miércoles, 28 de abril de 2010

Directorio del Instituto de Derechos Humanos denuncia que el organismo se quedó en el papel

El abogado Roberto Garretón, director de la institución, aseguró que todavía no se cursan los decretos, ni la toma de razón de la Contraloría, ni la publicación en el Diario Oficial de las designaciones de los consejeros, lo que en la práctica significa que ni siquiera cuentan con una sala y sólo se reúnen como un grupo de amigos en las dependencias de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.


Por Raúl Martínez, Lunes 26 de Abril 2010

Luego de una larga tramitación, el Congreso aprobó el año pasado el Instituto de Derechos Humanos impulsado por Michelle Bachelet. El avance fue ampliamente difundido por el gobierno de ese momento por constituir un paso adelante en las políticas que se aplicarían en el futuro en esta materia.

Sin embargo, hasta ahora el organismo no es una realidad debido a que todavía no se cursan los decretos correspondientes, ni la toma de razón de la Contraloría, como tampoco la publicación en el Diario Oficial de las designaciones de sus consejeros, como explicó quien se supone es el director del Instituto, el abogado Roberto Garretón.

“Lo que está pasando es nada. Hay una persona que ha dictado el decreto y se ha tomado razón y los demás estamos esperando que tengan a bien dictar un decreto supremo que transforme la voluntad del órgano que nos nombró en un acto ejecutable, sujeto a toma de razón de la Contraloría que nos den una pieza, un par de sillas, un computador y no pasa nada”, indicó el abogado.

Hasta ahora la única persona que es oficialmente consejera del Instituto de Derechos Humanos es María Luisa Sepúlveda, amiga de la ex Mandataria y ex asesora presidencial para estos mismos temas, quien fue además la encargada de impulsar la aprobación en el Parlamento de la nueva instancia.

Mientras, los demás miembros designados por el Congreso y organismos de derechos humanos esperan recibir el nombramiento oficial, lo que es una clara demostración del desorden y desinterés por parte del Estado, afirmó Mireya García, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entidad crítica de la nueva institucionalidad.

“Ya que ella (Michelle Bachelet) tenía tanta confianza en este instituto debió haberlo dejado funcionando con facultades, recursos, institucionalidad. Eso no se hizo, se dilató mucho en el tiempo porque el proyecto tuvo muchos retrocesos y ahora llegamos a esta situación en que la derecha claramente puede obviar el funcionamiento del instituto y puede dejarlo en un estado en que aparentemente existe porque hay una ley, pero que en definitiva no tiene ni los recursos, ni la institucionalidad, ni la legitimidad necesaria para funcionar”, afirmó la dirigenta.

Incluso se registra el caso de Gonzalo Muñoz, ex dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien fue designado también por Bachelet para integrar el consejo del Instituto de Derechos Humanos y fue confirmado por el decreto respectivo. Pero poco después la norma fue revocada y fue sacado de la entidad, la que hoy no cuenta ni siquiera con una sala y sólo se reúne como un grupo de amigos en las dependencias de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en el centro de Santiago.

http://radio. uchile.cl/ noticias/ 65370

martes, 27 de abril de 2010

Diego Hernández, Juan Pablo Dávila y CODELCO

A simple vista no existe ninguna similitud entre Codelco, el señor Diego Hernández, su flamante nuevo Presidente Ejecutivo, y Juan Pablo Dávila, el otrora famoso operador de Codelco en los mercados de futuro. El hecho que uno haya pertenecido a Codelco y el otro recién se va a incorporar como su Presidente Ejecutivo, es la primera semejanza entre ambos personajes.

Pero existe otra semejanza y que tiene que ver con muy cuantiosas pérdidas en los mercados de futuro del cobre. A fines de 1993 y comienzos de 1994, Juan Pablo Dávila hizo perder a Codelco alrededor de 170 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre, lo que representaba alrededor del 8 % de las ventas de la Corporación. El mismo año 1994, Minera Manto Blancos S.A. también perdió el 8 % de sus ventas en los mercados de futuro, y en 1995 llegó a perder 49 millones de dólares en los mercados de futuro, pérdida que representaba el 25 % de sus ingresos totales por ventas, que ese año fueron de 198 millones de dólares. Proporcionalmente era una pérdida 3 veces superior a las de Codelco. El Presidente de Mantos Blancos S.A. y por tanto, con algún importante grado de responsabilidad en esas considerables pérdidas en los mercados de futuro, era el Sr. Diego Hernández. Esta es la desconocida semejanza entre los señores Diego Hernández y Juan Pablo Dávila: ambos estuvieron vinculados con la pérdida de decenas de millones de dólares a las empresas para las cuales prestaban servicios.

Así como hay semejanzas existen diferencias muy importantes entre estos personajes. Juan Pablo Dávila fue despedido de Codelco el mismo año 1994, y posteriormente fue encarcelado por su responsabilidad en estas pérdidas. Contrariamente a lo que ocurrió con J.P. Dávila, el Sr. Diego Hernández nunca fue encarcelado por su eventual responsabilidad en estas pérdidas, por el contrario, gracias o a pesar de ellas, prosiguió una brillante carrera que lo llevó a ser designado este 20 de abril, como Presidente Ejecutivo de Codelco. Juan Pablo Dávila se debe estar preguntando: ¿Por qué yo no tuve la misma suerte, si también logré hacer perder a mi empresa decenas de millones de dólares?

Quizás esta diferente suerte entre estos personajes dependa del tratamiento mediático o publicitario que tuvieron ambas pérdidas. En esa época las cadenas de El Mercurio, La Tercera y otros medios influenciados por el lobby del cobre, iniciaron una fantástica campaña para privatizar Codelco, teniendo como argumento principal, que si Codelco hubiera estado en manos privadas estas pérdidas no se habrían producido, porque habría existido mayor implicancia y control por parte de sus accionistas, el directorio y por la Superintendencia de Valores y Seguros. Sin embargo, esta misma prensa no dijo absolutamente nada, hasta el día de hoy, que Minera Mantos Blancos (hoy Anglo American Norte) había perdido proporcionalmente 3 veces más que Codelco en esos mismos mercados de futuro y en esa misma época.

El directorio y los accionistas de Minera Mantos Blancos S.A., no despidieron al Sr. Diego Hernández, por tales pérdidas, ni a ningún directivo de la empresa. Por el contrario, el Sr. Diego Hernández, fue premiado, porque en 1996 fue ascendido a Presidente de Minera Collahuasi, una empresa de mayor envergadura. Posteriormente, sus pares de las empresas mineras, lo eligieran Presidente del Consejo Minero, y desde el 2004, ha sido el máximo ejecutivo BHP Billiton en América Latina, y ahora, la guinda de la torta, es designado Presidente Ejecutivo de Codelco.

Los lectores de estas líneas pueden encontrar sorprendente que alguien que estuvo vinculado a tantas pérdidas pueda tener tan meteórica carrera. Vamos a tratar de explicar las razones. Minera Mantos Blancos que ya existía al momento de la nacionalización de 1971, tuvo utilidades operacionales de 48 millones de dólares en 1995, por lo cual sus dueños habrían tenido que pagar 24,5 millones de dólares de impuesto a la renta, pero como a último minuto se logró tener pérdidas por 49 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre, la empresa quedó con pérdidas tributarias y no pagó un solo peso de impuesto al Fisco chileno. Y para que el negocio sea redondo, quien ganó lo que Mantos Blancos perdió, es evidentemente una empresa relacionada del mismo grupo que Mantos Blancos, y así las ganancias quedan en el grupo, pero en el extranjero, y de esa manera se evita de pagar impuesto a la renta en Chile. Es decir, dichas pérdidas son ganancias pero afuera, en un paraíso tributario donde no pagan impuestos, y en Chile tampoco pagan porque aquí quedan las pérdidas. A Juan Pablo Dávila lo metieron preso por este tipo de pérdidas, mientras que el Sr. Diego Hernández fue ascendido por la excelencia de su gestión de estas pérdidas.

Este tipo de pérdidas es tan fraudulento, que hace más de 30 años el mismísimo FMI recomienda a los países subdesarrollados, que legislen para declarar este tipo de pérdidas como “gasto no necesario para producir la renta”, pero los patriotas gobernantes que hemos tenido, jamás han siquiera discurrido sobre esta posibilidad, y menos aún lo va a ser el actual Ministro de Hacienda.

El Sr. Diego Hernández tiene obsesión por las pérdidas, porque todo el tiempo que el dirigió Minera Collahuasi, de 1996 al 2001, esta empresa nunca declaró un solo peso de utilidades y nunca pagó un peso de impuesto a la renta, porque siempre se declararon pérdidas. Y el ahora llega a dirigir la principal empresa chilena, que según su actual Presidente Ejecutivo, entre 2006 y 2009 obtuvo utilidades por 26.700 millones de dólares. El Sr. Diego Hernández siempre ha estado al servicio de las grandes transnacionales mineras, que al parecer lo contratan para generar pérdidas. Ahora el asume la presidencia ejecutiva de Codelco, y comienza con pérdidas, porque su remuneración en Codelco no es ni la mitad de la que tenía en BHP Billiton. ¿Se sacrifica por Chile?. Tiemblo de solo pensar en la misión que las transnacionales mineras le han encargado cumplir en Codelco. ¿Habrá llegado el tiempo de las pérdidas para Codelco? .

Julián Alcayaga
Economista

www.defensadelcobre.cl

lunes, 26 de abril de 2010

ONG acusó a policías de hostigar constantemente a niños mapuches

11:36 |
Corporación Liberar presentó un recurso de protección en beneficio de los menores.
Acusan que los policías los retienen para preguntarles sobre algunos fugitivos.
Cooperativa.cl

Imagen

La organización "Liberar", a través de su abogada Karina Riquelme, presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección en beneficio de todos los menores de edad de la comunidad "Mateo Ñiripil", en la comuna de Lautaro, del sector Muco Bajo, que estarían siendo acosados por funcionarios de Carabineros y de la PDI.

La abogada indicó en su escrito que los uniformados van a las escuelas del sector o simplemente les salen al paso, los detienen y luego les hacen consultas sobre personas involucradas en causas que está investigando el Ministerio Público, asociadas al conflicto mapuche o bien de sujetos que están en la clandestinidad y tienen órdenes de detención pendientes.

La profesional señaló también que en Collipulli una menor fue sacada a las siete de la mañana desde el internado donde permanecía para ser presentada en el tribunal de garantía porque era requerida por el Ministerio Público tras, presumiblemente, participar de una protesta y quebrar los vidrios de una comisaría del lugar.

Riquelme indicó que esperan que el día lunes la Corte de Apelaciones de Temuco se pronuncie y declare admisible este recurso para evitar que los niños sigan siendo hostigados por parte de la policía.

http://www.cooperativa.cl/ong-acuso-a-policias-de-hostigar-constantemente-a-ninos-mapuches/prontus_nots/2010-04-24/114154.html#

domingo, 25 de abril de 2010

Senador Muñoz (PS) reitera inquietud por instalación de salmoneras en Magallanes

Llamó a concluir zonificación en forma seria y participativa y exigió transparencia

y rigurosidad en otorgamiento de nuevas concesiones

El Senador Pedro Muñoz (PS) reiteró su preocupación por la eventual instalación masiva de empresas salmoneras en Magallanes y el impacto que ello tendría para la pesca artesanal, el turismo y la preservación de los recursos naturales de la zona.

El legislador lideró una tenaz oposición en la tramitación de las recientes modificaciones a la ley de pesca en la Cámara Alta , con el objeto de evitar los abusos en el ámbito laboral y limitar las zonas donde pudieran asentarse estas instalaciones, asegurando una adecuada protección sanitaria y minimizando los posibles daños al patrimonio regional.

“Tenemos la firme convicción que la llegada en gran escala de la acuicultura, sin suficientes resguardos, sería muy dañina para el plan de desarrollo que Magallanes se ha trazado y siembra incertidumbre sobre el futuro del turismo, la pesca artesanal y la conservación de recursos naturales” – afirmó – recordando la experiencia de las regiones de Los Lagos y Aysén con la aparición del virus ISA, la contaminación del fondo marino, el escape de especies y el deterioro estético ocasionado por las jaulas, pontones y construcciones en el borde costero.

Por ello, junto a otros legisladores y con el apoyo de organizaciones sindicales, ambientales y gremiales, presentamos muchas indicaciones, tendientes a frenar la instalación de salmoneras y a mantener bajo estricta fiscalización sus procedimientos, muchas de las cuales prosperaron y mejoraron el contenido del proyecto.

Sin embargo, el parlamentario fue enfático para señalar que todo ello no es suficiente y que existe enorme inquietud por los procedimientos que deberán seguir el Sernapesca y la Subsecretaría de Defensa en la evaluación de las solicitudes y aprobación de nuevas concesiones.

Existen más de 1.200 solicitudes pendientes, las que deben ser resueltas una vez que termine la zonificación. “Hubo un proceso el 2008 y algunas reuniones el 2009, pero nos gustaría saber sus conclusiones y si ellas serán recogidas en la regulación territorial.” – enfatizó.

Por esto, a mediados de Marzo oficié al Sr. Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea con el objeto nos informara acerca de los lineamientos y criterios del nuevo Gobierno para enfrentar la culminación del proceso de zonificación del borde costero de la XII Región y la protección de los recursos naturales y turísticos de la zona, atendido el alto número de solicitudes de concesiones de acuicultura existentes (más de 1200), del cual no he tenido respuesta.

El Senador expresó que se trata de un tema muy preocupante, por cuanto puede alterar gravemente las actividades tradicionales de la zona, como el turismo y la pesca artesanal, por lo que exigió de las autoridades la máxima transparencia y rigurosidad en la entrega de autorizaciones, recalcando que el apuro de las empresas por relocalizarse no puede llevar a acciones improvisadas y arbitrarias.

martes, 20 de abril de 2010

La Fiscalía chilena rechaza un exhorto de Garzón para indagar a la familia Pinochet

Fecha de hoy: Martes 20 de abril del 2010
 
La Voz de Galicia.es

Chile

Autor:
Efe
Fecha
20/4/2010
La fiscala del Tribunal Supremo chileno, Mónica Maldonado, rechazó ayer un exhorto enviado por el juez español Baltasar Garzón para indagar un supuesto blanqueo de capitales por parte de familiares y colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La rogatoria de Garzón, recibida en Santiago en febrero pasado, se enmarca en un juicio que instruye en España, iniciado en el 2005 por la Fundación Presidente Salvador Allende tras el descubrimiento de cuentas secretas a nombre del gobernante de facto en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.
La demanda original, suscrita en nombre de la citada fundación por Víctor Manuel Araya, estaba dirigida contra Augusto Pinochet, fallecido en diciembre del 2006, su esposa, Lucía Hiriart, y su albacea, Óscar Aitken.
El rechazo de la fiscala se fundamenta en que los delitos a que se refiere el exhorto, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, están siendo investigados en Chile, según señaló el 23 de marzo el juez Manuel Valderrama, a cargo del juicio sobre el origen de la fortuna de Pinochet.

sábado, 17 de abril de 2010

INVITACION ACTO CONMEMORACION ANIVERSARIO PS 19-04-2010

VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE LA MUJER
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

                            




I N V I T A C I Ó N

Mariana Arellano Espinoza, Vicepresidenta Nacional de la Mujer del Partido Socialista de Chile, tiene el agrado de invitar a usted a un acto en conmemoración en el marco del Aniversario del Partido Socialista, la cual rendirá un homenaje a las compañeras Carolina Wiff y Michelle Peña.

Nuestra celebración se realizará el día lunes 19 de abril a las 18:30 horas, en la sede del partido, Paris 873 Santiago.

En dicha actividad se servirá un vino de honor.

Esperando contar con tu asistencia.


Santiago, 15 de abril de 2010

miércoles, 14 de abril de 2010

DECLARACIÓN PUBLICA DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ GARZON DE LA SENADORA ISABEL ALLENDE

La senadora Isabel Allende solidariza con las recientes acusaciones contra el Juez Baltasar Garzón y valora su labor en defensa de los derechos humanos en el mundo, y específicamente por el juicio iniciado contra Pinochet.
 
Ante las recientes acusaciones de prevaricación contra el destacado Juez Baltasar Garzón, queremos expresar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a quien ha sido un baluarte en la búsqueda de justicia y de respeto de los derechos humanos alrededor del mundo.
El Juez Garzón fue quien primeramente se atrevió a juzgar al ex Dictador Augusto Pinochet, mientras se paseaba por el mundo rodeado del manto de la impunidad y con ínfulas de salvador de la patria. Su juicio dio la vuelta al mundo y sentó un precedente que los dictadores que violan los derechos humanos no estarán tranquilos en ninguna parte del mundo. Para nosotros los chilenos, significó romper el cerco de impunidad que rodeaba al Dictador, y tras el gesto de valentía del Juez Garzón, los tribunales chilenos se atrevieron a mucho más en la condena a los violadores a los derechos humanos. Los demócratas chilenos estaremos toda la vida agradecidos de Baltazar Garzón y su búsqueda de justicia.
Y como el propio Juez Garzón demostró en otros juicios hechos a personeros de izquierda, como su investigación sobre los GAL y las torturas a presuntos miembros del ETA, el respeto a los derechos humanos no tiene color político.
Ahora, el juez Garzón ha sido procesado por intentar develar las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil Española. Si bien no nos corresponde opinar sobre las decisiones del Poder Judicial español, compartimos con Baltazar Garzón y creemos que la reconciliación y la paz social es verdadera solamente cuando hay justicia.
Desde Chile queremos decirle al Juez Garzón: muchas gracias por su constante lucha por la verdad y el respeto a los derechos humanos, y sienta en este momento difícil el cariño y el agradecimiento eterno de muchos chilenos.

ISABEL ALLENDE BUSSI
SENADORA
REPUBLICA DE CHILE

Santiago de Chile, 14 abril de 2010

martes, 13 de abril de 2010

Deploramos negativa de solicitud de nuestra sede para velar los compañeros Gap.

Cos/as Miembros del Tribunal Supremo del Partido.
Ca. Presidente Mª Cristina Jiménez P.:

De mi consideración:

Informados por medios públicos y por participantes del funeral de los compañeros Gap: Oscar Lagos Ríos, Juan Vargas Contreras y Julio Moreno Pulgar que a petición de camaradas de la sede de nuestro partido para proceder al velorio, este habría sido negado o no respondido, por lo que se realizó en otro local.

Debo recordarle que los compañeros acudieron en comisión de servicios solicitado por el Partido en la época, para contribuir al dispositivo de seguridad del compañero Presidente, cumplimiento de su labor que les costó en definitiva la vida en defensa de los intereses de los trabajadores chilenos y su pueblo.

Que los Socialistas Como Allende rendimos nuestro emocionado homenaje a quiénes entregaron su vida por los valores socialistas, al igual que muchos otros camaradas, que nos hace sentir orgullosos del ejemplo brindado por éstos compañeros a los que hoy se les niega un justificado homenaje.

Solicitamos por su intermedio se realice una investigación para que se determinen los responsables de tan deleznable actitud, se pidan disculpas públicas  a la familia de los caídos y que quede de manifiesto que no todos los socialistas sufrimos de amnesia respecto de honrar a nuestros mártires y caídos, sobre todos de aquéllos que cayeron combatiendo.



                                                                 SERGIO SALAZAR S.
                                               COMITÉ CENTRAL PARTIDO SOCIALISTA.

viernes, 9 de abril de 2010

Bancada de Diputados Socialistas entregan respaldo Magistrado Baltasar Garzón

DECLARACIÓN PÚBLICA 

En relación a la apertura de un juicio de suspensión contra el juez Baltasar Garzón en España, la Bancada de Diputados del Partido Socialista desea manifestar a la opinión pública:

-          Su irrestricto respaldo y solidaridad con quien ha velado de manera inagotable y ejemplar por el respeto de los Derechos Humanos incluso más allá de las fronteras de su propia nación.

-          Estamos convencidos del respeto y afecto que el juez Garzón se ha ganado entre la gran mayoría de los chilenos, que recibimos con regocijo y alivio las investigaciones lideradas por el magistrado para juzgar al dictador Augusto Pinochet por los crímenes de lesa humanidad practicados durante 17 años de gobierno de facto en Chile.

-        Es por ello que repudiamos de la forma más categórica el hostigamiento del que está siendo víctima el juez Garzón en su país.

-        Resulta insólito que el mundo deba presenciar esta cruel paradoja, en que un grupo de personajes de dudosa calidad moral, reconocidos en su país por su férrea defensa de los más terribles horrores del franquismo, emprendan un juicio para perseguir a quien tanto ha dado a las víctimas de los derechos humanos.

-        Llamamos a todos los socialistas y demócratas de Chile a sumarse a este repudio, de manera de garantizar que esta farsa judicial quede en los anales de los episodios más vergonzosos de la historia reciente. La humanidad debe dar lecciones claras y sin dobleces de la supremacía total del respeto de los derechos humanos y que seguiremos castigando y persiguiendo a los verdaderos verdugos, para proteger a las verdaderas víctimas que sin personas como Baltasar Garzón seguirían sin encontrar justicia.


Diputados PS

ESTE VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010 A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS EN VALENTIN LETELIER Nº 18 SANTIAGO CENTRO SE REALIZARÁ EL VELATORIO DE LOS COMPAÑEROS OSCAR LAGOS RIOS , JUAN VARGAS CONTRERAS, JULIO MORENO PULGAR.

OSCAR REINALDO LAGOS RIOS

Rut                   :            6.490.796-4 de Santiago.
F.Nacim.            :            16-08-52, 21 años de edad a la fecha de su detención
Domicilio            :            Dos Norte 0190, Villa Las Dalias, La Granja, Santiago
E.Civil              :            Soltero
Actividad            :            Obrero y chofer
C.Repres.            :            Miembro de la Guardia Presidencial, GAP. Militante de la Juventud del Partido Socialista
F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973
 
                                                                   
 
SITUACION REPRESIVA
            Oscar Reinaldo Lagos Ríos, 21 años de edad a la ocurrencia de los hechos, chofer, militante del Partido Socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido.
            Oscar Lagos era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de Amigos Personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República.
            El 8 y 9 de septiembre, Oscar Lagos permaneció con su familia y el lunes 10 se incorporó a su servicio de guardia y fue uno de los escoltas que acompañó al Presidente Salvador Allende a La Moneda.
            El 11 de septiembre, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.
            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.
            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacados desde dicho centro asistencial, por efectivos Militares, permaneciendo desde entonces en calidad de detenidos desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por Carabineros. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron ejecutados posteriormente, en tanto que los otros permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.
            Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda la mencionada unidad militar estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.
            Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado Regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.
            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.
            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró salir con vida y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.
            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.
            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.
            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18:00 horas del11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.
            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en un camión militar.
            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.
            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relató que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27.
            Sin embargo, esta matanza de prisioneros, que se habían rendido y que estaban desarmados y maniatados, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellas, Oscar Reinaldo Lagos Ríos, siguen desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.
 
 
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
            El 29 de marzo de 1974 se presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago que ingresó con el rol N°284-74 por 131 personas que estaban desaparecidas. El recurso fue rechazado el 28 de noviembre de 1974 ante los informes negativos de las autoridades de la época respecto del afectado y de la gran mayoría de los detenidos. Se ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. Se apeló de esta resolución y, en segunda instancia ante la Corte Suprema, esta confirmó el fallo del tribunal el 31 de enero de 1975 recomendando la designación de un Ministro en Visita.
            Se designó como Ministro en Visita el Sr. Enrique Zurita, quien se constituyó en el Primer Juzgado del Crimen iniciando la causa rol 106.657.
            El 29 de septiembre de 1975 el Ministro en Visita se declaró incompetente por considerar la intervención en los hechos de personal militar y/o de carabineros.
            El 1° de julio de 1976 el Segundo Juzgado Militar de Santiago aceptó la competencia para seguir conociendo el proceso y ordenó instruir sumario en la Tercera Fiscalía Militar de Santiago según causa rol 1.382-76.
            Un mes y algunos días después, el Fiscal declaró cerrado el sumario y al día siguiente, el 10 de agosto de 1976, dictaminó pidiendo el sobreseimiento temporal, el que fue aprobado por el Juez Militar.
            El 2 de febrero de 1990, el Segundo Juzgado Militar sobreseyó total y definitivamente la causa rol 1.382-76, en virtud de las disposiciones del Decreto Ley 2191 de 1978 que establece la amnistía para las personas que hayan incurrido en determinados hechos delictuosos durante el lapso comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
            El abogado de las partes afectadas presentó un recurso de apelación a dicho sobreseimiento, argumentando que esta resolución es improcedente, agraviante y abusiva porque paraliza para siempre la búsqueda de la verdad de los hechos, amnistía a personas desconocidas y deja en la impunidad los hechos denunciados.
            El 22 de febrero de 1990 este tribunal concedió el recurso de apelación y resolvió elevar este recurso a la Corte Marcial.
            El 27 de julio de 1990, la familia del afectado presentó ante el 5to. Juzgado del Crimen de Santiago una denuncia por presunta desgracia en la persona de Oscar Lagos y solicitó una serie de gestiones ante las autoridades. Además se solicitó que se considere una crónica del diario El Popular de fecha 1° de junio de 1990. Esta causa ingresó con el rol N°126465-6.
            En dicha crónica aparece un testimonio del ex conscripto del Regimiento Tacna, Manuel Carrillo, que señaló que Oscar Lagos Ríos estaba herido y agonizó durante dos días en el Regimiento Tacna. A fines de 1992 la mencionada causa se encontraba en tramitación en estado de sumario.
            Inmediatamente después de la detención y desaparición del afectado, la familia realizó consultas y trámites en el Regimiento Tacna, Escuela de Suboficiales, Campo militar de Chena, los campos de prisioneros del Estadio Nacional y del Estadio Chile, Cárcel Pública, Penitenciaría, Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Fábrica de Armamento y Maestranza del Ejército (FAMAE), la Cruz Roja Internacional, Ministerio de Defensa y Policía de Investigaciones.
            La madre del afectado fue al Regimiento Tacna, allí le dijeron que estaba en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional aceptaron tres paquetes con ropas y alimentos para el detenido, pero después le dijeron que estaba en la Penitenciaría, al concurrir a dicho recinto le informaron que su hijo no se encontraba en ese lugar. Todas estas gestiones no tuvieron resultados positivos en orden a dar con el paradero del afectado, aunque en varias oportunidades la familia recibió noticias de que Oscar Lagos estaba en uno y otro lugar detenido.
            Los antecedentes antropomórficos de Oscar Lagos Ríos fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.
La madre de Oscar Lagos, en varias oportunidades, fue amenazada de muerte por su incansable búsqueda y falleció, al igual que el padre sin antes saber del destino de su hijo.
 

Actualidad:

Primera Linea 4 de Abril 2002Corresponden a detenidos desaparecidos de La Moneda
La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos
Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

 

JUAN ALEJANDRO VARGAS CONTRERAS

Rut                   :            Sin información
F.Nacim.            :            31-01-50, 23 años de edad a la fecha de su detención
Domicilio            :            Bombach N°2, Tomé, Concepción
E.Civil              :            Soltero, 1 hijo
Actividad            :            Egresado de Escuela Industrial
C.Repres.            :            Miembro de la Guardia Presidencial, GAP. Militante del Partido Socialista
F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973
 
                                                                   
 
SITUACION REPRESIVA
            Alejandro Vargas Contreras, padre de un hijo, militante del Partido Socialista, era miembro de la Guardia Presidencial, GAP, de Salvador Allende y en el cumplimiento de sus funciones cayó prisionero el 11 de septiembre de 1973. Fue conducido al Regimiento Tacna, donde permaneció hasta el 13 de septiembre del mismo año. Ese día, junto con otros prisioneros fue sacado del Regimiento en un camión militar y conducido a un destino desconocido. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.
            Alejandro Vargas Contreras residía en la Casa Presidencial de Tomás Moro, donde cumplía sus funciones de miembro de la Guardia Presidencial, más conocidos por el calificativo dado por la prensa de la época de GAP -grupo de amigos personales- aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República. Era originario de Tomé y periódicamente viajaba a esa ciudad, donde residían sus padres, en cuya casa también vivía Merari Agurto, con quien tenía una hija nacida el 5 de septiembre de 1973, a la cual no alcanzó a conocer. Alejandro Vargas tenía planeado ir a su hogar el 11 de septiembre.
            Ese día, muy temprano en la mañana, junto con los otros miembros de la Guardia Presidencial se dirigió a La Moneda, acompañando al Presidente de la República. Allí permanecieron mientras se producía el ataque de las fuerzas de Infantería y tanques al mando del General Javier Palacios, a las que se sumaron más tarde efectivos de Carabineros, hasta que a las 11:00 horas aproximadamente, comenzó el bombardeo de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.
            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por la puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda, allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.
            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera, fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estos heridos fueron detenidos y desaparecieron. Otros miembros del GAP que no alcanzaron a entrar en La Moneda y que fueron detenidos en sus proximidades fueron Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Barría, Domingo Blanco Tarrés y Carlos Cruz Zavala, entre otros.
            Varias personas murieron en el asedio a La Moneda o fueron ejecutadas una vez que se habían entregado como prisioneros.
            Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos a en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda. Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Permanentemente, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con demás prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.
            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, asesor presidencial y Arsenio Poupin Ossiel, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.
            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido. Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.
            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.
            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.
            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su carácter de enfermera. A las 18:00 horas de 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.
            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar.
            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.
            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluídos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas para destrozar los cuerpos y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado también declara que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27. Este soldado agrega que el segundo día de su permanencia en Peldehue, un conscripto encontró, incrustado entre unos espinos, un trozo de carne que era fácilmente identificable como una oreja humana.
            El 13 de mayo de 1974, fue detenida en su domicilio la conviviente del afectado, señora Merari Agurto, quien fue procesada y condenada a dos años de presidio. Su hermano José Eduardo Vargas Contreras también fue procesado y condenado. Finalmente debió exiliarse en Estados Unidos.
            En varias oportunidades, Carabineros y detectives fueron a interrogar a los parientes del afectado, incluso parientes lejanos que vivían en la ciudad de San Rosendo debieron soportar estas visitas.
            La suerte final de Alejandro Vargas no ha podido ser averiguada. Esta matanza de prisioneros no ha sido jamás reconocida oficialmente, ni se han entregado los cadáveres y las personas mencionadas, entre ellos, Alejandro Vargas Contreras, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.
 
 
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
            El 6 de junio de 1975 se presentó un recurso de amparo en favor de Alejandro Vargas Contreras en la Corte de Apelaciones de Concepción. La Corte rechazó el recurso el mismo día porque de los antecedentes presentados no aparecía como detenido el afectado y encargó al Cuarto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía que instruyera el proceso que correspondiera.
            El 7 de junio de 1975 el Cuarto Juzgado del Crimen de Concepción abrió el proceso rol 7.828 por presunta desgracia de Juan Alejandro Vargas Contreras y se ordenó investigar.
            El Alcaide de la Penitenciaría de Santiago informó el 19 de junio de 1975 en oficio 567, dirigido al Tribunal, que previa revisión de los libros desde el 11 de septiembre de 1973, podía informar que la persona referida no había ingresado a esa Penitenciaría.
            El Parte 42, del 25 de julio de 1975, de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, contiene el informe de la investigación realizada, que resume el interrogatorio a la denunciante y señala que se efectuaron las investigaciones de rigor en hospitales, Instituto Médico Legal, presidios e incluso en la Tercera División del Ejército, sin obtener resultados positivos.
            Un segundo Parte de Investigaciones (el 3039) reitera los resultados negativos de sus consultas a SENDET (Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos) y a otros servicios.
            El 26 de septiembre de 1975 la jueza concluyó que los antecedentes reunidos no configuraban el delito denunciado y sobreseyó temporalmente la causa. El 14 de octubre de 1975, la Corte de Apelaciones aprobó este sobreseimiento.
            La causa se desarchivó el 21 de julio de 1989 y volvió a archivarse el 7 de junio de 1990 y este trámite se repitió el 30 de julio de 1990 y volvió a archivarse el 3 de octubre de 1990.
            El 29 de junio de 1990, María Angélica Vargas Contreras, hermana del afectado, presentó una denuncia por presunta desgracia ante el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, solicitando que la justicia le proporcione una respuesta, porque se ha llegado al absurdo de no saber si su hermano está vivo o muerto. La causa ingresó con el rol 132.153-7.
            El 27 de junio de 1991, la mencionada hermana solicitó transformar la acción de denuncia por otra de querella criminal, puesto que el afectado fue objeto de delitos claramente identificables como el secuestro, probable homicidio e inhumación ilegal, por parte de personas que pueden y deben ser identificadas. Finalmente esta causa se tramita bajo el rol N°126465-6 encontrándose a fines de 1992 en estado de sumario.


JULIO HERNAN MORENO PULGAR


Rut                   :            78.034 de Los Andes
F.Nacim.            :            18-11-48, 24 años de edad a la fecha de su detención
Domicilio            :            Tomás Moro, Santiago
E.Civil              :            Soltero
Actividad            :            Telefonista y ordenanza de La Moneda
C.Repres.            :            Miembro de la Guardia Presidencial, GAP. Militante del Partido Socialista
F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973
 
                                                                   
 
SITUACION REPRESIVA
            Julio Moreno Pulgar, soltero, telefonista, Ordenanza del Palacio Presidencial, militante del Partido Socialista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 al salir el último grupo de personas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda que estaba siendo bombardeado. Fue conducido al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece desaparecido.
            Moreno Pulgar era miembro de la Guardia Presidencial, más conocidos por el calificativo dado por la prensa de la época de GAP, "Grupo de amigos personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República. Moreno Pulgar residía en la Casa Presidencial de Tomás Moro y desde el 10 de septiembre estaba cumpliendo su turno de guardia en La Moneda, según pudo constatar su hermana Elba Rosa, que lo llamó a ese lugar a las 23:00 horas.
            El 11 de septiembre terminaba su turno, pero los acontecimientos ocurridos le obligaron a permanecer en La Moneda. Su hermana Elba Rosa, que era telefonista en la residencia de Tomás Moro trató de comunicarse con el afectado en el Palacio de La Moneda en la mañana pero no pudo lograr la comunicación.
            El 11 de septiembre, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del gobierno, fue asaltado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde Fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.
            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda, allí fueron encañonados y golpeados por los militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.
            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas fueron sacadas desde dicho centro asistencial, por efectivos Militares, permaneciendo a partir de entonces en calidad de detenidos desaparecidos. Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral, no alcanzaron a ingresar a La Moneda y fueron detenidos en sus proximidades. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, quienes formaban parte de un grupo de aproximadamente 13 personas, algunos de los cuales fueron posteriormente ejecutados, en tanto que los otros permanecen en calidad de detenidos desaparecidos.
            Estas personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del coronel Joaquín Ramírez Pineda.
            Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir los hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en dicha Unidad militar fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los Oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente permanecieron en un sector denominado los boxes o antiguas caballerizas; desde allí, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los demás prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.
            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico psiquiatra, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, asesor presidencial y Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutierrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.
            Alrededor de las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido.
            Casi todos los miembros de la Guardia Presidencial que estuvieron en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 fueron ejecutados o desaparecieron. Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.
            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12 de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.
            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.
            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, es quien ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18:00 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban quedaron detenidos y fueron conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al Regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.
            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en un camión militar.
            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.
            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros eran colocados en grupos de cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, se habrían lanzado granadas en su interior y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que estos eran 26 o 27. Sin embargo, esta matanza de prisioneros, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellos, Julio Hernán Moreno Pulgar, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.
 
             
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
            La familia no realizó gestiones judiciales durante muchos años, por temor a que se tomaran represalias, sin embargo realizaron averiguaciones en otras instituciones. Finalmente el 11 de julio de 1990 presentaron una denuncia por presunta desgracia ante el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, la que fue rolada con el N°126465-6.
            En el escrito se solicitó que se recaben informaciones del Registro Civil, se oficie a la Policía de Investigaciones para que se realice una indagación, se oficie a postas y hospitales de Santiago así como al Instituto Médico Legal. También se solicitó que se consulte a Policía Internacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores para verificar si el afectado abandonó el país o se asiló. Actualmente la causa se encuentra en estado de sumario (1992).
            Además se solicitó que se oficie a los Servicios de Inteligencia de Ejército, Marina. Aviación y Carabineros, recabando los antecedentes allí contenidos sobre el desaparecido.
            Las otras gestiones realizadas poco después de la desaparición de Julio Moreno se efectuaron ante la Cruz Roja Internacional, hospitales, morgue y cárceles. Todos estos trámites fueron infructuosos para encontrar a Julio Hernán Moreno Pulgar.
       

Actualidad:

Primera Linea 4 de Abril 2002Corresponden a detenidos desaparecidos de La Moneda
La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos
Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.