domingo, 9 de agosto de 2015

Ni una muerta más: Menos inercia y un Estado alerta

Los femicidios dejan en jaque las políticas de Estado. Hoy es completamente necesaria una reingeniería de los programas y un acercamiento real y efectivo con las mujeres que pase más allá de una reunión vecinal explicando que está haciendo el Gobierno.

El número de crímenes de género sigue siendo alto en América Latina, pese a leyes que buscan proteger a las posibles víctimas y establecen cadena perpetua para los culpables. En Argentina matan a una mujer cada 31 horas, 15 por día en Brasil, casi 2.000 al año en México, y en Chile ya son 24 las mujeres asesinadas en lo que va corrido del año.
El año 2014 se registraron 40 femicidios en nuestro país, la misma cantidad que en el 2013, mientras que en el 2012 los casos sumaron 34, en 2011 llegaron a 40 y a 49 en 2010, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer.
No podemos olvidar que Carla Jara de tan sólo 21 años, con 8 meses de gestación fue brutalmente ahorcada, arrastrada y tirada a un río.  El último femicidio fue el de Susan Ovalle, de 37 años, quien dejó a una hija de cuatro años. Sin duda son hechos y cifras  que cuestionan la labor del Sernam, y que dejan en jaque las políticas de Gobierno en torno a temas de género.
Como un simple espectador de los medios de comunicación y redes sociales, y formador de opinión pública, queda en evidencia la descoordinación del aparataje público, cuyas campañas de prevención e intervención no han dado frutos, y sólo hemos ganado subir el escaño de ser uno de los países con mayores número de femicidios en el continente.
Hoy es completamente necesario hacer una reingeniería de sus programas, la relación con sus stakeholders, una nueva mirada, y sobre todo un acercamiento real y efectivo con las mujeres que pase más allá de una reunión vecinal explicando qué está haciendo el Gobierno.
En los últimos tres años los femicidios han ido en alza en nuestro país y de acuerdo a los índices de este 2015 el panorama se ve cada vez más oscuro. No es posible aparecer en los medios de comunicación informando la cantidad de asesinatos y las querellas en procesos, y no identificar que la red está funcionando mal y no se encuentra articulada.
Sus profesionales tienen que salir a las calles, conversar con las mujeres, armar reuniones in situ con sus actores relevantes, y establecer cadenas de ayuda que funcionen y no sean un tormento para aquellas que buscan protección.
No es posible aparecer en los medios de comunicación informando la cantidad de asesinatos y las querellas en procesos, y no identificar que la red está funcionando mal y no se encuentra articulada. En los últimos tres años los femicidios han ido en alza en nuestro país y de acuerdo a los índices de este 2015 el panorama se ve cada vez más oscuro.
La responsabilidad de mayor peso pasa por el rol del Estado, ya que las mujeres pierden la vida mucho antes de que sus denuncias hagan eco en las entidades garantes, encargadas de dar seguimiento a los hechos de violencia relatados, situación que culmina en una grave violación a los Derechos Humanos de las Mujeres.
De acuerdo a la ley que rige en Chile, del total de denuncias por la denominada Violencia Intrafamiliar, el 80% corresponde a violencia contra las mujeres en el marco de la relación de pareja o ex pareja. Sólo el 11% de estas denuncias termina en sentencia condenatoria.
De acuerdo a diferentes investigaciones realizadas, el 45% de las mujeres asesinadas había comenzado un proceso en el Ministerio Público por violencia. La gran mayoría fue asesinada entre la primera semana y los tres meses siguientes a su denuncia, generándose desconfianza hacia las instituciones responsables de proteger sus derechos y acrecentando el temor a denunciar. La lista de espera para los peritajes por violencia supera los 9 meses y las mujeres son asesinadas antes de que el juicio se inicie.
Las investigaciones además dan cuenta de un porcentaje importante de mujeres que deciden suicidarse para poner límite y fin a la violencia. Qué más prueba quiere el Estado para darse cuenta que las políticas públicas en torno a la protección de la mujer no dan el resultado que se espera.

 
Daniela Silva Muñoz
Secretaria
Vicepresidencia Nacional de la Mujer
Partido Socialista de Chile

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