Diario del Senado
Sesión 2ª, martes 17 de marzo de 2009
El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.
La verdad es que asistimos a un debate que se aproxima a cumplir 19 años en el Parlamento. Por cierto, la iniciativa de un grupo de Senadores de la Derecha, la Oposición, de incorporar este tema al debate pudiera ser digna de mérito respecto, digamos, de que este es un tema necesario a debatir, y lo estamos debatiendo.
Pero yo quiero señalar que lo que ha dicho el Senador Muñoz Barra respecto de que el informe con consta con ni una opinión de los invitados no se subsana con el documento que han hecho llegar la Mesa. Esos son los documentos de la Biblioteca. O sea, no hay ni una sola opinión.
Yo no tuve oportunidad de participar en el debate de la Comisión y no puedo saber hoy qué opinó la comunidad Lafquenche, Huilliche; qué opinaron los institutos de investigación de cualquier tipo; qué opinaron las autoridades de Gobierno. Solo se consigna la opinión de los señores Senadores, que, por cierto, mayoritariamente son los que han patrocinado el proyecto.
Entonces, señor Presidente, se limita la posibilidad de que el Senado discuta con información y este proceso de debate está absolutamente viciado. Y lo digo claramente: viciado.
El Senado no tiene oportunidad, los señores Senadores que me acompañan, de conocer en absoluto cuál es la opinión de las comunidades indígenas que fueron invitadas. Se ha omitido; se ha cercenado; digámoslo claramente: se ha censurado la opinión de las comunidades indígenas al calor de este proyecto. Y, por lo tanto, solo aparece la opinión de los Senadores autores de la misma. Eso es jugar un poquito ocultando las cartas.
Yo, señor Presidente, quiero solicitar formalmente a la Mesa del Senado averiguar por qué este informe no contiene las opiniones de los invitados.
Yo quiero decir que siendo Presidente de la Comisión de Educación hicimos 4 meses de audiencias públicas con más de cien instituciones sobre la LGE. Y por cierto, ahí están consideradas las opiniones de cada una de ellas, para que el Senado pueda debatir con información. En este caso puntual, reitero, el informe que se la ha hecho llegar al Senador Muñoz Barra, lo he leído, son los informes técnicos. No está la opinión de las personas consultadas.
Señor Presidente, mi posición en torno a la forma y fondo de este proyecto de reforma constitucional, a este "gesto", como ha dado en llamarse, debe ponderarse, por cierto, en el actual clima y condición de los supuestos beneficiados por esta propuesta de reconocimiento.
Se requieren dos tercios para poder aprobar esta reforma constitucional.
Siento que se ha carecido del más mínimo debate, particularmente de la necesaria aplicación de un criterio básico, que es el consentimiento previo, es decir, el derecho a ser escuchado y no a ser pauteado.
Aquí hay un debate abierto. Yo siento que la Ministra de MIDEPLAN, Paula Quintana, está con la mejor de las intenciones respecto al procedimiento que lleva a consultar a los pueblos originarios sobre el tema de tener parlamentarios indígenas.
Pero quiero señalar que, de todas las instancias que hemos observado, claramente el procedimiento es un procedimiento normado, es decir, se entregan las preguntas hechas. Y el Convenio Nº 169 es claro en que el proceso de consulta se hace de la mano con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, para elaborar la forma de qué se le va a consultar, cómo se le va a consultar, y no un test que más bien parece un censo.
Se presenta con urgencia este proyecto de reforma constitucional. Y, por tanto, un procedimiento de total ilegalidad de la consulta indígena que lleva adelante CONADI, cuando ya tenemos, por cierto, un grave conflicto instalado respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, respecto a las decenas de mapuches detenidos y procesados.
Yo quiero señalar que esta discusión la dimos también en un momento muy complejo, cuando discutimos la verdad histórica y el nuevo trato, cuando por cierto también se mantenía preso por una ley especial a los lonkos Norin y Pichún, Anaceto Norin y Pascual Pichún.
Recordemos que la Presidenta se comprometió a no aplicar más la Ley Antiterrorista. Y la verdad es que me parece adecuado porque hoy día está claro que cuando el Estado quiere resolver los problemas de arrastre de deuda histórica con los pueblos originarios, eso no se resuelve ni con carabineros, porque en definitiva el resultado de esa política solo ha arrojado a mapuches muertos. Afortunadamente, no hay ni un carabinero ni un huinca que ha perdido la vida en estos conflictos; solo hay mapuches que han perdido la vida.
Y quiero decir que el año 2007, señor Presidente, se gastaron 11 millones de dólares solo en mantener a miles de carabineros custodiando los predios forestales de la Novena Región ¡11 millones! Está en el informe de Carabineros. Yo lo he dicho 10 veces en este recinto: el total de recursos para poder comprar tierras indígenas en el mismo período era de 10 mil millones; se gastaron 5 mil 300 millones, y el informe de Carabineros es indesmentible, solo en custodia a los predios forestales, es decir, el 50 por ciento de lo que se gasta en comprar tierras forestales para poder devolver en mi opinión, a sus legítimos dueños, que son las comunidades mapuches.
Hemos dicho que se sigue utilizando el armamento UZI, que es armamento de guerra, para poder custodiar dichos predios por parte de Carabineros, por cierto, Temucuicui, Ercilla. Y se han denunciado varios peritajes que tienden a esclarecer el origen de los atentados. Nadie está por amparar ningún tipo de atentado contra la propiedad privada. Estamos por que efectivamente actúe el Derecho, pero que también actúe el Derecho en igualdad de condiciones. Porque, como se ha dicho, claramente aquí hay un sujeto de derecho que es más vulnerable, que está en menor posición y que, definitivamente, ha sido avasallado de manera permanente e histórica.
No se trata hoy día de evaluar cuáles son las causas del conflicto indígena. Por cierto, algunos dirán que la causa de toda la problemática son el vestuario, la educación, las condiciones de vida. En definitiva, harán un discurso social. Lo que se trata cuando discutimos una reforma constitucional son de derechos políticos, de derechos sociales, del mismo nivel que los derechos para la subsistencia diaria, que son los derechos que tienen todos los chilenos.
Claramente, los pueblos originarios no quieren renunciar a su cultura porque, si no, los tendríamos de cuello corbata.
Visité Rapa Nui este fin de semana. Ahí estaba Alfonso Rapu, líder de la revolución en la década del 60, cuando a los rapa nui se los azotaba públicamente; el gobernador de la época firmaba decretos para que no hablaran en idioma rapa nui, y se los mantenía confinados en Hanga Roa, porque el Estado chileno había arrendado a Williamsom y Balfour, una empresa ovejera la totalidad de la isla. Eso es lo que hacían hace no más de 50 años con el pueblo Rapa Nui.
Por suerte, hubo hombres como Alfonso Rapu y otros, como las Nua, como todas las ancianas de la isla y ancianos de la isla que se revelaron contra este Estado chileno que, bajo la premisa de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, no ha hecho sino someterlos.
Siento entonces, señor Presidente, que el debate en particular sobre si es necesario hoy día este reconocimiento constitucional está claro: es absolutamente necesario. Pero, ¿cuál es el tema fundamental? ¿Se ha consultado a los pueblos originarios? Ni siquiera está su opinión consignada en el informe; ¿Se ha preguntado al pueblo Huilliche si quiere el puente de Chacao? Aseguro que va a haber una negación; ¿Se ha consultado a los Rapa Nui sobre si quieren el nuevo puerto o el nuevo aeropuerto; cuál es la forma de vida que ellos quieren realizar? Sino, vayan a la isla. Van a saber que efectivamente allí hay una opinión que no ha sido consultada.
No se ha consultado apropiadamente a los pueblos indígenas acerca del proyecto de ley del Gobierno. Ni la Derecha ni el Gobierno, no han hecho esa consulta previa.
¿Por qué se cree que la CONADI está "consultando" así, entre comillas, a los pueblos indígenas? Porque todos saben que el derecho a consulta que se hace sobre las políticas indígenas deben ser, de verdad, ajustadas al derecho internacional.
Y de ahí que me preocupa, Senador Larraín, enormemente lo consignado en el informe respecto, por cierto, "le parece peligroso que se pueda dar a la expresión "pueblos indígenas" un significado que erosione el esfuerzo de construir una identidad nacional que abarque a todos sus componentes, con los mismo derechos y las mismas obligaciones".
¿Es la misma identidad nacional que quisimos construir en Rapa Nui? ¿A latigazos? ¿marginando a los rapa nui?
¿Es la misma identidad que queremos construir en la zona mapuche, en la zona aimara? Cuando, en definitiva, les decimos "sí, tienen derechos porque van a ser reconocidos por el Estado". Pero no hay una gota de agua para que puedan hacer crecer sus tierras.
El Convenio 169, señor Presidente, establece que el término "pueblo" no deberá, según entiende Su Señoría, el Senador Larraín, no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicancia alguna en lo que atañe a derechos que pueda conferírsele en el derecho internacional.
Yo aquí estoy en nada. La verdad es que hemos dicho que todo convenio o tratado internacional suscrito por Chile es ley de la República, es ley nacional. Pacto de los Derechos Civiles de Costa Rica. Y, en definitiva, el conjunto de pactos internacionales.
Pero el Senador Larraín nos dice que este particular Convenio no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicancia alguna en los derechos que pueda conferírsele en el derecho internacional. Y esto se agrava porque el Senador Larraín, hasta donde tengo entendido, es parte, por cierto, de los que han realizado este proyecto de ley.
El señor LARRAÍN.- ¿Me concede una interrupción?
El señor NAVARRO.- Por cierto, Senador. ¿Es a mi cuenta, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).- Con la venia de la Mesa. Sí, después le damos un par de minutos Senador.
El señor NAVARRO.- Correcto Senador.
El señor LARRAÍN.- Le agradezco Senador, sé lo que vale el tiempo. Pero solo quiero precisarle, lo que yo he dicho es exactamente lo que se dice por el propio Convenio 169 de la OIT, que a la expresión "pueblos indígenas" que utiliza el Convenio no se le debe dar la acepción que se utiliza en otros ámbitos del derecho internacional.
No he hecho más que repetir lo que el Convenio, que a usted le gusta y que usted cita, está preconizando.
En ese espíritu, me parece que está bien emplear la expresión "pueblos indígenas". Pero si eso va a dar pie para que cada uno de los pueblos indígenas quiera tener un Estado dentro del Estado, me parece que sería altamente inconveniente para Chile y para los propios pueblos indígenas que forman parte de esta unidad nacional.
Yo no pretendo nada más que eso.
Solamente para aclarar los conceptos.
Gracias Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por cierto, ese va a ser un debate. Pueblo sami en Canadá; el pueblo maorí en Nueva Zelanda. Ojalá traigan a Parecura Oromía (grafía por confirmar), Ministro de Asuntos Indígenas de Nueva Zelanda, que conocimos con una viaje con la Presidenta Bachelet.
Ojalá pudiéramos ver cómo los maoríes pueden administrar el 66 por ciento de su pesca, pueden administrar las plantas geotérmicas en sus territorios ancestrales, siendo no más del 16 por ciento de la población actual de Nueva Zelanda.
O particularmente el pueblo sami, cuya administración y autonomía se le ha conferido sobre casi un tercio del territorio de Canadá, autonomía política, autonomía administrativa.
Siento que en esto hay muchos fantasmas.
Claramente lo que están buscando los pueblos originarios en Chile es que de verdad se reconozcan los derechos colectivos, es que de verdad, efectivamente, no solo se les diga que existen y que tienen derecho a la tierra y el agua, pero se les niegue el agua y se les niegue la tierra, tal como yo lo he dicho, en los montos de inversión, porque hay que apresurar el esfuerzo que está haciendo la Ministra y la CONADI o en el tema particularmente del agua, ahí está el salar de Llamara en Iquique, señor Presidente, en la Primera Región, siendo saqueado por las empresas, secándose, creando efectos absolutamente irreversibles.
El derecho internacional del Convenio 169, más la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, por cierto, es importante. Y hay allí elementos que van a ser forma del debate jurídico que la nación chilena deberá adaptar.
Tenemos, por suerte, hoy día una política de borde costero de los pueblos indígenas. Pero aún la deuda es grande.
En medio de este panorama, señor Presidente, de represión y desmantelamiento de los derechos indígenas, tenemos que se le da urgencia a este proyecto, aun cuando, la verdad, claramente no se está consultando a los pueblos indígenas. Capitis diminutio esa es la mejor fórmula. Es decir, se les considera discapacitados respecto a los derechos para poder ejercer como ciudadanos chilenos la posibilidad efectivamente de ejercer este derecho.
Esta propuesta se desmantela los tratados suscritos por Chile, incluido el Convenio 169, se amordaza la Declaración de los Pueblos Indígenas.
Porque las denuncias sobre este tema no solo vienen por dentro. Se oponen al actual texto todos los consejeros indígenas de CONADI, la Identidad Lafkenche, el Consejo Nacional Aymara, muchos otros mediante. de muchas declaraciones que les han llegado a los señores Senadores.
También, respecto de conocedores del tema indígena internacional como Bartolomé Clavero, quien señala, y lo leo textual: "Lo primero que reconoce el proyecto de reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas no es precisamente a estos, sino a "la Nación chilena" como "una, indivisible y multicultural". Es decir, estamos reafirmando cuando, la verdad, es que hemos dicho que queremos reconocer a los pueblos originarios, partimos señalando que la nación chilena es única, indivisible y multicultural. "Lo segundo que reconoce tampoco es a los pueblos indígenas como sujetos políticos, sino a los mismos como mero dato de presencia en Chile sin mayor relevancia jurídica y sus comunidades y personas como sujetos, estos sí y solo estos, de derechos: "El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes". Si ese derecho se lo confiere la Constitución a todos los chilenos, lo que estamos hablando es de reconocimiento de carácter especial, tal como lo establece el Convenio 169, no el derecho que la Constitución asigna a todos los chilenos.
El sometimiento de los derechos indígenas a esta ley, la verdad, señor Presidente, es que va a causar más problema que solución, va a causar más agitación que paz.
Claramente, entonces, lo que tenemos es la necesidad de darnos el tiempo necesario para poder consultar, de verdad, a los pueblos originarios y nadie se va a oponer.
La verdad es que los problemas van a comenzar si este Senado, haciendo omisión de la opinión que han entregado múltiples entidades y pueblos originarios, aprueba este proyecto sin la debida consideración de esos preceptos.
Esto ya despierta alarma internacional, y por cierto en Chile. Se trata de un caso más audaz que hemos tenido noticia de una reacción del Estado ante la proclamación de los derechos de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Hay un blindaje constitucional respecto de derechos que muchos aspiramos a que se constituyan, por cierto, de manera especial, sin privilegios.
El proyecto niega expresamente que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho y de paso cancela derechos de comunidades aymaras y atacameñas sobre sus aguas ancestrales. No solo eso. Se pretende colocar todo el derecho indígena respecto de la tuición de una definición que no causa ningún consenso.
Voy a abstenerme, señor Presidente. Pero quiero, efectivamente, que el Senador acuerde la prórroga de este debate porque, en definitiva, todos estamos de acuerdo, y valoro la intención. No comparto el fondo, porque va a causar más problema que paz social.
He dicho.
Por Hugo Guzmán R. / La Nación 
