La Nación Por Leslie Ayala Castro/La Nación
Jueves 5 de noviembre de 2009 | | País
En manos del seremi de Justicia, Patricio Reyes, quedó el futuro de los 121 reos que el Poder Judicial propuso este semestre para obtener el beneficio de la libertad condicional.
Esto luego de que la comisión ad hok, presidida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, acogiera los requerimientos de aquellos internos que reunían las condiciones para postular al beneficio.
Lo más sorprendente es que entre los candidatos a la prerrogativa se encuentran cuatro ex agentes condenados en emblemáticas causas de violaciones de los derechos humanos.
Entre ellos está el general (R) y ex jefe DINE, Arturo Ramsés Álvarez Scoglia, quien obtuvo 8 votos y, actualmente, se encuentra cumpliendo una condena de 8 años por ser uno de los ideólogos del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982.
Su hijo mayor, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, frente a esta situación dijo que le parecía una pésima señal de los tribunales de justicia “porque yo siempre he dicho que alguien va a recibir algún tipo de beneficio, al menos deben ser personas que han demostrado arrepentimiento, que hayan cooperado con la justicia” y, a juicio del parlamentario, Álvarez Scoglia “nunca asumió su culpa, nunca demostró el mínimo arrepentimiento”.
El diputado ejemplificó que en otras ocasiones ha expresado que no se opondría a la libertad condicional de, por ejemplo, el asesino material de su padre Carlos Herrara Jiménez, sólo porque “ha demostrado arrepentimiento, colaborado con la justicia y pedido perdón”.
No osbtante, dijo estar esperanzado en que la resolución final, del seremi de Justicia, considere lo que él -como hijo de una víctima- ha planteado.
Además, la Comisión de Libertad Condicional, que se reunió los días 27 y 28 de octubre, decidió acoger la postulación a este beneficio presentada por el ex oficial de Carabineros Patricio Zamora Navia, quien obtuvo nueve votos por parte de la comisión.
Este último cumple una sentencia de 15 años y otras dos penas de 541 días por el secuestro y asesinato de tres miembros del PC en 1985, también conocido como “caso degollados”.
Otro de los condenados por delitos de lesa humanidad es el ex detective y agente DINA, Rizier Altez España (10 votos), quien está recluido en Punta Peuco cumpliendo dos condenas de 3 años y un día por secuestros calificados y sindicado como partícipe de la Operación Colombo.
Misma suerte corrió el oficial del Ejército (R) Carlos López Tapia, quien también quedó seleccionado y que se encuentra en prisión por el secuestro de Julia Retamal, Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria.
Claudio Spiniak no contó con la aprobación de la comisión para postular a la libertad condicional por obtener menos de los 5 puntos necesarios, por lo que se rechazó este semestre su solicitud.
Los requisitos mínimos para llegar a esta instancia es que el condenado tenga más de la mitad de la pena cumplida, una destacada conducta en el penal, además de asistir a los talleres que imparte Gendarmería.
De cumplir tales requisitos, la comisión evalúa la situación y envía los antecedentes a Justicia, que en este caso tiene la última palabra.
La Nación
Esto luego de que la comisión ad hok, presidida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, acogiera los requerimientos de aquellos internos que reunían las condiciones para postular al beneficio.
Lo más sorprendente es que entre los candidatos a la prerrogativa se encuentran cuatro ex agentes condenados en emblemáticas causas de violaciones de los derechos humanos.
Entre ellos está el general (R) y ex jefe DINE, Arturo Ramsés Álvarez Scoglia, quien obtuvo 8 votos y, actualmente, se encuentra cumpliendo una condena de 8 años por ser uno de los ideólogos del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982.
Su hijo mayor, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, frente a esta situación dijo que le parecía una pésima señal de los tribunales de justicia “porque yo siempre he dicho que alguien va a recibir algún tipo de beneficio, al menos deben ser personas que han demostrado arrepentimiento, que hayan cooperado con la justicia” y, a juicio del parlamentario, Álvarez Scoglia “nunca asumió su culpa, nunca demostró el mínimo arrepentimiento”.
El diputado ejemplificó que en otras ocasiones ha expresado que no se opondría a la libertad condicional de, por ejemplo, el asesino material de su padre Carlos Herrara Jiménez, sólo porque “ha demostrado arrepentimiento, colaborado con la justicia y pedido perdón”.
No osbtante, dijo estar esperanzado en que la resolución final, del seremi de Justicia, considere lo que él -como hijo de una víctima- ha planteado.
Además, la Comisión de Libertad Condicional, que se reunió los días 27 y 28 de octubre, decidió acoger la postulación a este beneficio presentada por el ex oficial de Carabineros Patricio Zamora Navia, quien obtuvo nueve votos por parte de la comisión.
Este último cumple una sentencia de 15 años y otras dos penas de 541 días por el secuestro y asesinato de tres miembros del PC en 1985, también conocido como “caso degollados”.
Otro de los condenados por delitos de lesa humanidad es el ex detective y agente DINA, Rizier Altez España (10 votos), quien está recluido en Punta Peuco cumpliendo dos condenas de 3 años y un día por secuestros calificados y sindicado como partícipe de la Operación Colombo.
Misma suerte corrió el oficial del Ejército (R) Carlos López Tapia, quien también quedó seleccionado y que se encuentra en prisión por el secuestro de Julia Retamal, Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria.
Claudio Spiniak no contó con la aprobación de la comisión para postular a la libertad condicional por obtener menos de los 5 puntos necesarios, por lo que se rechazó este semestre su solicitud.
Los requisitos mínimos para llegar a esta instancia es que el condenado tenga más de la mitad de la pena cumplida, una destacada conducta en el penal, además de asistir a los talleres que imparte Gendarmería.
De cumplir tales requisitos, la comisión evalúa la situación y envía los antecedentes a Justicia, que en este caso tiene la última palabra.
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