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sábado, 10 de septiembre de 2011

Golborne y Piñera planean entregar Parque Nacional Lauca a transnacionales mineras


Sigilosamente en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia se está armando el entramado jurídico para desafectar una zona del Parque Nacional Lauca y entregársela a las compañías mineras. El gobierno de Piñera espera que entre un 5% y un 15% de los terrenos del parque, reconocido por la Unesco como reserva de la biósfera, sean explotados para extraer cobre, oro y plata.

A principios de abril se anunció que la Secretaría General de la Presidencia avanza a paso firme en los estudios jurídicos para desafectar un amplio espacio del Parque Nacional Lauca, ubicado en la Región de Arica. Hasta un 15 por ciento de las 137.883 hectáreas del espacio protegido sería entregado en concesiones a compañías mineras para la explotación de cobre, oro y plata presentes en el subsuelo.
Si bien la idea de explotación de minerales surge durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde que Piñera llegó a La Moneda se apuraron los proyectos para intervenir dichos espacios. En agosto del 2010 encargó a la Segpres un informe al respecto y anunció la intervención en una visita a Arica.
El Gobierno persigue encontrar un recurso legal que le permita desafectar un área del parque ubicado en la precordillera y el altiplano andino y así iniciar faenas mineras en un parque nacional protegido por la ley chilena y convenios internacionales.
Aún no hay claridad respecto del tamaño de la zona que Piñera quiere desafectar, aunque informaciones del Diario Financiero calculan en que serían 43 mil hectáreas. El mismo periódico señala que el Gobierno estaría en una etapa de elaborar conclusiones respecto de un informe en torno al tema para ver los beneficios que esto tendría.
En forma paralela, el Ministerio de Minería ha invertido dinero de los contribuyentes buscando un mecanismo jurídico que permita la explotación minera del parque, lo que la actual legislación no permite al tratarse de un área protegida.

MINERAS CON LOS COLMILLOS AFILADOS

Fuentes del Ministerio de Minería calculan en que desafectar el parque permitiría la inversión de cifras cercanas a los US$ 2.000 millones.
Compañías mineras transnacionales y criollas afilan los dientes para explotar las reservas de cobre, oro y plata que estarían en el subsuelo del parque nacional. Ya han pronunciado su interés al respecto compañías como Rio Tinto, BHP, Codelco y Anglo American.
Además ya se han presentado tres proyectos, los que ya cuentan con resolución de calificación ambiental (RCA) para exploraciones por parte de las mineras Catanave, de Southern Copper Corporation; Pampa Camarones, de Haldeman Mining Company; y Los Pumas, de Minera Hemisferio Sur.
El proyecto minero Catanave, ubicado en plena Reserva Natural Las Vicuñas, fue aprobado pese a la evidencia disponible de su impacto en el ecosistema y a los pueblos  indígenas colindantes a la zona.
La iniciativa liderada por la empresa estadounidense Southern Copper Corporation –con instalaciones en Perú y México- pretende llevar a cabo 14 perforaciones con diamantina en la ladera oeste del Cerro Catanave. Este método permite la obtención de una muestra de las rocas perforadas que evidenciará la existencia de posibles minerales en la zona.
Área a desafectar del Parque Lauca
PARQUE NACIONAL  Y RESERVA MUNDIAL DE LA BIÓSFERA
El Parque Lauca se encuentra entre los 3.200 a 6.342 msnm en la comuna de Putre,  Provincia de Parinacota. Se ubica al norte de la Reserva Nacional Las Vicuñas y es un patrimonio natural protegido por leyes chilenas y acuerdos internacionales, como el ser declarado Reserva de la Biósfera reconocida por la Unesco en 1981.
En sus más de 137 mil hectáreas de precordillera y altiplano, que incluyen el lago Chungará y los bofedales de Parinacota, alberga especies vegetales únicas, como la chachacoma, la llareta, la queñoa de altura y la tola.
Además es hábitat de mamíferos como pumas, vicuñas, vizcachas, zorro culpeo y llamas; y aves, como caití, el flamenco chileno, la guayata, ñandúes y el pato jergón.
Estas cualidades hicieron que el área fuese declarada Parque Nacional en 1970, tres años después de que Chile subscribiera el acuerdo de la Convención de Washington para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas, de 1967.
Según este convenio internacional, los gobiernos “convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos”, sino mediante la declaración de una ley. También se establece que las riquezas existentes en las zonas protegidas no se explotarán con fines comerciales.
El afamado ministro Laurence Golborne está abocado a la tarea de hallar un resquicio legal que permita a las mineras intervenir el parque sin necesidad de aprobar una ley.
Dicha estrategia debe sortear además la declaratoria del parque Lauca como Reserva de la Biósfera, la que si bien no tiene ningún tipo de peso legal, debido a que los mismos gobiernos postulan tales espacios a este nombramiento dado por la Unesco, se sabe que provocará el rechazo en la ciudadanía.
Otro obstáculo para el Ejecutivo es la presencia en el parque de comunidades aymaras, las que ya han mostrado resistencias a que se intervenga su espacio de vida.
Para esto Piñera en su visita a Arica hizo el anuncio de la intervención del parque argumentando las necesidades de trabajo en la población y que implicaría oportunidades de desarrollo económico para la Región.

LAS RESISTENCIAS 

La Coordinadora Aymará de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota ya manifestó su rechazo a las intervenciones de compañías mineras.
En un comunicado dado a conocer el año pasado, los aymaras acusan que no se ha respetado el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígena, que exigen la consulta a los habitantes originarios cuando un proyecto afectará sus territorios.
Además en Facebook ya han surgido grupos que rechazan la intervención minera en un área rica en diversidad vegetal.
La Coordinadora Aymará centra sus descargos en que como la necesidad de agua para la actividad minera es grande, se dañaría el frágil ecosistema del parque con las extracciones de agua que reconoció necesitar el proyecto Catanave en su informe ambiental sólo para su etapa de exploración. La compañía considera el uso de 40.000 litros de agua por sondaje, lo que significa un grave daño para la flora y fauna del lugar.
En la declaración, la Coordinadora Aymara sostiene que “la industria de la minería es un proceso que demanda grandes cantidades de recursos hídricos para sus procesos mineros. Un ejemplo, según la Federación Minera de Chile (FMC) para producir los 5,5 millones de toneladas de cobre fino producidas por Chile en el 2007, se utilizaron aproximadamente 29,7 millones de m3 de agua, lo que representa el consumo mensual de 1.485.000 familias. De este total, más del 60% se extrae de napas subterráneas existentes en el desierto y la cordillera nortina. También la empresas mineras utilizan el agua en forma gratuita, es decir, no pagan el agua como lo hace el chileno común y otras industrias, generando un perjuicio al estado chileno”.
Por Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
+ INFO:
Grupo en Facebook Salvemos al Parque Lauca

sábado, 14 de mayo de 2011

Senado vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena



Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó el 11 de mayo el Convenio UPOV 91 que impedirá a los campesinos guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro  (Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR), Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD) rechazaron decididamente la iniciativa. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales.

Mediante esa ley,  el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura.

La protección a la que se refiere el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de obtentor”,  por la compra de semilla campesina registrada por las trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.

La votación tuvo  lugar en medio de un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de entrega del patrimonio del país.
Indignación campesina e indígena

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el Senado,   habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysen, RAPAL, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día de esta votación, la  Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales…El Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”. Entre otras organizaciones la red incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del consejo Nacional Aymara, la alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de Tirúa sur. Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

Violación de un derecho humano
La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es  un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía Campesina y por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.  De esta manera, las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que usurpan  las cororaciones semilleras, ahora con la venia del Senado de Chile.

La Alianza por una Mejor Calidad de vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz, dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que  no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad.”

Los amigos de Monsanto
La iniciativa resistida por todas las organizaciones campesinas con base social, será remitida al presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).

Los defensores del proyecto aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos Tratados y agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y Argentina, se han adherido sólo a UPOV ’78 y no al ’91. Asimismo, hizo ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas hacia la comunidad.

Por su parte, el senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.

El senador Eugenio Tuma puso una nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su anécdota.

UPOV y lobby empresarial
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas  y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte.  En los primeros años  producían híbridos y hoy  también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972,  1978 y 1991. En Chile el exitoso lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV 91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama, cercano a Monsanto,  quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema del respeto a la propiedad intelectual.

Lucía Sepúlveda Ruiz
periodismosanador.blogspot.com