Mostrando entradas con la etiqueta democracia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta democracia. Mostrar todas las entradas

martes, 20 de agosto de 2013

El legado democrático de Salvador Allende

FERNANDO DE LA CUADRA*

El próximo 4 de septiembre se conmemoran 43 años desde que el candidato socialista, Dr. Salvador Allende venciera las elecciones presidenciales liderando una coalición de fuerzas de izquierda y centro izquierda denominada Unidad Popular. El triunfo de Allende fue apretado – obtuvo solamente 36,2% de los votos válidos – y representó la cuarta tentativa de elegirse presidente. Allende venció las elecciones con un programa de gobierno que incluía transformaciones importantes en la estructura económica, política y social en un marco de respeto a las instituciones democráticas vigentes en el país, sin apelar al de la violencia revolucionaria (vía armada) y sin rupturas dramáticas de la convivencia nacional. Este proyecto de transformación de la sociedad por un camino legal-institucional y democrático llegó a ser conocido como la “vía chilena al socialismo.”

La ratificación de Allende como presidente en el Congreso Nacional tampoco estuvo libre de conflictos y tensiones. Pocos días antes de la votación en el parlamento, el Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, fue asesinado por un grupo de civiles y ex-militares de ultra-derecha, como una forma de presionar a los sectores de la Democracia Cristiana para dar su apoyo al candidato que consiguió la segunda mayoría, Jorge Alessandri, representante de la derecha tradicional y que había obtenido el 34,9% de los votos válidos.

El proceso de cambios emprendido por Allende y los partidos de la Unidad Popular fue, como es ampliamente conocido, interrumpido abrupta y dramáticamente después de casi 1000 días de gobierno, en el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, ya se cumplirán cuatro décadas de esa cruenta jornada. Cuando afirmamos que esa jornada fue cruenta, no estamos construyendo una entelequia, pues durante el mismo día del Golpe, varios partidarios del gobierno que defendían el Palacio presidencial La Moneda murieron en combate y el propio presidente Allende inmoló su vida cuando las fuerzas militares irrumpieron en su despacho. La represión y el revanchismo sangriento desatado después de ese día fueron de una ferocidad inusitada en la historia política chilena y dejó una secuela de ejecutados, detenidos desaparecidos, torturados, prisioneros en campos de concentración, exilados y desterrados que aún hoy ronda como una sombra tenebrosa sobre la memoria de miles de chilenos.1 Y no solamente eso, el propio proyecto socialista iniciado por el gobierno da Unidad Popular es un tema que hasta ahora divide a gran parte del país, principalmente de aquellos que vivieron esa experiencia pionera.

La historiografía se interroga hasta nuestros días con respecto a las condiciones que hubieran hecho posible -o no- la continuidad del gobierno popular. Una tesis postula que dicha permanencia se consolidaba a través de una gran coalición entre la izquierda y los sectores progresistas del centro, conformando aquello que precisamente a partir de la tragedia chilena, Enrico Berlinguer llegó a teorizar como el “bloque histórico”. Es decir, la construcción de una amplia alianza entre el conjunto de fuerzas que impulsan las transformaciones necesarias para obtener una mayor justicia social. Este pacto se produciría por medio de un compromiso histórico, en el cual se preparase el tejido unitario de la “gran mayoría do pueblo en torno a un programa de lucha por el saneamiento y la renovación democrática de toda la sociedad y el Estado.” 2

Al contrario de una aquiescencia sobre esta perspectiva, la implantación de la “vía chilena” fue siendo diseñada y alimentada por diversas lecturas con relación al curso que debía tomar la revolución chilena, un camino que era inédito, con características nacionales y tal como decía el propio Allende, tenía que ser una revolución “con sabor a empanada y vino tinto”. Entretanto, existía una contradicción fundamental entre las fuerzas políticas que le daban sustento al proyecto de la Unidad Popular. El principal embate entre estas concepciones polares se encontraba entre aquellos sectores que tenían una plataforma de inspiración republicana del proceso de transformaciones, subordinando a un segundo plano el ideario revolucionario marxista-leninista. Estos segmentos consideraban que era necesario mantener las garantías democráticas y respetar las instituciones de la república, negociando y ejecutando paulatinamente las primeras 40 medidas y otras mudanzas que constaban en el programa de la coalición de izquierda.

Entre estas acciones, la mayoría moderadas, destacaban la entrega de medio litro de leche diario para todas los niños; la instalación de consultorios materno-infantiles en todos los barrios; medicina gratuita en los hospitales públicos con entrega gratuita de medicamentos; supresión de los altos salarios de los funcionarios de confianza; una profundización y aceleración de la Reforma Agraria; becas para os estudiantes de la enseñanza básica, media y universitaria; creación de un sistema previsional universal solidario con fondos estatales; creación del Ministerio de protección de la familia. La nacionalización del cobre y de otros minerales no figuraba entre estas primeras 40 medidas, a pesar de que ya existía un amplio consenso sobre su imperiosa necesidad para aumentar los recursos fiscales destinados a financiar la política social del Estado. Como siempre afirmaba el mismo Allende, el cobre era “el salario de Chile”.

Allende era un buen negociador y consiguió al inicio de su gobierno contar con el apoyo del principal partido de centro, la Democracia Cristiana, con la cual había pactado un “Estatuto de Garantías Constitucionales”, en donde el gobierno se comprometía a realizar las transformaciones anunciadas dentro del total respeto à Constitución y a las instituciones democráticas. Por lo mismo, los partidarios del gobierno insistían en caracterizar la vía chilena como un “proceso” de reformas graduales que arribarían finalmente al socialismo a través de una senda democrática. Para eso, era fundamental planificar correctamente la aplicación de cada medida del programa, lo que requería de equipos muy competentes y preparados técnicamente para efectuar esas funciones.

En el cronograma de gobierno la expropiación de las industrias, fábricas y de las haciendas improductivas con una superficie superior a 80 Hectáreas de Riego Básico (HRB)3, tenía que ser realizada de forma gradual, controlada y planificada, bajo el supuesto de que la incorporación de tales empresas al área de propiedad social solamente debería ser puesta en práctica después que la adquisición y expropiación de los bancos y de las empresas de capital extranjero ya estuviesen concluidas, “para de esa forma dividir, aislar y neutralizar a los sectores más privilegiados de la burguesía nacional durante la transición para el socialismo.” La reforma agraria que fue planificada desde la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) tuvo que dar cuenta de las presiones de los sindicatos de trabajadores rurales e “inquilinos’ y experimentó una aceleración de tal magnitud en el proceso expropiatorio que ya a mediados de 1972 se encontraba prácticamente concluida.4 O sea, muchos procesos adquirieron un ritmo que contradecía la idea que sustentaba Allende, para quien “los procesos revolucionarios exitosos transcurrían bajo una dirección férrea, consciente, no dejados al azar. Las masas no podían exceder a los dirigentes, porque estos tenían la obligación de dirigir y de no se dejar dirigir por las masas.”5

Por otro lado, se situaban aquellos sectores que visualizaban con pesimismo la realización de las transformaciones socialistas en el marco de la “institucionalidad burguesa” y reprochaban el modelo instaurado como siendo el de una revolución burocrática, “desde arriba”, sin poder popular real. Para estos grupos y movimientos, lo fundamental era avanzar sin negociar con las entidades representativas de la clase dominante- enquistadas en el parlamento, en el poder judicial, en las empresas y en los gremios profesionales-, para formas concretas de propiedad social radicalizando y acelerando la expropiación de industrias, haciendas y otras formas de propiedad privada existentes en el país. Al contrario de lo que pretendía Allende y su gobierno, lo que se observaba en el fragor de la lucha cotidiana por el socialismo, era que las directrices del gobierno y la intención de conducir los cambios en forma paulatina y progresiva fueron totalmente sobrepasados por la acción directa de los trabajadores más radicalizados y sus sindicatos, de los campesinos y obreros rurales, de los estudiantes, de los pobladores, de los pueblos originarios.

Cuestionando frontalmente el apelo de Allende -y de un sector de sus seguidores- a los principios democráticos, esta vertiente revolucionaria postulaba que la democracia poseía un valor estrictamente táctico, instrumental, solo era la base necesaria para instaurar la lucha por el socialismo. Segundo tal visión la democracia política a pesar de ser útil a la causa de las masas populares, no sería más útil como forma de organización social, debido a su propia naturaleza de clase, como modalidad de dominación de la burguesía para continuar obteniendo las granjerías y privilegios generados por la explotación capitalista. Esta perspectiva enfatizaba el protagonismo popular y la inevitabilidad del enfrentamiento con las fuerzas reaccionarias, razón por la cual las fricciones con los sectores “contra-revolucionarios” eran imprescindibles para permitir que Chile enrumbara consistentemente hacia el socialismo: la revolución tenía que ser realizada por el pueblo, “desde abajo”.

En la tercera parte de la trilogía “La batalla de Chile” realizada por el documentalista Patricio Guzmán – y que se llama justamente El Poder Popular- existe una escena emblemática en que se aprecia a un funcionario del gobierno intentando dar explicaciones en una reunión con dirigentes y operarios de un “cordón industrial”6, respecto de la necesidad de realizar las reformas acatando los convenios internacionales suscritos por el gobierno, desacelerando de esa manera el ritmo de las transformaciones emprendidas por las autoridades. Frente a esa explicación del representante oficial, un dirigente le responde: “En este momento estamos cuestionado la institucionalidad y legitimidad del gobierno, ahora estamos entrando en una etapa de toma del poder por parte de las clases trabajadoras, porque el poder legal ha sido superado y debemos luchar hasta aplastar a la clase enemiga, la clase de los explotadores.”

La naturaleza y convicción de este discurso revelan el grado de consciencia a que habían llegado los sectores más radicalizados con respecto a lo inevitable del enfrentamiento con las fuerzas contrarias al proyecto Allendista. Sin embargo, esta consciencia no tenía ninguna correlación con una política efectiva de defensa ante la inminencia de un golpe de Estado y hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de apoyo al gobierno fueron pulverizadas desde el mismo día 11 de septiembre. Lo que se siguió a esa jornada fue un genocidio sin precedentes en la historia política chilena.

La experiencia chilena ha continuado durante muchos años suscitando innumerables debates sobre cuáles eran probablemente los caminos más pertinentes para conquistar el socialismo en Chile. Con la derrota del gobierno popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue sumamente ingenuo al confiar en los militares ganó mucho aliento y fue predominante entre gran parte de la izquierda. Esta interpretación fortaleció la idea de que el gobierno tenía que armar al conjunto de la población para resistir a la agresión militar. No obstante, con el decurso del tiempo fue ganando una posición destacada aquella interpretación que insistía en la importancia de la conformación de un bloque o alianza histórica entre todos los sectores políticos empeñados en realizar cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales imperantes en el país, utilizando para ello los instrumentos y las medidas que eran permitidos en el marco de una convivencia democrática.

Aún más, el proyecto de Allende y la vía chilena era una experiencia pionera, inédita, no existía ningún modelo histórico que podía dar indicios del camino a ser recorrido en una transición pacífica, institucional y democrática para el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le permitía a Allende poseer un cierto grado de libertad para comandar el proceso de transformaciones estructurales, entretanto, durante el transcurso del mismo fue quedando cada vez más evidente, que tanto en la división interna de la coalición gobernante como en las vehementes e intransigentes fuerzas contrarias a tales mudanzas, el programa de la Unidad Popular comenzó a descomponerse y el Executivo solamente consiguió administrar una crisis que aumentaba diariamente.

No obstante ello, en todos los conflictos suscitados durante su gobierno Allende intentó permanentemente encontrar las salidas y los acuerdos que le permitiesen seguir impulsando su programa sobre bases democráticas, y de esta forma, interpelar a todos los sectores en la manutención del dialogo y evitar los enfrentamientos, que finalmente pudieran determinar el fin de la vida republicana. El día del golpe, “colocado en un tránsito histórico”, Allende fue convidado para unirse a las fuerzas que resistían la embestida golpista en uno de los cordones industriales de Santiago. El presidente electo, coherente con su trayectoria democrática declinó el ofrecimiento y decidió morir en el Palacio de La Moneda, tal como lo había prometido en sus diversos mensajes y discursos al pueblo chileno:

“Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeras de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera (...) no tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo.”7

Independiente del dramatismo de las circunstancias en las cuales fue derrocado el gobierno de Allende, su gesto de morir en el Palacio presidencial, remarca su férrea convicción de concluir el mandato para el que fue electo, en el lugar que simbolizaba el centro do poder político, en el local que representaba la síntesis de los valores democráticos y republicanos abrigados durante tantos años en la historia política chilena. Allende tenía claro que su mandato concluía en noviembre de 1976 y aún cuando seis años de gobierno parecían pocos para la magnitud de la obra a ser construida, el presidente confiaba en el entusiasmo de un conjunto de fuerzas progresistas que se inclinaban por apoyar dichas transformaciones. En ese sentido, el proyecto de mudanzas que Allende anhelaba para el país no era una utopía surgida de una mente alucinada, sino por el contrario, se sustentaba en una lectura consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar las instituciones y las leyes del país para alcanzar el conjunto de medidas incluidas en su programa de gobierno, entre ellas la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de la banca y el sistema financiero.

Trágicamente, el proyecto allendista no logró ser comprendido cabalmente por los mismos partidos que formaban la Unidad Popular y la “soledad intelectual” de Allende fue siendo cada vez más patente en un escenario donde la polarización de la sociedad era vertiginosa y su resultado funesto se anunciaba como el epilogo inevitable de un país dividido por el odio y la intolerancia. Este será en parte el drama de la experiencia chilena, el distanciamiento in crescendo entre las visiones y las estrategias políticas contrapuestas, en que la capacidad de Allende para arbitrar estas disputas iba disminuyendo progresivamente, quedando paulatinamente más aislado en su ideario de construir un socialismo por vía democrática.

Hoy, cuando se conmemoran 40 años del fin de esa experiencia original y abortada en la ferocidad de las armas y el crimen, el pensamiento de Allende y su camino al socialismo emergen como un gran legado para las futuras generaciones. Ello significa pensar que socialismo y democracia no solamente son posibles y deseables, sino que además ambas dimensiones son esencialmente imprescindibles. Y no lo es en un sentido meramente teórico, lo es sobre todo en una praxis política de un modo dialécticamente nuevo de concebir esa relación. Tal como ha sido revelado en la feliz síntesis de Carlos Nelson Coutinho: “Sin democracia no hay socialismo y sin socialismo no hay democracia”.

* Doctor en Ciencias Sociales. Miembro de la Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina (RUPAL). E-mail: fmdelacuadra@gmail.com

1[1] Para no olvidar estos trágicos acontecimientos, actualmente un importante acervo de documentos, testimonios e informes de ese período tenebroso se encuentra expuesto en el Museo da Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet en enero de 2010, poco antes de concluir su mandato.

2[1] Enrico Berlinguer, Democracia, Valor Universal. Marco Mondaini: selección, traducción, introducción y notas, Brasilia/Rio de Janeiro: Fundación Astrojildo Pereira/Editora Contraponto, 2009, p. 82.
  
3[1] HRB representaba una medida de superficie que combinaba aspectos de productividad de la tierra (calidad y tipo de suelo), área geográfica, proximidad a carreteras y facilidad de acceso a los mercados. Durante la Reforma Agraria una HRB consistía en una hectárea de tierra bajo riego con un suelo clase I, localizada en el Valle del Maipo (región central) y próximo de la Carretera Panamericana (principal vía y columna vertebral del país).
  
4[1] Efectivamente, a esa fecha más del 70% de las expropiaciones programadas por el gobierno ya se habían realizado, siendo que el propio presidente Allende pensaba en concluir dicho proceso solamente al final de su mandato de seis anos.
  
5[1] Peter Winn, A Revolución Chilena; traducción de Magda Lopes, São Paulo: Editora UNESP, 2010, p 102.
  
6[1] Los “cordones industriales” eran agrupaciones de industrias y fabricas que coordinaban tareas de producción de una misma región o zona. Representaron junto con los Comandos Comunales, los Comités de Vigilancia y las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP) los fundamentos del poder popular durante ese período.
  
7[1] Frida Modak (coord.), Salvador Allende: pensamiento y acción, FLACSO-Brasil/CLACSO, Buenos Aires: Ediciones Lumen, 2008, pp. 83-84.



miércoles, 23 de mayo de 2012

¿Es democrática la democracia en Chile?


A primera vista, hablar de “democracia” en Chile pareciera un chiste de mal gusto. Existe la percepción de que vivimos en un país escasamente democrático, aunque las autoridades, la clase política y los medios de comunicación nos intenten convencer día a día de lo contrario. Es verdad, ya no existe una policía secreta como la Dina-CNI que persiga a quienes piensan distinto para torturarlos y asesinarlos. Es verdad, los chilenos podemos, por lo menos, elegir al Presidente de la república cada cuatro años y a los representantes del poder legislativo. Pero como todas las verdades en nuestro país, se trata de verdades a medias.

Pensar la democracia en Chile exige considerar dos aspectos fundamentales que explican, para decirlo eufemísticamente, la “democracia de baja intensidad” en que estamos sumidos desde hace décadas. La primera y más evidente se relaciona con nuestra historia reciente. La actual institucionalidad y el orden jurídico del Chile presente encuentra como fundamento una carta constitucional sancionada por una Junta Militar en los años ochenta del siglo pasado. Si bien, la carta magna ha sido objeto de reformas cosméticas a lo largo de veinte años, lo cierto es que en la letra y en el espíritu sigue siendo una constitución de “seguridad nacional”. En palabras muy simples: En términos políticos, Chile no ha abandonado el espacio judicativo impuesto por el pinochetismo.

La constitución que rige al país en la actualidad prolonga el diseño dictatorial tanto en lo económico como en lo político. La democracia chilena ha sido vaciada de todo contenido que ponga en riesgo el modelo social y económico concebido por las elites al amparo de los militares golpistas de 1973. De algún modo, la democracia chilena hoy es la prolongación de la dictadura por otros medios. Tanto es así que muchos personeros de la derecha política, hoy en el poder, participaron del aquel maridaje espurio entre el dinero y el terror que se escenificó entre paganas antorchas en “Chacarillas”.

La democracia en Chile tiene un pasado y un presente profundamente antidemocrático. Pues, junto a las razones históricas que perviven obstinadas, el presente no podría ser muy distinto debido a razones económicas estructurales. Instituido un orden tecno económico neoliberal los resultados están a la vista: Cuatro familias de nuestro país (incluido el primer mandatario) tienen un ingreso anual equivalente al 80% de la población. Tal como indica la OCDE, Chile se ubica entre los países con peor distribución del ingreso y con los mayores índices de pobreza de esta organización.

Una constitución antidemocrática y un modelo económico que concentra la riqueza no es, desde luego, el “milagro chileno” que se quiere vender al mundo. Hasta el presente, la “clase política” se ha mostrado inepta e impotente a la hora de canalizar el creciente malestar de los trabajadores y estudiantes. La llamada “clase política” ha sufrido un enclaustramiento que la disocia de los movimientos sociales, sumiéndola en una mal disfrazada atmósfera de corrupción y autocomplacencia: Es la crisis de los partidos políticos, tan ayunos de ideas como de liderazgos.

Las protestas callejeras durante el año 2011 están mostrando el sentir profundo de un pueblo que anhela, precisamente, reformas democráticas. Al revisar los índices en educación, salud y previsión social, se advierte un endeudamiento y pauperización generalizados, mientras las grandes empresas multiplican sus ganancias. La gran mayoría de los chilenos está padeciendo bajos salarios y un malestar creciente, mientras el Estado sigue ausente, maniatado por el dogma impuesto por la ideología del neoliberalismo.

Se hace difícil hablar de democracia en un país donde ex agentes de seguridad de la dictadura posan de demócratas y ocupan cargos. Es difícil hablar de democracia en un país donde hay calles y navíos de la armada que ostentan los nombres y fechas emblemáticas conmemorando el golpe de Estado. Es difícil hablar de democracia en un país donde se conjuga la impunidad, la represión policial y los buenos negocios. Es difícil hablar de democracia cuando millones de trabajadores deben enfrentar cada mes con un salario mínimo de poco más de trescientos dólares. Y no obstante, es necesario, acaso imprescindible como nunca antes, hablar, justamente, de democracia en nuestro país.

Por Álvaro Cuadra

Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. Elap. Universidad Arcis

jueves, 12 de enero de 2012

Una candidatura presidencial… ¿para qué?


Martes, 10 de Enero de 2012 09:35 Elias Vera Alvarez 

 Desde el momento mismo de su última derrota electoral, la Concertación  ha ido de conciliábulo en conciliábulo tratando de definir  algún recurso político que le permita volver al gobierno en 2014. Aún cuando el escaso 16 % de aprobación que revela la última encuesta de Adimark, no hace más que confirmar que la Concertación carece, tanto de fuerza social como de toda autoridad moral para nominar candidato presidencial alguno.

¿Bachelet?
La Concertación piensa que la nominación anticipada de un candidato/a es mucho más importante que los objetivos programáticos que éste/a debiera encarnar, pues lo que le interesa  es un nombre que supuestamente le ofrezca mayores garantías de un regreso fácil al gobierno de la Nación. Ese nombre es, como se sabe, Michelle Bachelet. Pues, aunque cada uno de los partidos concertacionistas, habla de ir a primarias con otros candidatos de sus filas, ninguno niega la preponderancia de Bachelet  sobre cada uno de ellos.  Bachelet es el único nombre que podría podría evitar la desaparición definitiva de la Concertación y ofrecerle la posibilidad de un nuevo período de gobierno. Por tanto, se trata  -antes que nada-  de una estrategia cuyo objetivo fundamental es  intentar salvar a la Concertación como coalición política y de proteger el presente y el futuro personal de cada uno de los parlamentarios y dirigentes concertacionistas. Los intereses del país y de la ciudadanía pasan  a un segundo plano. Como es habitual, el conglomerado omite elaborar estrategias o proyectos políticos orientados  a la transformación de la realidad nacional en concordancia con los anhelos de la gran masa ciudadana.

No sabemos con exactitud qué es lo que piensa Bachelet  ante la estrategia de la Concertación. Unos aseguran que será candidata, otros, que optará por afianzar su carrera internacional. De sus declaraciones en su reciente visita al país, en las cuales ha afirmado que no andaba vistiendo “traje de candidata”, se podría entender que el término complementario de aquella trunca afirmación, no puede ser otro que: “… todavía”. Hasta ahora ella no ha desmentido categóricamente que será candidata presidencial  en 2014 y, al contrario, se deja querer, se deja seducir y juega el juego ambiguo de los misterios. La única conclusión posible es que ella realmente sí quiere ser candidata, aunque no lo diga…, todavía, porque tampoco puede hacerlo.  Es necesario considerar que como portadora de un alto cargo dirigente de la ONU, no puede, en aras de su función y responsabilidad  y de su deber de lealtad y respeto al Secretario General que la designó en dicho cargo, andar anunciando prematuramente que, al mismo tiempo que ejerce sus funciones, también es candidata a la primera magistratura de su Nación de origen.

Un nuevo momento histórico
Todo esto ocurre al concluir un año sacudido por distintas movilizaciones sociales expresivas del descontento ciudadano.  La movilización estudiantil ha revelado  y actualizado la existencia de una yacente, profunda y dolorosa  realidad social que tiene como bandera la impostergable  transformación política y social de la Nación. Decíamos hace algunos años atrás: “…mientras los borregos no adquieran real conciencia de su borreguismo, jamás van levantar la voz ni enarbolar bandera alguna tras una nueva Constitución Democrática. Seguirán culpando al empedrado...” Ese momento, por fin  ha llegado. Gracias al movimiento estudiantil, el borregismo nacional construido por el golpe armado derechista y refrendado legalmente en la Constitución Antidemocrática de 1980, ha comenzado a despertar.  Y comienza a hacerlo  desde las generaciones más jóvenes del pueblo.  El primer síntoma de este  despertar  lo constituyó, la traicionada rebelión de los “pingüinos” de 2006 y se encuentra ahora en proceso de desarrollo y consolidación en la actual movilización estudiantil.

La historiografía deberá consignar en el futuro, como mérito exclusivo de los estudiantes y jóvenes del país, la eclosión en el período 2006-11 de un nuevo momento histórico en la política nacional. Un momento signado por el surgimiento de una nueva conciencia  social y política, la que se levanta desde el seno mismo de la dictadura, pues, son los hijos y nietos de ésta quienes la crean y le dan vida y expresión.  Se prueba una vez más que toda dictadura lleva en sí, los gérmenes de su propia destrucción.  Bajo el peso de la realidad que los agobia, por la fuerza del sentido común y bajo  el influjo de la protesta estudiantil , los borregos han comenzado a admitir la causa de su condición de servidumbre y explotación y han comenzado a apoyar la movilización de estudiantes y jóvenes.  Han comenzado a comprender que la lucha juvenil,  no es otra que la de ellos mismos. Y lo que es aún más importante, con el ejemplo de los estudiantes, han comenzado también a perder el miedo instalado en sus corazones por la dictadura  -primero armada y luego jurídica-  que dura ya 38 largos años. Aunque  esta lucha, que apenas comienza, predice duros batallas hacia adelante.

Una candidatura presidencial…¿para què?
En medio de este escenario, la clase política continúa mirando hacia la pared y banaliza la importancia y significación de este despertar; continúa funcionando como si no ocurriera nada trascendente en el país y se da el lujo de pensar prematuramente en términos eleccionarios y  comienza a barajar distintos nombres de centro y de derecha, como eventuales candidatos a la próxima elección  presidencial. Desde el punto de vista de quienes comienzan a despertar políticamente y adhieren a la lucha estudiantil, la interrogante ha dejado de ser el nombre de éste o del otro candidato/a ; lo que interesa, es decir, la gran interrogante,  es y seguirá siendo, el PARA QUÈ de cualquiere eventual candidatura?  Este “¿para qué?”  es lo que ha de definir para la ciudadanía la trascendencia o intrascendencia de la elección presidencial próxima.

La nueva conciencia social y política que despierta y se moviliza, necesita saber de qué modo esa candidatura presidencial puede ser expresiva o no de sus anhelos de justicia social, económica y política. Estos últimos 38 años, dicha conciencia  ha sido aplastada y hasta desmenuzada por una sucesión interminable de crímenes, de atropellos,  de expoliación, de corrupción, de marginación, de ambigüedades, de traiciones y de desprecio. Consecuentemente, a esta nueva conciencia ya no le basta con políticas elaboradas para evadir toda modificación de las estructuras políticas y sociales del país, ni con iniciativas de protección social que sólo prueban la perpetuación de la injusticia y la marginación social. Ya no le basta con discursos sibilinos y falaces que no comprometen a nada o que anuncian realizaciones que no serán cumplidas. La nueva conciencia ya no puede seguir aceptando el perpetuo destierro de la justicia y de la ética de la praxis política. El candidato que represente a esta gran masa ciudadana debe  expresar de modo claro e inequívoco  cómo piensa acometer la transformación social, política y económica del país. Debe aclarar cómo piensa deben restituirse a la ciudadanía sus derechos soberanos… cómo piensa que debe llevarse a  cabo la transformación estructural del país y del Estado… cómo piensa que debe ponerse fin a la dictadura  constituciónal impuesta a sangre y duelo por la derecha armada.

Por tanto, al contrario de lo que pretende la Concertación  -acuciada por el espejismo de su propio beneficio-  la primera condición a consolidar por quienes abogan por el cambio social, no es la de designar anticipadamente un candidato o candidata presidencial, sino determinar, clara y específicamente, “para qué” se necesita un candidato/a, cuestión previa y fundamental si se quiere dar expresión al sentir y pensar mayoritario de la ciudadanía. Según lo revelan las encuestas, la popularidad transversal de que goza Michelle Bachelet, sería una garantía de éxito electoral para quienes la apoyen, pero el pueblo chileno necesita muchísimo más que el éxito eleccionario que lo lleve a la presidencia de la República con ella; ya lo hizo durante veinte años al entregarle su confíanza a la Concertación y a cada uno de sus cuatro presidentes, sin lograr re-establecer ni su soberanía política, ni profundizar y ampliar la democracia, ni derribar los enclaves del poder dictatorial de la derecha, ni hacer mella en el salvajismo depredador del sistema económico neoliberal.

De aceptar su candidatura, esperamos ver y oír a Bachelet en el momento oportuno, dando a conocer al país claramente su pensamiento respecto de todos los problemas fundamentales que lo aquejan y su voluntad de adoptar como suyo un programa político democrático para la transformación política y social que la ciudadanía exige. La popularidad de que goza le impondrá el deber moral de pronunciarse de modo prístino, valiente y categórico respecto a la trascendente tarea que el pueblo desearía encomendarle.

La subversión constructiva
La nueva conciencia que se levanta a hombros de la movilización estudiantil lleva en sí una impronta pura y auténtica de democracia, de libertad y de justicia social, imposible de desconocer o de eludir, pero que ha sido resistida de modo soberbio con la retórica demagógica y las medidas represivas que ha adoptado el gobierno de Sebastián Piñera en su contra. El nuevo momento histórico dictamina que ya no podemos seguir jugando el falso juego de la democracia dentro de un sistema despótico y opresivo, que margina e impide a la ciudadanía su libre y soberana expresión política. Este nuevo momento exige abandonar los eufemismos y que se llame dictadura a lo que es dictadura, que se llame mentira a lo que es mentira. O estafa a lo que es estafa. En suma, es el momento de comenzar a llamar las cosas por su nombre y dejar de adscribirse a las falacias y a las pirotécnias pseudo democráticas impuestas por la derecha y validadas por la Concertación. Los estudiantes nos demuestran que no temen a la calificación de subversivos o extremistas, lo que los enaltece, por la simple razón de que en un mundo de mentiras, la verdad siempre será subversiva. Más aún, porque su subversión es aquella que aspira a la ampliación de la democracia, de  la libertad y de la justicia social para las amplias mayorías ciudadanas y no aquella otra, la que tiene por objetivo suprimirlas, en beneficio de una minoría individualista, depredadora y codiciosa. Este nuevo momento histórico exige la presencia de hombres, mujeres y jóvenes imbuídos de valores éticos, de capacidad de raciocinio, de sentimientos de justicia, de humanismo.

Todo hace presumir que las demandas de los estudiantes y la movilización de éstos, han de extenderse inevitablemente hacia otros sectores sociales y adquirirán  -independientemente de su resultado próximo o inmediato-  un protagonismo fundamental en la próxima elección presidencial. Hasta ahora no se advierten signos de que la tozudez ideológica del gobierno vaya a ceder a la presión estudiantil en algún momento del año que se inicia, lo cual ocasionará que el petitorio de los estudiantes por un cambio del sistema educacional, ha de transformarse necesariamente en una plataforma de lucha generalizada de la ciudadanía por cambios estructurales en el sistema político y social. Y lo que debería ser una elección presidencial más, podría (¿debería?) adquirir carácter de verdadero plebiscito.

Otra vez… “el referente político necesario”. 
La perspectiva de una elección/plebiscito constituye una luz esperanzadora propicia para el cambio social y más aún, debiera ser el objetivo fundamental de la lucha ciudadana, encajonada en los márgenes restrictivos de la Constitución, del sistema binominal y del retrógrado ideologismo derechista. Pero, una luz esperanzadora en el camino, no deja de ser apenas una luz lejana y para llegar hasta ella es necesario la existencia de diversas condiciones, las cuales, si no existen debieran ser creadas. Estas condiciones indispensable son en el Chile de hoy, primero, un programa político transformador y luego una fuerza social organizada. 

Hemos      Hemos señalado en un artículo anterior la necesidad de un referente político orientador de las expectativas de transformación política y social de la Nación. Es necesario insistir en ello. Esa altísima proporción mayoritaria de la ciudadanía que desea dar un vuelco radical a las actuales condiciones que la marginan de toda decisión relativa a sus propias existencias, carece de conductos orgánicos que le den expresión. Su convicción es que los partidos tradicionales, tanto de izquierda como derecha, dejaron de ser hace ya mucho rato funcionales y representativos de sus intereses. Sencillamente ya no sirven como mecanismos de la democracia y se hace necesario crear nuevas formas de participación ciudadana en la gestión política. Sin embargo, para que ello ocurra es indispensable la concurrencia de ideas y principios que den origen a un programa político que pueda concitar la aprobación mayoritaria de la ciudadanía, ya sea para un nuevo gobierno o para establecer una Constitución Política Democrática. Esta es la tarea primaria y anterior a la elaboración de cualquier estrategia por la disputa del gobierno o el poder político y por consiguiente, anterior a cualquier nominación en una elección presidencial.

Como primer paso en dicha dirección, creemos necesaria la elaboración de un documento de  carácter principial, el que debiera referirse, mínimamente a tres aspectos primordiales de la acción política: 1) Una amplia declaración de principios referidos a ética política, al ejercicio de la soberanía ciudadana y a los Derechos Humanos. 2) Criterios fundamentales referidos a la organización democrática de la sociedad, a la organización del Estado, a la organización de la economía. 3) Directrices políticas y éticas para un programa de gobierno. Como lo hemos señalado anteriormente, este documento debe transparentar un carácter incluyente y unitario y debería ser expresión de todo aquello que la mayoría ciudadana considera lo que es racional, lo que es justo y lo que es ético en la gestión política.

En la práctica, debe constituir un recurso inicial para la discusión y para la organización progresiva de los ciudadanos en torno a tareas políticas posteriores más ambiciosas y que requieren un grado más alto de organización. Inicialmente, promoverá la concordancia de aquellos millones de chilenos apartados trapacera- y deliberadamente de toda decisión política, tras el objetivo común de re-conquistar su condición de sujetos de la política y de re-asumir sus facultades de transformación de sus propias vidas. Una concordancia de este tipo debe traducirse de modo natural y en algún momento, en alguna forma de organicidad que dará fuerza y cuerpo a una instancia social operativa, expresiva de una sola voluntad política tras una nueva democracia.

Antes de ello, dicho referente político hará posible la unificación de criterios y voluntades y será, a la vez, un medio para contrarestar la filosofía y la praxis de quienes utilizan la política sólo para cimentar posiciones de poder y beneficios particulares de un grupo o clase social. La derecha política esta totalmente inhabilitada,  histórica y moralmente, para la elaboración de una declaración de principios  que interprete los intereses de la ciudadanía en términos de democracia, de libertad y de justicia social. No puede hacerlo. Consecuentemente, el compendio principial que proponemos, reflejará por una parte el perfil ético y político de los portadores de esta nueva conciencia y actores del nuevo momento histórico y será, además, un valioso instrumento para la identificación de las artimañas políticas e intelectuales de quienes se oponen a la transformaciónes a que aspira la ciudadanía.

En los momentos en que escribimos estas líneas, nos enteramos del proyecto político de Giorgio Jackson, dirigido a crear un llamado Colectivo por la Revolución Democrática. A la vez, tenemos en la memoria el libro que edita Camila Vallejo, titulado: “Podemos transformar el mundo”. Y nos regocijamos por ello. Son constataciones de la nueva conciencia en acción en el nuevo momento histórico creado por ella misma.  Los estudiantes, principal fuerza social organizada tras la transformación de la sociedad, pueden asumir con plena autoridad moral e intelectual la creación del referente político que propiciamos.

La búsqueda anticipada de candidatos presidenciales en medio de la crisis social y política sin solución que vivimos,  es  escasamente razonable y apunta a estar colocando los bueyes delante de la carreta. Por lo demás, para los ciudadanos políticamente conscientes carece de sentido seguir haciendo lo de siempre, es decir, aceptando candidatos designados “por secretaría” y por terceros, sin haber decidido por sí mismos quienes y para qué. La experiencia de veinte años, ha invalidado totalmente el procedimiento.