Sr. Presidente:
La iniciativa de esta carta corresponde a mujeres que fuimos detenidas por los servicios secretos, torturadas y encarceladas, sin tener ningún acceso a la justicia chilena que debió haber velado por nuestros derechos, la mayoría somos también testigos de asesinatos y desaparición de muchas de las personas detenidas junto a nosotras.
Debido a que fuimos vulneradas en nuestros derechos más elementales y objeto de delitos de lesa humanidad, consideramos que debemos ser consultadas con respecto a las propuestas relativas a los indultos. A continuación entregamos nuestra opinión sobre los planteamientos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile.
Durante la dictadura militar en Chile, diferentes organismos represivos estatales cometieron delitos que, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, son considerados crímenes contra la humanidad. El Estado Chileno ha suscrito tratados internacionales que penalizan y declaran imprescriptibles estos delitos. La Comisión Rettig y la ComisiónValech precisaron algunos de ellos, entre los que se señalan el asesinato, la desaparición y la tortura.
Chile ha vivido por largo tiempo en la impunidad de esos crímenes, y fue la acción de la justicia internacional, con la detención de Augusto Pinochet en Londres, la que presionó a las autoridades políticas y judiciales chilenas a actuar, reabriendo causas que estaban cerradas en las cortes, acogiendo querellas que antes habían sido rechazadas o simplemente archivadas. La lentitud de los procesos se debe a que los civiles y militares responsables de estos delitos no han colaborado con la justicia, por el contrario, han boicoteado y ocultado la informacion que hubiese ayudado a aclarar el destino de la mayoría de las personas desaparecidas.
A fines de mayo del 2010 hay 322 causas activas por desapariciones, asesinatos, inhumación ilegal o asociación ilícita cometidas durante la dictadura, lo que equivale, aproximádamente, al 34% de los casos, pero sólo el 6% tienen sentencias confirmadas. El 60% de las personas desaparecidas y ejecutadas no tienen causas en curso. Esta información es en relación a las más de 3100 personas reconocidas por la Comisión Rettig. Se puede afirmar que la responsabilidad de muchas de las ejecuciones y montajes para ocultar esos hechos no ha sido establecida.
Sobre los casos reconocidos por la Comisión Valech (cerca de 30 mil hasta este momento), los juicios por tortura prácticamente no han empezado, en otras palabras los militares y civiles responsables de este delito no han respondido frente al Estado por sus crímenes
De 782 ex agentes procesados hay 210 que tienen sentencias ratificadas por la Corte Suprema. 145 de ellos han recibido algún tipo de beneficio como reducción de pena o libertad vigilada. En este momento hay sólo 64 recluidos cumpliendo condenas y cerca de 47 están en Punta PeucoAnte la solicitud de clemencia solicitada por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal a los violadores de DDHH señalamos que:
a) Por las características de los delitos y en razón de los diferentes tratados suscritos por Chile, que representan los avances de la comunidad internacional para protegerse de las leyes locales dictadas por gobiernos, que intentan dejar impune la violencia política ejercida contra los miembros de sus sociedades, el indulto a violadores de DDHH es una propuesta injustificable
b) Los militares encarcelados gozan de beneficios especiales, y no sufren problemas de hacinamiento, que es la preocupación que señala el Episcopado.
c) Los criminales de lesa humanidad niegan información del destino de los detenidos y detenidas desaparecidas, sometiendo a la comunidad al trauma permanente que implica el desconocimiento sobre las condiciones de desaparición de sus seres queridos. Los responsables de estos crímenes siguen actuando por medio del ocultamiento de la información.
d) Son un peligro para la sociedad, puesto que perpetúan sus delitos al continuar obstaculizando a la justicia en forma sistemática, impidiendo determinar las responsabiliades en la ejecución de delitos, desafiando a las instituciones democráticas y debilitando la confianza de de la ciudadanía.
e) La aplicación del indulto a los violadores de DDHH sería en la práctica aplicar bajo cuerda la amnistía a crímenes contra la humanidad . Nadie debe volver a estar por encima de la legislacion internacional que el Estado Chileno ha ratificado.
f) La aplicación del indulto sería un retroceso de los logros democráticos y una expresión de autoritarismo, así como un golpe desleal al esfuerzo realizado por las asociaciones de familiares, por los sobrevivientes y por el conjunto de la sociedad civil dentro y fuera de Chile, en que las denuncias y reclamaciones de esclarecimientos de estos crímenes han sido el único medio para recuperar las bases de justicia en que nuestra sociedad merece vivir.
Por estas razones rechazamos la solicitud de indulto para los criminales de DDHH presentada por el Episcopado. Ante nuestros ojos esta entidad eclesiástica se ha deslegitimado al transformarse en portavoz de la impunidad que tanto daño hace a la convivencia democrática del país.
Lamentamos que a la “mesa para todos” propuesta por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, se hayan incorporado a los violadores de los DDHH pero se dejó afuera a los presos políticos mapuche, quienes han iniciado una huelga de hambre para reivindicar los derechos, que las autoridades de la Iglesia Católica y el Estado Chileno han olvidado en este Bicentenario.
Si adhieres a esta carta, escribe un correo a :
noalindulto@yahoo.com
Escribe tu nombre y el país donde resides actualmnete. Por favor especifica si fuiste prisionera.
Haz circular esta carta entre tus contactos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario