen, pero hay que especificar mayormente.
Tribunales de Justicia y Contraloría. Modernización y
democratización de la función judicial, ampliarlas facultades del Tribunal
Constitucional, crear los Tribunales de lo contencioso y administrativo.
Establecer la temporalidad de sus cargos de los Ministros de la Corte Suprema y
su duración al cumplir 65 años de edad. Democratizar el Tribunal Calificador de
Elecciones. Garantizar a todos los ciudadanos la atención jurídica. Modernizar
la Contraloría General de la República y establecer su interrelación con la
Superintendencia de Bancos, Sociedades Anónimas y Superintendencia de Previsión
Social.
Constitucionalidad y legalidad. El actual sistema
legislativo, confuso, contradictorio y anacrónico, debe ser reemplazado por
otro sencillo, claro, sistemático y adaptable a las actuales condiciones de la
vida social. La organización jurídica del Estado se basa en el respeto por
parte de las autoridades, funcionarios y ciudadanos, de las normas
constitucionales y legales. Las autoridades del Gobierno y los funcionarios son
responsables de los abusos que cometan y de las omisiones y lenidades en que
incurran.
Administración territorial. La administración y
planificación de Chile debe ser democrática y descentralizada. En cada
provincia debe organizarse una Junta Provincial encargada de promover el
desarrollo económico y social, integrada por representantes de los servicios del
Estado, de los municipios y de los cabildos vecinales. La región, los cabildos
vecinales, las comunas y municipios, las provincias, deben coordinar su
capacidad de trabajo dentro de la concepción más adecuada a las exigencias
económicas actuales de esa región. La administración de la región debe contar
con un Consejo Económico-regional encargado de proponer las orientaciones del
desarrollo económico-social y ejecutar las directivas del plan.
Al frente de cada región debe haber un viceministro regional
dependiente directamente del Presidente de la República, encargado de coordinar
y ejecutar los planes y programas de la región, hay que institucionalizar el
poder de los trabajadores. Día tras día estamos contemplando el esfuerzo de
nuestro pueblo por actuar organizadamente a través de instituciones nuevas,
desconocidas apenas unos meses atrás. Es así como en el centro de trabajo
agrícola, industrial o minero, de los lugares donde viven, las Asambleas de
Trabajadores, los Comités de Producción, la participación de los trabajadores
en la dirección, son hoy una realidad. El proceso de configurar debe
configurarse en las empresas e industrias del área social, en los
asentamientos, en los centros de Reforma Agraria, en los hospitales, en las
oficinas, por todas partes deben estar ustedes, y están siendo probadas,
ensayadas nuevas formas de organización popular.
En las comunas, el pueblo debe asumir directamente
responsabilidad de dirección central a través de las organizaciones
comunitarias y de las juntas de abastecimiento popular.
Este es el Chile de los trabajadores en movimiento. Es
nuestra tarea contribuir a que la energía creadora de los trabajadores, en la
búsqueda de una nueva organización que les asegure realmente el ejercicio del
poder, encuentre el cauce adecuado.
Debemos hacer que la Constitución reconozca el poder de los
trabajadores en las comunas, en los centros de trabajo, en el aparato del
Estado.
Comunas. Proponemos la creación, en cada comuna, de cabildos
vecinales que entreguen a los representantes de las organizaciones comunitarias
y de trabajadores los medios de atender directamente sus problemas locales en
colaboración con los servicios públicos.
En los centros de trabajo debe elevarse el nivel de
principios fundamental: que los trabajadores dirijan sus centros de trabajo de
acuerdo con la ley, en el aparato del Estado.
Las organizaciones representativas de los trabajadores deben
participar institucionalmente en la elaboración de la política económica del
Gobierno, particularmente en la formulación democrática del plan de desarrollo.
El Consejo de Desarrollo Económico Social debe ser
reconocido por la Constitución, pero no debemos limitamos a establecer la
simple participación de las organizaciones sindicales en la planificación
central, sectorial, regional, comunal y las empresas.
Los trabajadores deben conseguir ser ellos, la mayoría del
país, quienes tengan la palabra decisiva en todo lo que se refiere a la
economía del país.
Son los trabajadores, lar fuerza creadora de la economía,
quienes deben tener el predominio de la economía nacional. Cómo conseguir que
los trabajadores lleguen a dirigir la economía del país y controlar el poder
político. Esta es la cuestión fundamental, indispensable para que Chile
progrese resueltamente por el camino revolucionario que nuestra historia nos ha
trazado. Todos los trabajadores deben discutir y resolver esta cuestión
política fundamental. Los obreros, campesinos, técnicos, profesionales,
empleados, trabajadores independientes que viven sin explotar a nadie,
asentados, pequeños propietarios, comerciantes e industriales.
Aquí reside la fuerza de Chile, y esta fuerza debe dirigir,
desde el Estado mismo, la economía nacional en el Gobierno, mediante su
participación activa en la planificación, pero también en el Congreso.
Proponemos que se discuta y se analice la naturaleza del futuro Congreso.
Caben, a mi juicio, tres opiniones principales, a saber: mantener el Congreso
bicameral presente. Eso es poco aceptable y opino que no puede ser así. El
Congreso con una sola cámara, al igual que se propuso en noviembre último, es
una probabilidad. La tercera, sería junto a la Cámara de Diputados, elegida por
todos los ciudadanos del país, como la actual, todos los trabajadores deben
elegir en votación nacional, secreta y directa, la Cámara de Trabajadores.
El proceso revolucionario exige, en forma cada vez más
perentoria, que el poder del Estado responda realmente a la mayoría del país, a
las fuerzas creadoras, en forma democrática y pluralista, posibilitando la
expresión de todas las corrientes de opinión, pero asegurando la supremacía a
la clase trabajadora, porque en esto consiste nuestra revolución
anticapitalista: que el poder esté en manos de los trabajadores.
La representación parlamentaria debe ser actualizada de
acuerdo con la real distribución de la población, y debe elegirse un diputado
por cada setenta mil habitantes.
Las elecciones parlamentarias deben realizarse conjuntamente
con la elección del Presidente de la República, cada seis años. El Presidente
de la República, elegido por la autoridad de los ciudadanos, podrá disolver el
Congreso una vez en su mandato, convocando a nuevas elecciones.
Debe ser institucionalizado el Consejo de Ministros que,
presidido por el Presidente de la República, adoptará las resoluciones
generales, en materia de orden económico, político, social y administrativo,
coordinando la actividad de los Ministros. La administración del Estado debe
constituir un todo, una totalidad orgánica.
Se trata de que el pueblo conozca y discuta. El Gobierno
quiere promover la discusión clara del futuro político del país, para
resolverlo que los trabajadores conscientemente decidan.
Si me he reunido esta tarde con ustedes, si he ampliado
demasiado mis observaciones, es porque creo que un pueblo que ha alcanzado la
etapa revolucionaria en la conciencia que tiene el pueblo chileno, debe
comprender que es fundamental institucionalizar su Revolución.
Tenemos que establecer un Estado de derecho, el Estado de
derecho del Gobierno del Pueblo. Cada hombre, cada mujer, cada joven y cada
anciano de Chile deben entender que es su obligación profundizar en los
aspectos que he planteado.
No se trata de entregarles fórmulas prefabricadas. Se trata
de que ustedes mismos analicen, piensen y sientan la necesidad de darse la
Carta Fundamental. Esa será la gran bandera, que levantaremos no sólo con un
contenido electoral, sino como un proceso social para que esta Revolución que
se expresa en el pueblo, en las calles, en la oficina, en la escuela y en el
trabajo, esta Revolución que es mayoritaria, por la voluntad consciente de la
inmensa mayoría de los chilenos, alcance los niveles institucionales que la
hagan permanente e irreversible.
Compañeros y compañeras, ciudadanos de mi patria: en esta
etapa de Chile necesitamos la conciencia de ustedes para afianzar la Revolución
Chilena, hecha de acuerdo con nuestra historia y nuestra voluntad.
(*) Discurso ante los dirigentes de la Unidad Popular.
Santiago, 5 de septiembre de 1972 (fragmentos).
No obstante, ni Richard Helms, director de la CIA, ni mucho menos el jefe de la Fuerza de Tareas, David Atlee Phillips (quien fue captado como agente de la CIA en Chile, en 1954), oyeron la opinión de Flannery y Hecksher y el plan que habían iniciado, el Track II (es decir, la vía militar) se finiquitó con el innecesario crimen del general René Schneider, opereta absurda iniciada como un plagio y que el mismo hombre de la CIA en el down town santiaguino había previsto cómo terminaría: “El intento de secuestro quizá conduzca a un baño de sangre”, escribió varios días antes.
