Tras 40 años de impunidad, someten a proceso a jefes de la DINA por el Secuestro del Comité Central del PS

El Centro de Formación Memoria y Futuro informa a la ciudadanía --en especial a los familiares, amigos y compañeros de los integrantes de la Primera Dirección Nacional Clandestina del Partido Socialista--, que el Ministro de Fuero Miguel Vázquez decidió someter a proceso a los cabecillas de la organización terrorista denominada DINA, comandada por Manuel Contreras Sepúlveda, alias “el Mamo”.


Se acusa a estos por el secuestro y desaparición forzada de los máximos dirigentes del PS entre 1973 y 1975, el  ex dirigente de la CUT Exequiel Ponce Vicencio; el ex dirigente de la FECH y Diputado  por Valdivia, Doctor Carlos Lorca Tobar, el   encargado de Educación Política del PS en el gobierno de Salvador Allende, Ricardo Lagos Salinas, y el estudiante de Construcción Civil de la UTE Ariel Mancilla Ramírez, así como de sus enlaces Michelle Peña Herreros, Carolina Wiff Sepúlveda y Mireya Rodríguez  González y de las enfermeras Rosa Solís Poveda  y Sara Donoso Palacios.


La Justicia en Chile tardó 40 años en someter a proceso a parte de quienes estuvieron involucrados en este crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada de personas por agentes del estado.


Esto es consecuencia de las debilidades de la interminable transición a la democracia en nuestro país, de la prácticamente  nula colaboración de las FF.AA. comprometidas en la práctica del terrorismo de estado y de sus  cómplices civiles activos y pasivos.


También es fruto de una Justicia que lentamente ha ido recuperando su rol de defensora de los DD.HH. y de un periodismo que calló e hizo oídos sordos a las graves violaciones de estos derechos durante la dictadura cívico militar, que en varias ocasiones fue parte de operaciones de encubrimiento y tergiversación de los hechos, denostando a las víctimas y exculpando a los torturadores y asesinos.


Gracias al sacrificio de centenas de compatriotas, como el de los héroes y heroínas de la Dirección Socialista Secuestrada en 1975, a la lucha por décadas de hombres y mujeres, más allá de legítimas diferencias de credos e ideologías, hoy en  Chile hay mejores condiciones para obtener verdad y justicia en este y en todos los casos de desapariciones forzadas, asesinatos  y otras graves violaciones a los DD.HH.


En consecuencia, corresponde que todas las personas e instituciones asuman hoy su responsabilidad no solo para terminar con al  ocultamiento de la verdad, y esta no se entregue de a gotas, sino para que se haga justicia castigando a los culpables de crímenes de lesa humanidad,  para que nunca más en Chile  sea impune la violación a los DD.HH. y se otorgue la justa reparación a las víctimas y sus familiares.


Durante este cuadragésimo aniversario del secuestro y asesinato de los héroes de la Dirección Socialista Clandestina, el Centro de Formación Memoria y Futuro seguirá impulsando actividades de homenaje y recuerdo para que su ejemplo de vida y de consecuencia política sean suficientemente conocidos. Para que no sean ignorados ni olvidados, sino que sirvan de inspiración para recuperar la confianza en la  política, en el impulso a la agenda transformadora que el pueblo reclama aquí y ahora, a fin de hacer de Chile un país más justo, solidario y participativo como nuestros héroes y heroínas lo soñaron y por lo cual dieron sus vidas. Es una deuda pendiente.



Por el Centro de Formación Memoria y Futuro



Jaime Lorca Tobar, Director

Celsa Parrau Tejos, Encargada de DD HH

Rafael Urrejola Dittborn, Encargado de Comunicaciones

David Olave Alvarado, Secretario Ejecutivo

Ni una muerta más: Menos inercia y un Estado alerta

Los femicidios dejan en jaque las políticas de Estado. Hoy es completamente necesaria una reingeniería de los programas y un acercamiento real y efectivo con las mujeres que pase más allá de una reunión vecinal explicando que está haciendo el Gobierno.

El número de crímenes de género sigue siendo alto en América Latina, pese a leyes que buscan proteger a las posibles víctimas y establecen cadena perpetua para los culpables. En Argentina matan a una mujer cada 31 horas, 15 por día en Brasil, casi 2.000 al año en México, y en Chile ya son 24 las mujeres asesinadas en lo que va corrido del año.

El año 2014 se registraron 40 femicidios en nuestro país, la misma cantidad que en el 2013, mientras que en el 2012 los casos sumaron 34, en 2011 llegaron a 40 y a 49 en 2010, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer.

No podemos olvidar que Carla Jara de tan sólo 21 años, con 8 meses de gestación fue brutalmente ahorcada, arrastrada y tirada a un río.  El último femicidio fue el de Susan Ovalle, de 37 años, quien dejó a una hija de cuatro años. Sin duda son hechos y cifras  que cuestionan la labor del Sernam, y que dejan en jaque las políticas de Gobierno en torno a temas de género.

Como un simple espectador de los medios de comunicación y redes sociales, y formador de opinión pública, queda en evidencia la descoordinación del aparataje público, cuyas campañas de prevención e intervención no han dado frutos, y sólo hemos ganado subir el escaño de ser uno de los países con mayores número de femicidios en el continente.

Hoy es completamente necesario hacer una reingeniería de sus programas, la relación con sus stakeholders, una nueva mirada, y sobre todo un acercamiento real y efectivo con las mujeres que pase más allá de una reunión vecinal explicando qué está haciendo el Gobierno.

En los últimos tres años los femicidios han ido en alza en nuestro país y de acuerdo a los índices de este 2015 el panorama se ve cada vez más oscuro. No es posible aparecer en los medios de comunicación informando la cantidad de asesinatos y las querellas en procesos, y no identificar que la red está funcionando mal y no se encuentra articulada.

Sus profesionales tienen que salir a las calles, conversar con las mujeres, armar reuniones in situ con sus actores relevantes, y establecer cadenas de ayuda que funcionen y no sean un tormento para aquellas que buscan protección.

No es posible aparecer en los medios de comunicación informando la cantidad de asesinatos y las querellas en procesos, y no identificar que la red está funcionando mal y no se encuentra articulada. En los últimos tres años los femicidios han ido en alza en nuestro país y de acuerdo a los índices de este 2015 el panorama se ve cada vez más oscuro.

La responsabilidad de mayor peso pasa por el rol del Estado, ya que las mujeres pierden la vida mucho antes de que sus denuncias hagan eco en las entidades garantes, encargadas de dar seguimiento a los hechos de violencia relatados, situación que culmina en una grave violación a los Derechos Humanos de las Mujeres.

De acuerdo a la ley que rige en Chile, del total de denuncias por la denominada Violencia Intrafamiliar, el 80% corresponde a violencia contra las mujeres en el marco de la relación de pareja o ex pareja. Sólo el 11% de estas denuncias termina en sentencia condenatoria.

De acuerdo a diferentes investigaciones realizadas, el 45% de las mujeres asesinadas había comenzado un proceso en el Ministerio Público por violencia. La gran mayoría fue asesinada entre la primera semana y los tres meses siguientes a su denuncia, generándose desconfianza hacia las instituciones responsables de proteger sus derechos y acrecentando el temor a denunciar. La lista de espera para los peritajes por violencia supera los 9 meses y las mujeres son asesinadas antes de que el juicio se inicie.

Las investigaciones además dan cuenta de un porcentaje importante de mujeres que deciden suicidarse para poner límite y fin a la violencia. Qué más prueba quiere el Estado para darse cuenta que las políticas públicas en torno a la protección de la mujer no dan el resultado que se espera.

 

Daniela Silva Muñoz

Secretaria

Vicepresidencia Nacional de la Mujer

Partido Socialista de Chile