| La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se tomó esta mañana las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Una decena de personas protestaron dentro y fuera de las dependencias gubernamentales manifestando su descontento por promesas incumplidas y sobre todo por la libertad que en el último tiempo han conseguido militares (R) condenados por violaciones a los derechos humanos. Alicia Lira, presidenta de la AFEP, aseguró que no se retirarán del lugar hasta que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, los reciba y les explique porqué en cinco meses no han recibido respuestas a sus requerimientos. "Resolvimos como asamblea realizar la toma de esta dependencias en repudio a la forma en que el Gobierno ha sido indiferentes con nosotros los familiares de las víctimas de la dictadura, mientras que a los victimarios les siguen dando beneficios y los están liberando. No saldremos de acá hasta que el señor Hinzpeter nos reciba", señaló la dirigenta. Alicia Lira, agregó que “el objetivo de la toma del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior es presionar para que el Ministro cumpla con los compromisos que nos hizo”. “Dijo que nos iba a dar respuesta a comienzos de diciembre del año pasado y hasta la fecha no nos ha recibido ni contestado. Por eso nos tomamos el programa”, explicó en alusión a las tratativas sostenidas incluso con el Ministro Rodrigo Hinzpeter. Apuntó que “las autoridades no nos dejan otra alternativa, ya que el discurso sobre derechos humanos del Presidente Sebastián Piñera no tiene relación con sus actos. Él no escucha a las víctimas de esos crímenes, sino únicamente a los victimarios”. Entre los principales puntos del petitorio está la modificación de la ley que les impida a los jueces aplicar en causas de violaciones a los derechos humanos la prescripción o media prescripción, que finalmente redunda en la absolución o rebaja de condenas de los sentenciados. La dirigenta de la AFEP dijo que sienten que están recibiendo un trato vejatorio por parte de las autoridades del Gobierno y que van a exigirles que cumplan con sus compromisos, pues es una obligación moral y ética del Estado buscar mecanismos para hacer justicia. Lira hizo hincapié en que durante un año el Programa de Derechos Humanos ha presentado sólo 17 querellas por ejecutados políticos y no se ha hecho parte de las más de 700 que la AFEP ha presentado a la justicia. |
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