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En su informe sobre el país sudamericano, el Comité de la ONU señaló que la vigencia de este Decreto-Ley “deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía”.
“El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura”, subrayó.
Además, recomendó que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones exhaustivas, rápidas e imparciales de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; así como para asegurar juicios y castigo de los autores, y adopción de medidas de reparación a las víctimas, según los estipula la Convención contra la Tortura.
Por otra parte, el Comité expresó preocupación porque siguen registrándose alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales en el desarrollo de sus funciones y lamentó las restricciones legales a la divulgación de tales actos, ya que dan lugar a la impunidad.
En este sentido, recomendó a Chile que realice lo antes posible reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales.
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