miércoles, 16 de marzo de 2011

Declaración Pública 10 años COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos.  Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar.  La labor desplegada al respecto por la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), posibilitó que, en el 2004, haya sido implementada la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
Al conmemorar diez años de existencia y de lucha por la erradicación de los delitos de lesa humanidad, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) considera un deber manifestar al país lo siguiente:
1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, no obstante las acciones desarrolladas para ello por la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.
2º La práctica de la tortura se ha extendido a tal punto que los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las personas detenidas en movilizaciones sociales.  Se suma a esto el tratamiento dado a los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.
3º De manera especial, se debe mencionar la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, transgrediéndose tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, lo que se expresa en la forma arbitraria de aplicación de la “Ley Antiterrorista”, que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el gobierno.   A modo de corolario, se favorecen los intereses de terratenientes y de empresas transnacionales y grupos económicos nacionales que les son afines y que cuentan con el resguardo de las  instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.
4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del Cuerpo de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en relación al entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Recientemente, en medio  de los citados entrenamientos, han fallecido dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros.  Hasta el momento, la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.
5º En este marco, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendadlo al Estado de Chile el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.
7º La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico, a denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA TORTURA, así como también la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y  de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.
8º La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) otorga su irrestricto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en la impunidad y entre en vigencia el mecanismo de prevención de la tortura, con la instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.
10º Tras diez años de existencia, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) reafirma su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”.
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA (CECT).
Santiago de Chile, 15 de marzo de 2011.
correo@contralatortura.cl.

domingo, 13 de marzo de 2011

Primera Piedra Nº 404 del 14 de marzo de 2011

Primera Piedra Nº404 14.03.11                                                                                            

sábado, 12 de marzo de 2011

LIBERTAD DE PODLECH CAUSA INDIGNACION EN ITALIA

ROMA Y SANTIAGO DE CHILE, 12 (ANSA) - El Partido Democrático italiano (Pd) el principal de la oposición, expresó "desconcierto e indignación" por la liberación de Alfonso Podlech Michaud, investigado junto a otras 139 personas por la desaparición de 25 personas de origen italiana, durante la dictadura militar en Chile.
Podlech, fiscal de Temuco durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet, salió anoche de la cárcel romana de Rebibbia, en aplicación de un fallo del tribunal del reexamen de Roma, cuya función es revisar la situación de personas detenidas.
Francesca D'Ulisse, responsable nacional del PD para el continente latinoamericano, subrayó "la singular coincidencia temporal de la liberación de Podlech con la reciente visita de Estado del presidente de Chile, Sebastián Piñera a Italia".
D'Ulisse dijo que espera que "los dos casos sean absolutamente independientes y que no ocurra, otra vez, que los intereses de justicia y verdad hayan sido sacrificados en aras de una política internacional a la que este gobierno nos ha lamentablemente acostumbrado y de la cual nunca seremos cómplices".
"Estoy cercana en este momento a cuantos en Italia y en Chile, luchan en nombre de la memoria a la búsqueda de la verdad y de la justicia, para hacer luz sobre una época tristemente conocida de la historia chilena y latinoamericana y para que "nunca más se queden sin castigos casos de violación de los derechos humanos", concluyó la responsable del PD.
Podlech, procesado por la desaparición del sacerdote Omar Venturelli, en 1973, anunció a través de su abogado que luego de su liberación permanecerá en Roma.
"Se quedará en Italia para seguir el proceso, ya que es su intención demostrar su total inocencia", afirmó Nicola Caricaterra, su representante legal, al diario chileno El Mercurio.
Podlech fue arrestado en julio de 2008 en Madrid y está acusado de masacre, secuestro de personas y homicidio múltiple agravado por la desaparición de Omar Roberto Venturelli Leonelli, ex sacerdote de origen italiano.
El abogado Caricaterra confirmó que Podlech "estará presente en la próxima audiencia de su proceso, el 5 de abril". GAT
12/03/2011 17:10

sábado, 5 de marzo de 2011

Familiares de Ejecutados Políticos presentan querellas por muerte de Salvador Allende y 566 víctimas

Paula Correa
allende
A 20 años de la entrega del Informe Retting, la agrupación fue recibida por el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y recalcó que la presentación es "una acción de justicia para hombres, mujeres, niños y adolescentes que aún no tienen verdad ni justicia". Además, pidieron que el Gobierno se haga parte en las acciones judiciales.
Cuando se cumplen 20 años del Informe Rettig, este viernes la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, y una amplia comitiva, hicieron entrega al ministro Mario Carroza de 403 querellas por homicidio calificado, ante la violación a los derechos básicos de 566 víctimas.
Entre ellas se encuentran cuatro nonatos, hijos de madres torturadas, una niña de 25 días y 63 niños y adolecentes desde ocho años hasta 19 años, ejecutados entre 1973 y 1990, la mayoría durante los primeros años de la dictadura militar.
Alicia Lira declaró que “estamos realizando una acción de justicia a los hombres, mujeres, niños y adolescentes que fueron asesinados y que aún no tienen ni verdad ni justicia. A estos 20 años (del Informe Retting), nuestra agrupación y nuestros abogados vamos a presentar también la querella por la muerte de nuestro querido presidente Salvador Allende, donde exigimos que se investiguen plenamente las causas de su muerte y se haga justicia”.
Pese al rechazo de la familia ante esta iniciativa, corroborando la teoría del suicidio, el abogado de la asociación, Eduardo Contreras, señaló que se trata de un paso muy importante, ya que no es posible aceptar que la muerte de un Presidente quede en la impunidad e ignorancia total.
El abogado indicó que “no se pueden aceptar dogmas de fe cuando todos sabemos que el cuerpo del Presidente fue acribillado a balas por los militares y no se tiene certeza de cuál de las balas fue la que causó su muerte”, y añadió que el país tiene derecho a conocer la verdad.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, recibió las querellas y reiteró que “el Poder Judicial hace un esfuerzo con el fin de aclarar el tema de los DD.HH. y poder abarcar toda la cantidad de víctimas para las que no hubo acción en su momento, entre ellas, la del ex presidente Salvador Allende. Haremos el esfuerzo posterior para aclarar, investigar y dilucidar con una verdad jurídica, este tema histórico”, dijo.
Los dirigentes manifestaron su molestia ante la falta de empuje en la investigación durante los 20 años de gobierno de la Concertación e hicieron un llamado al actual Gobierno, en particular al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a hacerse parte de las querellas para asegurar un debido proceso.
Hoy también se realizó una manifestación a las afueras de los Tribunales de Justicia recordando los 20 años desde que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación hizo entrega del Informe Rettig. En el encuentro, la encargada de DD.HH. de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Eugenia Puelma, se refirió al trabajo pendiente e hizo un llamado a la sociedad a involucrarse: “Falta mucho para la justicia y la verdad, hay que hacer mucha más investigación. Hay casos que aún no se han visto, ha habido una negligencia y una gran desidia de parte del sistema judicial en relación a las causas de DD.HH. y es tiempo de que eso cambie. Hay que cambiarlo a través de la movilización de las propias agrupaciones, pero de la sociedad en general. No es un tema solo de las víctimas y sus familiares, es un tema de la sociedad chilena, porque ésta debe sanar estas heridas a través de verdad y justicia”, aseguró.
Se espera que con estas investigaciones se establezca la verdad, pero también que, de alguna manera, el Estado pueda reparar el dolor de las cientos de familias que fueron víctimas de la dictadura militar.

jueves, 3 de marzo de 2011

Tomás Mosciatti: "El tono maternal de Bachelet me parece ahora falso y p...

Publicado por Camila Álvarez
 
Radio Bío Bío

El Gobierno de Bachelet aprobó una termoeléctrica de la empresa AES Gener en un área verde. El proyecto fue autorizado por funcionarios de Corema, los que tenían exclusiva confianza de la ex presidenta.
En este caso triunfó el lobby y la ilegalidad, ya que no se tomó en cuenta lo que señaló la Contraloría y la Corte Suprema, que no permiteron que se emplazara una termoeléctrica en un área verde, para lo que modificaron la ley, mediante el decreto supremo 68 el 31 de diciembre de 2009, cuando se terminaba el Gobierno, para hacer un panorama perfecto para AES Gener.
El municipio de Puchuncaví nunca estuvo de acuerdo, hasta que AES Gener les entregó dinero. Los responsables de la situación son los ministros de Vivienda y el ministro del Interior de la época y naturalmente la presidenta Michelle Bachelet. Además del lobby que hizo Cristina Bitar y la oficina de abogados que defiende ahora, de la que fue parte el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Lo que ahora se conoce, con los cables de WikiLeaks, son las presiones que ejercieron AES Gener, con el Gobierno, alineandolos a todos para cometer la ilegalidad, lo que significó que todo el Gobierno de Bachelet se alineo con esto.
El comentario es de Tomás Mosciatti de Radio Bío-Bío para CNN Chile.

Wikileaks revela presiones de EEUU y red de influencia política de AES Gener en Chile

Un nuevo cable de Wikileaks, dado a conocer por el sitio periodístico Ciper Chile, reveló cómo las presiones de la embajada de Estados Unidos lograron que la ex Presidenta Michelle Bachelet y su gabinete pasaran sobre un fallo unánime de la Corte Suprema y la institucionalidad medio ambiental para lograr la aprobación de la termoeléctrica Campiche. Escándalo que roza además al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Fue en junio de 2009, luego de la larga pelea que la comunidad de Puchuncaví había dado para impedir que ahí se instalara termoeléctrica a carbón, que la Corte Suprema, por unanimidad falló en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso, que en 2008 había aprobado la construcción de la central Campiche. Según el máximo tribunal, la resolución era ilegal pues no consideraba el uso de suelo para áreas verdes con el fin de permitir la construcción del proyecto altamente contaminante lo que “provoca un menoscabo evidente al entorno” y vulneraba  el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

El fallo de la Suprema encendió la alerta en Washington ya que AES Gener, empresa de dueña de Campiche, es la filial de AES, la segunda compañía energética de Estados Unidos, según informa Ciper y detalla que la inversión que en ese momento quedaba paralizada ascendía a US$ 500 millones. Además, la termoeléctrica buscaba generar 270 MW de potencia, correspondiente a un tres por ciento de la matriz chilena en ese momento y a un diez por ciento de los proyectos en construcción.
Fue entonces que el embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, según revela Wikileaks, tomó cartas en el asunto y comenzó un fuerte lobby al interior de La Moneda. Repartiendo entre los ministerios una carta del secretario de Comercio en Washington, Gary Locke, el diplomático aseguraba que la paralización de Campiche ponía en riesgo la inversión extranjera en el país, no sólo de Estados Unidos, también de Corea e Italia, proveedores del proyecto.
Y Simons encontró un apoyo cerrado en las autoridades chilenas. Luego de reunirse con los entonces ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de Energía, Marcelo Tokman, y de Economía, Hugo Lavados,  el embajador recibió todo el respaldo del gobierno para “resolver el problema” y sacar adelante el proyecto, incluso, el jefe de gabinete se comprometió a dedicar al mejor de sus asesores a solucionar el tema.
El blanco de las gestiones diplomáticas para instalar la empresa privada estadounidense en Chile era ahora el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag, pero ahí también las puertas estuvieron abiertas… y de par en par, ya que como se revela en los cables, el director del organismo público se reunió al menos seis veces con los ejecutivos de AES Gener para trabajar en conjunto los pasos que los llevarían a obtener el permiso medio ambiental.
La piedra de tope que ahora quedaba era, precisamente, la calificación en el uso del suelo impugnada por la Suprema. El tema era resorte de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y hasta esa repartición llegó entonces Simons el 9 de noviembre de 2010. Según el cable revelado por Wikileaks, en la reunión la secretaria de Estado reconoció que “ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”, entre ellas, una llamada de la Presidenta Bachelet.
El embajador contó además que en el encuentro la ministra Poblete le señaló que hubiera sido más simple recurrir a ella antes de comenzar a construir la termoeléctrica y no perder tiempo en gestiones con la cartera de Energía.
Acordaron cambiar el Plan Regulador de la zona para permitir el emplazamiento de Campiche. Trabajo en el que ya estaba abocado ese ministerio y que, en vista de que la propuesta había recibido 66 observaciones desde la Contraloría General de la República, Poblete le contó que estaban conversando directamente con la oficina del contralor Ramiro Mendoza para asegurarse de que fuera aceptado.
Pero el gobierno de Bachelet ya estaba llegando a su fin y el tiempo apremiaba. En una movida estratégica, AES Gener decidió mirar hacia el futuro y contratar al estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para llevar la arista judicial del caso.
Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, se reunió con la ministra Poblete y le contó a Simons que le había señalado que el cambio en el Plan Regulador se demoraría hasta febrero de 2010, pero que el gobierno barajaba la opción de modificarlo por decreto si fuera necesario. Y así fue, el 31 de diciembre de 2009, a pocos días de dejar el poder, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 68 donde cambiaban las condiciones del juego estableciendo que si el 30 por ciento de la superficie permite un uso de suelo para actividades productivas, se podrán desarrollar.
Esa era precisamente la situación en la que se encontraba la zona donde se emplazaba Campiche, con un 33 por ciento del terreno destinado a uso industrial. El camino estaba ahora despejado para la instalación de la termoeléctrica, pues con esto se echaban por tierra además los argumentos que había esgrimido la Corte Suprema en su fallo.
Era el alcalde de Puchuncaví, hasta ese momento uno de los más férreos opositores al proyecto, el último escollo por salvar. La solución salió del bolsillo: la empresa se comprometió a invertir cerca de cuatro millones de dólares en la comunidad y ochenta millones de dólares para mejorar la tecnología de las cuatro plantas termoeléctricas emplazadas en la zona. Un aporte de campaña al que ningún alcalde se puede negar.
“Santos en la corte”
Pero la “presencia” de AES Gener en Chile no se limita a Campiche ni al pasado gobierno.
A través de Empresa Eléctrica Angamos, AES Gener contempla comenzar a operar en abril la primera unidad de la termoeléctrica Angamos, en Mejillones. El proyecto está conectado con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), su construcción ha estado a cargo de la empresa surcoreana Posco Engineering & Construction Co. y la filial tiene contratos con Minera Escondida y Minera Spence, ambas de BHP Billiton, para vender casi la totalidad de la energía que produzca.
En la misma bahía de Mejillones se desarrolla la termoeléctrica Cochrane, que contempla la inversión de US$1.100 millones mediante la filial Norgener y fue aprobada por la Corema de Antofagasta en septiembre de 2009.
La compañía también desarrolla la central termoeléctrica Los Robles, en el sector Punta Pacoco de Constitución, con una inversión de US$1.300 millones. El proyecto fue aprobado por la Corema del Maule, decisión criticada duramente en un informe de la Cámara de Diputados que subraya sus efectos en el medioambiente.
Asimismo, AES Gener impulsa el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado a fines de marzo de 2009 por la Corema metropolitana. Implica una inversión de US$700 millones para la construcción de dos centrales, Alfalfal II y Las Hojas, que abastecerían con 531 megawatts al Sistema Interconectado Central. Sus efectos en los ríos del valle y el abastecimiento de agua potable en la región Metropolitana provocaron oposición ciudadana y también cuestionamientos desde la Cámara de Diputados. Aun así, el ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló en noviembre que el proyecto tendría un impacto ambiental bajo. La compañía espera iniciar las obras este año.
Sin embargo, el escándalo que se generó al conocer el contenido de los cables diplomáticos detallando la red de influencias a la que hizo mano la empresa estadounidense, motivó a parlamentarios socialistas a pedir que se investiguen estas denuncias.
Marcelo Díaz, diputado PS, recalcó que con esto se revela  “el poder económico, articulado con el poder político y lobbysta… hoy día uno de ellos ministro del Interior que estuvo detrás del lobby de Campiche, y que también tiene vínculos privados con Castilla, y antes otro ministro del Interior. Aquí lo que está en juego es la legitimidad y la ley en la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por estos megaproyectos que tienen impactos medio ambientales devastadores”.
Efectivamente, tener al ex abogado de la empresa, Rodrigo Hinzpeter, como ministro del Interior, le podría dar confianza a la multinacional de poder salvar los escollos con los que se puedan encontrar para ejecutar sus proyectos energéticos, pese a la oposición ciudadana y a las fiscalizaciones de los diputados.
El ímpetu indagatorio de los diputados, quienes solicitan ampliar el plazo e incluir estos antecedentes en la comisión investigadora por aprobación de proyectos energéticos que actualmente funciona en la Cámara, fue bien recibida desde La Moneda.
“Me parece estupendo, creo que una de las facultades de la Cámara es la de fiscalización, si quiere fiscalizar las acciones del gobierno anterior en esta materia, bienvenido sea”, dijo confiado el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
Lo que el secretario de Estado no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo “santo en la corte”: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener.



sábado, 26 de febrero de 2011

Carbón magallánico: lo barato puede costar caro

PUBLICADO POR JUAN-PABLO PALLAMAR


La explotación de carbón a tajo abierto tiene un impacto irreparable en el medio ambiente. El polvo-carboncillo que se desprende de los inmensos movimientos de tierra, forman un manto, que cubre la vegetación, la fauna y los recursos hídricos en decenas de kilómetros cuadrados a la redonda. Un verdadero veneno para la biodiversidad. Luego, en un segundo proceso, su combustión es la más contaminante. Libera millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. El principal gas que agudiza el efecto invernadero, responsable del calentamiento global, que amenaza el clima del planeta con cambios irreversibles (que ya afectan al mundo y también a Chile). A esta crisis ecológica se suma una crisis energética. Chile es vulnerable a ésta. Más del 95%[1] de su consumo final de energía proviene de la importación, que la hace dependiente a un alto riesgo sobre su desarrollo. Entonces, ¿por qué pareciera que el gobierno carece de una política de desarrollo que considere las actuales crisis ecológica y energética?

La energía es un mercado más para el gobierno.
La rentabilidad monetaria parece el único criterio prioritario del crecimiento que el ejecutivo busca fomentar. Inclusive, para sectores estratégicos como -por ejemplo- el transporte y las telecomunicaciones, la energía y la minería.

¿Cómo se justifica el proyecto carbonífero de Isla Riesco?
Por un lado, el argumento de la seguridad energética es dudoso, poco transparente y engañoso. Isla Riesco no es sinónimo de más energía para el país pues su objetivo sólo es reemplazar el carbón importado que actualmente abastece las termoeléctricas. Entonces, ¿seremos menos dependientes energéticamente? No, porque el carbón sólo representa el 2%[2] del consumo final de energía nacional. Sin embargo, es un negocio seguro y rentable (en este caso, para los Von Happen y Angelini), pues gracias a un monopolio otorgado con el gentil auspicio del Estado, que le aseguran una demanda interna, Isla Riesco podrá potenciarse para la exportación hacia crecientes mercados de carbón como el Chino. Todo, manteniendo la dependencia energética y destruyendo el medio ambiente.

Más aun, ¿desarrollo nacional o privado?
La industria del carbón no es estratégica para el desarrollo (no, si es una cuestión de país). Su valor agregado es limitado, pues no hay, más allá de su utilidad energética, una significativa industria asociada de productos derivados, a diferencia del petróleo y el gas. La creación de polos industriales y de investigación (clusters) que reproduzcan un desarrollo técnico, productivo y de innovación con impacto en el desarrollo nacional y en esos nuevos puestos de trabajo que ya están publicitando, no es posible con el carbón (ni siquiera en su época de oro: el siglo XIX). Las características de este proyecto aprobado por el ejecutivo siembra la duda en cuanto a sus reales objetivos, pues parece solo beneficiar un pequeño y poderoso sector privado, con la capacidad financiera de levantar proyectos de estado.

No obstante, se está improvisando en materia de medio ambiente.
La política de medio ambiente del ejecutivo es reactiva. Hay carencia de una política de medio ambiente integrada a una estrategia de energía coherente con los desafíos que la crisis ecológica y energética impone.

La reducción de emisiones de CO2 es un compromiso global.
Pero la aprobación de la carbonífera en Magallanes, va contra el combate de la erosión de los suelos y el calentamiento global y la preservación de la biodiversidad mediante la reducción nacional de las emisiones de CO2, que vienen incrementándose sostenidamente. Nada más entre el 2001 y 2008, Chile aumentó sus emisiones de CO2 en 20 millones de toneladas. Alcanzando emisiones por 73 millones de toneladas de CO2 en 2008[3]. Y a juzgar por el impacto que una mina de carbón a tajo abierto desencadena en sus alrededores, el manto de carboncillo también se posa sobre la institucionalidad medioambiental de nuestro Estado.

La reacción como política ambientalista.
Más aun, el gobierno improvisa y reacciona. El discurso pro-ambientalista de Piñera ha sido política sólo cuando ha sido contestado por la ciudadana. Así ocurrió con la termoeléctrica de Punta de Choros. Su credibilidad fue amenazada en 2010 por la ciudadanía, luego que le hicieran ver la contradicción entre su discurso de campaña y las políticas aplicadas por su gobierno. Lo que agrega más dudas en cuanto a la existencia de una verdadera política pública de medioambiente.

En consecuencia, Isla Riesco parece más bien una empresa de exportación de carbón. Una verdadera política energética significa sustituir progresivamente el petróleo, el gas y sus derivados, que representan más del 80%[4] de nuestras importaciones de energía, por otras alternativas que permitan combatir el calentamiento global. Por eso, una política ecológica y sustentable de medio ambiente y de energía, son decisiones estratégicas para Chile. Modelan el desarrollo que queremos y el cómo queremos construirlo. Requieren, entonces, de un debate país. Público, fuerte, participativo, franco y de largo plazo. Pues es vital una ciudadanía informada y participativa, para que las alternativas que el país adopte sean coherentes, compartidas y comprendidas por el conjunto de las y los chilenos. Son desafíos nacionales y globales de tal magnitud, que van más allá de la representatividad de las autoridades de turno. Lo barato –como dice el sabio refrán- puede costar caro.-

[1] Ministerio de Energía de Chile. Balance energético 2009. URL: http://www.minenergia.cl/minwww/opencms/14_portal_informacion/06_Estadisticas/Balances_Energ.html
[2] International Energy Agency (IEA). URL: http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=CL
[3] OECD, estadísticas. CO2 emissions from fuel combustion. Paris, 2010. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/environment/co2-emissions-from-fuel-combustion_2075826x-table1
[4] International Energy Agency (IEA)2008, Energy Balance for Chile. URL: http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=CL
Publicado por Juan-Pablo Pallamar / ex Presidente de la JSCH

-- 
Juan-Pablo Pallamar Urzúa
www.pallamarjp.blogspot.com 
www.scribd.com/jppallamar
(+33) 06.23.54.40.10

jueves, 24 de febrero de 2011

Siguen las funas a Sergio Romero en España

Por The Clinic Online


Una veintena de organizaciones políticas, pro derechos humanos y académicas tienen hasta las masas al actual embajador de Chile en España, Sergio Romero. Ayer miércoles fue la última funa que le hicieron en un acto público, mientras el ex senador era presentado frente a empresarios de ese país. Contactados por The Clinic Online, los chilenos residentes dicen que continuarán con sus acciones hasta que Piñera lo retire de la sede diplomática.
En su corta estadía, el ex senador Sergio Romero y actual embajador de Chile en España, ya acumula cuatro funas de los chilenos residentes en Madrid, lugar donde está la sede diplomática. Ayer, fue la última. A eso de las 19:30 horas y en el marco de una jornada que organizó la casa regional de La Rioja en esa ciudad, un grupo de chilenos agrupados en distintas federaciones funaron el acto. En las fotografías, donde se puede apreciar a un molesto Romero, estaban presentes empresarios españoles y chilenos.
Los manifestantes le enrostraron a Romero su participación en dictadura y su apoyo, según ellos, que le dio a Colonia Dignidad.
Justo en el momento en que Romero haría su discurso, los manifestantes presentaron pancartas y le gritaron su curriculum completo. “No se puede ni olvidar, ni menos obviar los compromisos reales que tuvo este personaje en tiempos de dictadura, como también su férrea protección de los intereses de Pinochet y del líder de la Colonia Dignidad, el oficial nazi Paul Schäfer”, conocido también como “Tío Permanente”, quien murió el pasado el 24 de abril de 2010 en prisión luego de ser condenado por homicidio calificado, infracción a la ley de armas, torturas y abuso sexuales contra los menores que vivían en Villa Baviera.
Según los chilenos residentes en España, actualmente existen una veintena de organizaciones sociales pro derechos humanos, académicas y también de partidos políticos en Madrid que han manifestado su repudio y han exigido que Piñera retire al embajador en esa sede.
Las organizaciones explicaron a The Clinic Online que continuarán con las funas hasta que el mandatario cumpla la promesa que le hizo al analista político Patricio Navia de “no contar con colaboradores relacionados con problemas de derechos humanos en su gobierno”.

vER ENLACE
http://www.theclinic.cl/2011/02/24/siguen-las-funas-a-sergio-romero-en-espana/


Víctor Sáez

lunes, 21 de febrero de 2011

Jefe del Estado Mayor del Ejército reconoció haber sido un agente de la CNI

Jefe del Estado Mayor del Ejército reconoció haber sido un agente de la CNI


Suma y sigue: Jefe del Estado Mayor del Ejército reconoció haber sido un agente de la CNI, la policía represiva de Pinochet. Declaró como inculpado en crimen de 22 campesinos

EFE/Cambio 21 – 1 de febrero de 2011

Especialista en el área de inteligencia y el segundo militar con más antigüedad en la institución castrense. La declaración, fue en el marco de una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en Paine, en el sur del país, ocurrida en octubre de 1973.



 El general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército chileno, reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Augusto Pinochet.

 El general, un especialista en el área de inteligencia y el segundo militar con más antigüedad en la institución castrense, reconoció su pertenencia a la CNI en una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en Paine, en el sur del país, ocurrida en octubre de 1973.

 "En marzo 1974, se me destinó al regimiento de Infantería N°16 de Talca, y en 1979 se me envía a la Comandancia en Jefe, a la Central Nacional de Informaciones", declaró el uniformado.

 Castro añadió que permaneció en ese organismo represor hasta 1982, cuando se fue "a la Cuarta Comisión Legislativa [de la Junta Militar] y en 1985 ingreso a la Academia de Guerra".

 Hasta el momento, se desconocen las labores que cumplió el general en la CNI, organismo que a fines de 1977 reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.

 El 14 de enero de 2008, el general Castro prestó una segunda declaración en la investigación del mismo caso, aunque –esta vez– en calidad de inculpado, en proceso judicial llevado por el juez Héctor Solís.

 En esa declaración, a la que tuvo acceso EFE, el uniformado admitió que, después del golpe militar, también formó parte de una compañía de fusileros en el llamado Cuartel Dos, de la Escuela de Infantería de San Bernardo, recinto que fue un centro de detención conocido como Cerro Chena.

 Sin embargo, Castro dijo al magistrado que "en el Cuartel Dos nunca vi detenidos y sólo me enteré después por la prensa que los hubo"

jueves, 17 de febrero de 2011

Visión de un norteamericano que apoyó a Allende


Jonathan Mack*    

“Pasamos por un momento muy oscuro”, me dijo Jorge Arrate, activista político desde hace mucho tiempo y candidato reciente a la presidencia chilena, cuando le pregunté cómo podrían avanzar los ideales socialistas.  Política y socialmente estos son tiempos realmente difíciles, no sólo en Chile, sino en gran parte del mundo.

Aunque hay algunas excepciones importantes, es innegable que los ideales socialistas han sufrido terribles reveses. Estas pérdidas no son sólo de poder económico y político, sino de ideología, de llegar con las ideas a la gente. En el Chile de hoy el dolor es especialmente agudo, tras 20 años de liderazgo de la Concertación que no han llevado a un gobierno más progresista, sino a la dominación de los aliados locales del capitalismo global. A pesar de esta atmósfera opresiva, en mi reciente visita a Chile hablé con muchas personas comprometidas y apasionadas para quienes la dificultad de la lucha no puede ser una razón para abandonarla.

Mirando atrás para ver hacia adelante

Cuando yo viví en el Chile de 1972, se estaba tratando de hacer algo insólito: la transición al socialismo y, sobre todo -si no exclusivamente-, a través de medios no violentos. La intensidad de la reacción, el horror y la crueldad de la dictadura dieron testimonio de lo importante que era no sólo detener a Allende, sino borrar de la memoria colectiva la posibilidad de un pueblo de revolucionar a su propia sociedad.

Cuando la dictadura tomó el poder, en Chile se desvanecieron millones de vidas y esperanzas. Psicológicamente, el terror del Estado demanda más que aquiescencia. Exige que las personas repriman sus esperanzas y aspiraciones, nieguen sus percepciones y su comprensión. La pérdida de Chile se extendió mucho más allá de sus fronteras. El recurso del control por el terror envía el mensaje de que el precio de la lucha es demasiado alto. La desaparición de la tentativa de Chile para socializar democráticamente un amplio sector de su economía se convirtió en forraje para los medios de comunicación globales. Casi al unísono, todos los órganos monopólicos controlados por las corporaciones dibujaron otra realidad en las mentes: el derrocamiento de la democracia chilena fue presentado como prueba condenatoria de que luchar por el cambio social sólo trae miserias.

Recordar el pasado inspira el futuro

Caminando a una entrevista recordé mal una dirección y me encontré llamando a la puerta de Londres 38, en el centro de Santiago. Al mirar abajo, a mis pies una inscripción en las baldosas me informó que se trataba de uno de aquellos numerosos lugares donde los esbirros de la dictadura llevaron gente para ser torturada y asesinada. Las placas del pavimento invocaban a algunas de las víctimas: desde un adherente del MIR de 18 años a un hombre de 56 años sin afiliación política. ¿Cuántas permanecen en el anonimato, con sus muertes crueles no reconocidas?

Unos días más tarde, en una ceremonia en el campus San Joaquín de la Universidad Católica (UC), se celebró una reunión anunciando la publicación de la obra Una luz sobre la sombra, con prólogo del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, que documenta y honra a una treintena de miembros de la comunidad de la UC que fueron ejecutados sin juicio por la junta militar, a menudo arrojándolos al mar. El mayor auditorio del campus, con capacidad para más de 600, estaba repleto, a rebosar. La UC nunca ha reconocido oficialmente los asesinatos: otro caso en que quienes tienen autoridad demuestran la importancia del pasado tratando de negarlo.

Salazar habló con elocuencia de sus actividades en denuncia de los hechos sobre la vida y la muerte de estos valientes chilenos jóvenes. Su intención, dijo, es mantener viva en la actualidad el conocimiento de sus obras y su sacrificio, con el fin de mirar hacia adelante. La memoria no es sólo una manera de mostrar respeto, sino también es una forma de dinamizar las tareas que existen por delante. Gabriel Salazar es uno entre muchos que han dedicado sus energías a mantener vivo el pasado, con el fin de fortalecer a los más jóvenes en las actuales dificultades. José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, ha rescatado de manera conmovedora y detallada el papel histórico de la música en la lucha de Chile. Aunque se lamenta de que es difícil esperar un cambio verdaderamente progresista en esta época tan dominada por las fuerzas reaccionarias, también ve signos de despertar del espíritu cultural, tan animado en los años de Allende y tan brutalmente aplastado por la dictadura. Al igual que tantos partidarios de Allende, Varas pasó largos años de la dictadura en el exilio. Sin embargo, continúa su esfuerzo periodístico para mantener la información inspiradora de la oposición a la dictadura que fluye de regreso a Chile.

En nuestra conversación, JM Varas habló de los días más oscuros de la cultura chilena, cuando Víctor Jara fue asesinado y tocar la quena era un delito. Se hizo eco del sentimiento que escuché muchas veces: Que el pueblo de Chile ha sido ampliamente despolitizado. Aunque es abismalmente pobre, la gran mayoría tiene una mínima conciencia de clase y pocas esperanzas de que el cambio sea posible. Mientras tanto, la "clase media" puso en juego su apuesta por el neoliberalismo.

Como quienes lucharon por la liberación socialista en los años 70 envejecen, su reconocimiento de la fragilidad y la finitud de la vida humana los hace conscientes de que sus visiones más esperanzadoras para la sociedad chilena no se realizarán durante sus vidas. Pero esto no les impide actuar. En 2009, Jorge Arrate lanzó su candidatura a la presidencia de Chile. Conversando en su casa de Ñuñoa, destacó cómo fue capaz de utilizar esta plataforma para llegar a los chilenos con la representación de una visión legítima en contraposición a la versión aguada de "socialismo" promovida por las candidaturas de la Concertación. Después de muchos años de lucha, sigue estando profundamente comprometido a mantener viva la llama. Su capacidad de articular su visión en debates televisados a nivel nacional no sólo más que cuadruplicó su apoyo, sino que llevó a millones de hogares una comprensión legítimamente progresista de Chile.

Junto a otros como José Miguel Varas, Manuel Cabieses de Punto Final, y Víctor Hugo de la Fuente, de Le Monde Diplomatique, Edición Chilena (http://www.lemondediplomatique.cl/), Arrate sigue presionando por objetivos verdaderamente progresistas.

El pasado no es olvidado por quienes lo vivieron. Otro hombre con quien hablé fue detenido, torturado y luego liberado sólo para ser arrestado de nuevo tras la victoria del "No". La segunda detención fue peor que la primera. Como miembro de la resistencia estaba preparado para hacer frente a las consecuencias de su oposición a la dictadura. Pero ser arrestado de nuevo -después de haber comenzado a llevar una vida "normal"- casi lo destruyó psicológicamente. Era como si el horror nunca cesara. En todos estos años posteriores todavía no se atreve a hablar abiertamente sobre sus experiencias en un café por temor a que otro usuario lo ataque con invectivas insultantes.

Como hablamos en un parque, hizo hincapié en un punto en que muchos otros hicieron eco: Aunque hubo un cierto reconocimiento de las víctimas de la dictadura, la imputación a los autores del horror ha sido inadecuada. Pinochet murió sin ser declarado culpable. No hubo una corte de la reconciliación y en pocos casos pudo ser probada y reconocida la culpabilidad. En este sentido, fue fascinante ver un documental, Imagen Final (www.imagenfinal.com.ar), que describe el intento de localizar al asesino militar de Leonardo Henrichsen, el camarógrafo muerto a tiros mientras filmaba el asalto traidor a La Moneda menos de tres meses antes del golpe militar. La película muestra el esfuerzo incesante de un periodista, Ernesto Carmona, para encontrar y entrevistar al hombre que cometió este crimen insólito en el que la víctima filmó su propia ejecución. Aunque Carmona fue capaz de precisar al probable asesino, fue imposible que se le enfrentara cara a cara con sus acusadores. ¿Cuántos otros delincuentes se esconden como en las sombras del pasado en Chile? ¿Cómo es posible que una nación pueda avanzar al mismo tiempo que niega su pasado?

Los grandes medios de comunicación crean la realidad con miles de millones de dólares destinados a la producción de televisión, de anuncios de diez segundos para la "familia", comedias y “noticias de veinticuatro horas” de todas partes, más el dominio casi total de los medios de comunicación impresos.  Ningún ciudadano puede escapar del estruendo de la televisión y a los titulares de los quioscos que exaltan la "sociedad de consumo", no importa lo que cueste su definición de "buena vida". Esto resulta absolutamente incompatible con el cambio social. El pueblo humilde puede ser digno de lástima, pero no debe realzarse demasiado. La empatía podría conducir a "desestabilizar".

Durante mi visita, monopolizaban las ondas los esfuerzos del rescate para salvar a los 33 mineros atrapados. Se prestó poca atención a las condiciones que llevaron a los mineros a ser atrapados. No se estableció ninguna conexión entre los mineros de San José y las muertes, sólo un mes antes, de seis trabajadores de transporte de explosivos relacionados con la minería en Soquimich. Como explicó Cristian Cuevas, de la CUT, quien representa a los trabajadores subcontratados del cobre, Piñera y sus compinches pueden disfrutar del sol brillante de la publicidad internacional sobre el rescate, mientras las condiciones de trabajo de miles de mineros en Chile siguen siendo deplorables, peligrosas e inhumanas.

Abriendo paso a la verdad

Para contrarrestar la enorme ventaja de la financiación masiva a las empresas de medios de comunicación, muchas personas están utilizando cada vez más eficazmente las formas alternativas de enviar mensajes políticamente significativos. Paulina Acevedo, activista y periodista del Observatorio Ciudadano (http://www.observatorio.cl/) ha hecho uso activo de los medios de comunicación impresos y de Internet para validar la legitimidad y la importancia de la lucha de los mapuches. (Véanse, por ejemplo, sus videos de YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=JnVs0JCqHe4). A medida que hablaba en su casa en las afueras de Santiago, hizo hincapié en que el pueblo no tanto es "pobre," sino empobrecido. Se hacen pobres por otros que chupan toda la riqueza para sí mismos. Al traer a primer plano el derecho histórico de los mapuches a la tierra y su cultura, Acevedo es un ejemplo de periodismo que transmite una realidad innegable, que contrasta dramáticamente con la representación de los mapuches en los medios de comunicación como violentos "terroristas".

Mientras Acevedo trabaja en el modo de activista-periodista, otros han encontrado diferentes maneras de aumentar la conciencia pública. La artista Voluspa Jarpa imprimió un conjunto de libros para dar a conocer al público textos que comprenden los documentos desclasificados de la CIA. Llama la obra "La Biblioteca de la No Historia de Chile" porque la mayor parte del texto ha sido tan fuertemente borroneado por la CIA que dice casi nada. Con ironía, Jarpa muestra la primera página del vespertino La Segunda del día del ataque al WTC manejada de esta misma manera. Debido al interés suscitado por su arte, Jarpa atrajo la atención de la televisión, lo que permitió ver información alternativa en los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, los métodos más "tradicionales" de llegar a la gente tampoco han sido descuidados. Como director de la CUT responsable de formación, Cristián Cuevas hace hincapié en la importancia fundamental de proporcionar una perspectiva más amplia, abordando las cuestiones fundamentales de la dignidad, el respeto y las condiciones de trabajo, al mismo tiempo que se lucha por un salario equitativo. Las huelgas y las manifestaciones siguen siendo tan cruciales como siempre, no sólo para dar peso a las demandas de los trabajadores, sino también para educar tanto a los participantes y a quienes observan. (Véase, por ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=q1HBhcSJMas).

Cristián entiende así que la lucha tiene que librarse en muchos frentes y que el pasado informa el presente. Después de haber luchado contra la dictadura como estudiante de secundaria, sigue en pie en la vanguardia impulsando cambios más fundamentales. Además, Cristián se ha atrevido a reconocer su homosexualidad en una sociedad en que aún predominan el machismo y el conservadurismo sexual. Este clima está siendo cuestionado en otros frentes. Me reuní con un grupo de estudiantes universitarios de psicología que categóricamente protestan la discriminación contra los homosexuales. Contrariamente a las normas internacionales, muchos colegios de Chile siguen enseñando que la homosexualidad es una enfermedad que debe curarse con la psicoterapia. Quizás menos arrodillados por el hecho de haber nacido después de la dictadura, estos jóvenes están listos para ponerse de pie y desafiar la autoridad establecida que impone la política social reaccionaria.

A modo de conclusión

Chile ha sufrido una historia difícil. Después de haber mantenido una de las mayores democracias duraderas en toda América Latina, padeció una de las dictaduras militares más brutales e implacables. Veinte años de la coalición de la Concertación trajo "prosperidad" para algunos de la clase media -y una enorme deuda-, pero dejó a la gran mayoría viviendo en o por debajo del nivel de subsistencia. Chile todavía vive hoy bajo una constitución impuesta por los militares, que niega derechos humanos esenciales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de reunión y el debido proceso de ley que respeta los derechos de los acusados. Sin embargo, no desarraigó  todo el "cáncer" de pensar libremente, de preocuparse por las necesidades y derechos de todos. Individuos y grupos comprometidos continúan la lucha por una sociedad más justa y equitativa.

Jonathan Mack*  es un  autor norteamericano que vivió y trabajó en Chile apoyando la presidencia de Salvador Allende en 1972. Psicólogo, PhD, profesor emérito de la Universidad Estatal de Nueva York, Mack regresó a Chile a fines de 2010. "Estas reflexiones se basan en conversaciones que tuve con algunos individuos profundamente comprometidos. Además de Chile, también hablé con gente en La Paz y Cochabamba, Bolivia. Por lo tanto, estos son los puntos de vista de un extranjero, pero un extranjero que ha tenido la oportunidad de hablar con personas extraordinarias", escribió el autor).

16 de Febrero de 2011



Entrevista a Juan Seona sobre muerte de Salvador Allende


Entrevista a Juan Seoane

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Saliendo al paso a la campaña en curso para intentar rebajar el gesto digno y consecuente de Allende de no rendirse y defender con las armas el mandato del pueblo, transformándolo de héroe en víctima, el ex detective, Juan Seoane, que se quedó defendiendo al Presidente desmiente la versión entregada por el periodista Camilo Taufic sobre la muerte del ex Mandatario.