El proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional en función de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), no alcanzó los 69 votos necesarios para su aprobación.
El texto del proyecto de Ley se basa en una iniciativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994 por la OEA.
La relevancia internacional de esta medida no fue suficiente argumento para que la oposición de derecha en el Congreso chileno diera su visto bueno.
El proyecto obtuvo 57 votos a favor, 7 en contra y una abstención, quedando así descartado por no alcanzar el mínimo necesario de 69 votos favorables.
Durante el debate parlamentario, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, recordó que el Parlamento aprobó a principios de este año un instrumento similar de la ONU, por lo que cuestionó el actual rechazo.
Por su parte, el diputado socialista Sergio Aguiló, sostuvo que "esta es la derecha más cavernaria y reaccionaria, no sólo de América Latina, sino que del mundo, una derecha pinochetista", en referencia a los diputados que evitaron la aprobación.
"Estamos hablando de gente que es capaz, así como hoy rechaza una convención de esta naturaleza, de volver a impulsar las políticas terroristas como lo hizo en alguna época con la DINA y la CNI", acusó el diputado.
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