Marcelo Díaz
En paralelo a las emocionantes y masivas protestas de los últimos
meses -expresión evidente del enorme descontento de la ciudadanía-
comunidades, etnias y organizaciones sociales están recurriendo
permanente a la justicia o al Congreso Nacional, a fin de conseguir
amparo y resguardo a derechos que muchas veces damos por obvios, sea
por estar establecidos en la Constitución, sea porque están contenidos
en Tratados Internacionales.
Legos y no legos, damos por supuesto que tenemos garantizados
constitucionalmente derechos de capital importancia, tales como el de
vivir en un medio ambiente libre de contaminación; no ser
discriminados por orientación sexual, género o etnia; a tener una
educación, obligatoria, gratuita, laica y de excelencia; entre
muchas otras.
Lamentablemente, esto no está ni cerca de ser así.
La aprobación de HidroAysén y otros proyectos depredadores del medio
ambiente, un sistema de financiamiento de la educación basado en el
lucro o las discriminaciones arbitrarias -ratificada por el Tribunal
Constitucional- en materia de post-natal, evidencian las debilidades
de nuestra institucionalidad, sea para brindar amparo a las garantías
constitucionales sea, simplemente, para evitar que una norma o
autoridad de jerarquía inferior, vulnere nuestros derechos
fundamentales.
Si consideramos, además, la ilegitimidad de origen de la Constitución
Política vigente y la convivencia dentro de ella de estos derechos
fundamentales -básicamente decorativos-con una serie de normas,
elevadas a rango constitucional, cuyo único norte es garantizar la
invariabilidad, ad eternum, del cuerpo constitucional que nos legara
una dictadura horrorosa y vergonzante, podemos hablar de que estamos
en presencia de una parálisis o crisis constitucional.
La carta fundamental chilena está, indignantemente, blindada por
normas que coartan la participación política, trampas legislativas,
quórums imposibles, controles constitucionales, cuyo único norte,
parece ser, reducir la expresión de la voluntad soberana,
exclusivamente, a elecciones y plebiscitos, éstos últimos limitados a
casos de laboratorio que explican porque nunca han sido convocados. Y
sabemos que el sistema electoral chileno no contribuye a que en estas
instancias se desborde la diversidad, la pluralidad de valores, ideas,
creencias y esperanzas que han encarnado – huérfanos de apoyo
político- los estudiantes, los defensores de bosques y ríos, los que
han marchado por la igualdad de derechos.
Requerimos una nueva Constitución. En verdad, la hemos requerido desde
siempre.
Si hay un hilo conductor, una quimera, una epopeya que ha
caracterizado la Historia de este país ha sido el requerimiento de los
excluidos por ser considerados como parte de un poder constituyente.
Se intentó el año 1828, con la hermosa constitución liberal de José
Joaquín de Mora. Entre 1833 y 1924 distintos partidos y visiones
políticas fueron tomando el relevo para limitar el poder omnímodo de
la oligarquía y recuperar parte de lo robado al pueblo en Lircay.
La Constitución del 25, que nos rigió hasta que las llamas consumieran
La Moneda, fue impulsada por una Asamblea autoconvocada por obreros,
gremios y estudiantes, que luego fuera traicionada por los mismos que
se han autoasignado el poder constituyente desde siempre.
Como se ve, la demanda y los intentos por llevar adelante una
instancia participativa, democrática y pluralista donde se defina
colectiva y democráticamente las reglas básicas de nuestra convivencia
no han estado ajena a nuestra historia.
Tampoco lo están hoy en la esfera de las aspiraciones de otras
naciones. Países de regímenes tan disimiles, como Colombia y Venezuela
han concluido exitosamente sus procesos constituyentes, mientras que
Islandia se apresta a vivir este proceso validando a las redes
sociales como instrumento formal de expresión de la voluntad soberana.
¿Seguiremos, entonces, los chilenos constituyéndonos en la excepción,
en un caso patético -incluso objeto de estudio- de anquilosamiento
jurídico-institucional, de desconfianza en la voluntad popular?
¿Sumaremos a nuestros blasones de haber sido de los últimos países en
contar con Ley de Divorcio, Institucionalidad Ambiental o impuestos a
quienes se hacen de nuestra riqueza minera, el dudoso honor de
permitir que sigan envejeciendo y apoltronándose normas que
representan la particular visión de un puñado de personas, de hace ya
más de 30 años?.
Diez diputados de la oposición, en representación de muchos otros
parlamentarios y, especialmente, de miles de ciudadanos, no estamos
dispuestos a ello y hemos dado un primer paso, presentando un proyecto
de reforma constitucional que permita iniciar un proceso de Asamblea
Constituyente en Chile.
Nuestra propuesta es simple: que se pueda convocar a una Asamblea
Constituyente mediante una ley aprobada por la mayoría de los
Diputados y Senadores en ejercicio o por la iniciativa de al menos
quinientas mil firmas de ciudadanos. Asimismo, proponemos que la nueva
Constitución, redactada por la Asamblea, sea ratificada, mediante
plebiscito, por la mayoría absoluta de los sufragios válidamente
emitidos (Boletín 7792-07).
Se ha abierto una pequeña puerta, pero necesitaremos todas las
voluntades, toda la creatividad, toda la persistencia que hemos visto
en tanto héroe anónimo en las calles, colegios, universidades y plazas
de nuestro país, para evitar que se cierre.
Atendido los elevados quórums necesarios para aprobar esta reforma
constitucional es ilusorio pensar que será posible sacarla adelante
simplemente empujando su tramitación legislativa del modo habitual en
el Congreso. No veo razón para que aquellos que detentan el poder de
veto y el control de los cambios en Chile los entreguen así sin más.
Será necesario escribir una y mil cartas, firmar peticiones hasta que
seamos millones, y levantar la demanda de la Asamblea Constituyente en
todas y cada una de las movilizaciones por un Chile más justo y
democrático.
Tal vez no se logre pronto, quizás devenga en un asunto generacional,
en algo que se trasmite de padres a hijos.
Pero al menos hemos comenzado y depende sólo de nosotros que avance.
