Declaración del Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente

Para valorar la importancia del llamado a marcar el voto con las palabras “ASAMBLEA CONSTITUYENTE” en las elecciones parlamentarias y presidenciales, es esencial que se tenga en cuenta el objetivo supremo de nuestro movimiento, cual es, recuperar el derecho de los chilenos a su autodeterminación, lo que implica instalar una Asamblea Constituyente que, como depositaria de la soberanía popular, redacte una Constitución Política verdaderamente democrática en reemplazo del Decreto 3464 impuesto en 1980 por la dictadura.

Antes de lanzar esta propuesta, nuestro Movimiento comprobó que tanto la Ley 18.700 art. 71 N°5, como la Cartilla de Instrucciones elaborada por el Servicio Electoral, autorizan explícitamente tal procedimiento, cuestión que nos confirmó personalmente el Director de dicha entidad Sr. Juan Ignacio García. Adicionalmente constatamos que los vocales o apoderados de mesa que intenten anular el voto así marcado, se exponen a penas de cárcel. (Artículo 132 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios).

Informes preliminares y parciales dan cuenta que más de 50 mil chilenas y chilenos escribieron ASAMBLEA CONSTITUYENTE en las pasadas elecciones del 13 de diciembre. En muchos casos, sin embargo, las mesas reconocieron la validez de la preferencia, pero NO OBJETARON el voto, lo que inviabiliza su escrutinio.

En virtud de esta experiencia -y admitiendo que carecemos de una estructura orgánica y administrativa que nos permita contabilizar todos los votos marcados en las 35 mil mesas receptoras de sufragios que hay en el país-, llamamos a quienes apoyen esta opción a que PARTICIPEN EN EL RECUENTO DE VOTOS DE SU MESA, defiendan el voto marcado como VALIDO-OBJETADO e informen de inmediato a los correos electrónicos, teléfonos o centros de cómputos que hemos instalado para cuantificar la mayor cantidad de adhesiones que sea posible. En este propósito, pueden apelar incluso a la responsabilidad de vocales y apoderados de mesa, quienes tienen la obligación de hacer cumplir la normativa legal.

Para nuestro movimiento, escribir en el voto la expresión ASAMBLEA CONSTITUYENTE es un LEGÍTIMO instrumento de difusión y no un fín en si mismo. Lo hacemos con el mismo tesón, fervor y entusiasmo que los seminarios, charlas en poblaciones y universidades, reuniones sindicales, foros, paneles, actos culturales, acciones callejeras, edición y distribución de libros, volantes, afiches y otras iniciativas que, con gran esfuerzo, impulsan miles de nuestr@s compañer@s de agrupaciones de base desplegados en todo el país.

De esta manera hemos contribuido a que la demanda por cambiar la actual Constitución -que hace algunos años era un tema tabú, sistemáticamente silenciado en los medios de comunicación -, forme parte de las reivindicaciones unánimes de los más importantes Sindicatos y Federaciones Nacionales, CUT, CAT, ANEF, Colegio de Profesores, federaciones campesinas, estudiantiles, de adultos mayores, de pueblos originarios, etc. De hecho, tres candidatos presidenciales, que suman con largueza más de la mitad del electorado, incluyeron esta demanda en su plataforma programática.

En este nuevo escenario, tan distinto al de 3 años atrás, nuestro movimiento necesita poner especial atención y energía en los métodos que nos permitan unir y movilizar a las organizaciones sociales y sectores democráticos para que logremos efectivamente doblegar la resistencia de los poderes fácticos, conservadores y continuistas que buscan perpetuar el marco institucional vigente. Estos sectores tienen poder cupular pero carecen de aceptación en la base social. Luego, en lugar de RECONOCER ABIERTAMENTE su complacencia con el Decreto 3464 (mal llamado CONSTITUCION de 1980), esgrimen reparos “de forma” al método que hemos propuesto. Quienes afirmen que esa marca anula el voto lo hacen por extrema ignorancia o mala fe, por cuanto el único voto nulo en la normativa chilena es aquel que contiene dos preferencias a la vez.

Independientemente de quien gane las elecciones del 17 de enero de 2010, nuestro movimiento proclamará firmemente, como un imperativo para la democratización de Chile y el pleno ejercicio de la soberanía popular,

a) la necesidad de una Constitución verdaderamente democrática, y

b) que ésta sea generada por una Asamblea Constituyente.

Nuestra lucha es transparente, pacífica, legítima y patriótica, tanto en sus fundamentos y principios como en los múltiples mecanismos e iniciativas que pondremos en práctica antes y después de estas elecciones.

Que nadie “espere instrucciones”. Que cada cual genere más y nuevas instancias de cooperación y articulación colectiva e impulse sus propias iniciativas para que millones de chilenos se informen y configuren, paso a paso, una fuerza mayoritaria incuestionable que obligue a los poderes públicos a consultar, mediante plebiscito, la opinión del pueblo.

Se trata de una sentida aspiración ciudadana que sólo admite la victoria, fruto de la conciencia, la organización y la unidad en la diversidad de todas las fuerzas democráticas que hace más de treinta años se comprometieron a este supremo objetivo nacional: el derecho a la autodeterminación del pueblo chileno.

Un saludo fraterno



Juan Guzmán Tapia - Gustavo Ruz Zañartu - Roberto Garretón Merino

COMITÉ DE INICIATIVA POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Enlace "Elecciones - Gobierno de Chile"

Elecciones

Jornada de revindicación por el derecho a voto de los residentes en el exterior y por una Asamblea Constituyente para Chile

 La jornada revindicativa por los derechos civiles se ha desarrollado en un ambiente festivo pese al frío, con una numerosa asistencia de chilenos y españoles de diversas organizaciones que se acercaron a manifestar su apoyo.

Resultado de la votación en Madrid

Jorge Arrate Mac Niven                    72

Eduardo Frei Ruiz-Tagle                   18

Marco Enriquez-Ominami                 21

Sebastián Piñera Echenique               16

Asamblea Constituyente                  62

Nulos                                                   3

Total emitidos                                    137

Muchos en el entorno de Piñera no han entonado el mea culpa por su cercanía a Pinochet»

CARMEN MUÑOZ | MADRID 

 

Actualizado Sábado , 12-12-09 a las 06 : 22

 

Poco antes de las primeras elecciones presidenciales que se celebran en Chile tras la muerte de Augusto Pinochet, de que la ayer se cumplieron tres años, el embajador Heraldo Muñoz describía así al dictador en una entrevista con ABC: «Era ante todo pragmático, no un ideólogo, algunos dirían un oportunista. Sumiso con sus superiores y duro con sus inferiores. Mediocre, pero con un enorme talento político».

Con palabras similares, el político socialista y diplomático hace un perfil del gobernante chileno (1973-1990) en su libro «La sombra del dictador» (Paidós), que presentó recientemente en Madrid acompañado del juez Baltasar Garzón. De la lucha clandestina contra el régimen militar, la militancia socialista y la docencia, Muñoz (Santiago de Chile, 1948) pasó a ser vicecanciller y ministro portavoz con su amigo Ricardo Lagos. En su retrato de la dictadura desmitifica sus reformas económicas frente a las violaciones de los derechos humanos.

 

—¿Puede explicar el título de su libro, «La sombra del dictador»?

—Pinochet tuvo un impacto en Chile y en el resto del mundo mucho más profundo que cualquier otro dictador latinoamericano. No fue un Somoza cualquiera. Si bien fue una dictadura brutal y él un criminal en materia de derechos humanos, encabezó un proceso de cambios económicos profundos. La mayor parte de las dictaduras de la región no se distinguieron por el buen manejo de la economía. Al contrario. Su fantasma reaparece de vez en cuando, cada vez menos, en la medida en que nuestro país va siendo más próspero y más democrático. Sus seguidores representan una expresión mínima. Si bien Sebastián Piñera (candidato de la derecha) es un hombre de gran fortuna que afirma que votó por el «no» en el referéndum de 1988, en contra de Pinochet, su entorno está constituido todavía por muchos políticos que no han entonado un mea culpa respecto a su asociación con la dictadura.

 

—¿Está preparado Chile para un posible primer triunfo de la derecha tras la dictadura de Augusto Pinochet? (Las últimas encuestas indican que este domingo, Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle pasarán a la segunda vuelta del 17 de enero).

—Es una elección reñida por lo que sugieren las encuestas. La ciudadanía es la que tiene que decidir si está preparada o no para votar por la derecha, por la Concertación o por un candidato independiente que procede de esta última coalición (Marco Enríquez-Ominami). Seguramente habrá una segunda vuelta, de la que es muy difícil predecir el resultado. 

 

—¿Puede valorar el papel de la Justicia española, que en 1998 logró que Pinochet fuera detenido en Londres?

—Aunque esa detención tuvo un efecto de odio y de polarización en Chile, a la larga contribuyó a que el tema de derechos humanos fuera puesto de nuevo entre las prioridades y a que la Justicia adquiriese un mayor dinamismo. Nos recordó que había asuntos pendientes. Pese a las discrepancias que existían entre el gobierno chileno con el británico y el español, respecto a la soberanía de jurisdicción territorial, a la larga contribuyó a impedir la impunidad para ex jefes de Estado y de gobierno, y a que se establezcan reglas claras, que creo que están cristalizadas en la Corte Penal Internacional. El punto era la defensa de un principio y no la defensa de Pinochet. 

 

—¿Cree que su legado de violación de los derechos humanos primará sobre el modelo económico que implantó en Chile?

—Sí porque en la medida en que Chile es cada vez más próspero y democrático, el aporte de Pinochet en materia de reformas económicas se va haciendo cada vez más irrelevante. El crecimiento económico de hoy es producto de las políticas de una Concertación que ha gobernado durante casi veinte años. El verdadero milagro económico chileno fue hecho en democracia, a partir de 1990, cuando las tasas de crecimiento duplicaron lo logrado por Pinochet, cuando la pobreza de casi el 40 por ciento que heredamos se ha reducido a un 13,3 por ciento. El verdadero milagro económico ocurre en democracia porque el crecimiento económico se hace con inclusión social y con un Congreso, partidos y sindicatos que funcionan, con la prensa activa, con una sociedad civil que se expande. Eso es un milagro. Lo de Pinochet es injustificable. El tratar de perdonar, como pretenden algunos, las violaciones a los derechos humanos por las reformas económicas que se han hecho, es injustificable desde todo punto de vista y particularmente el ético. Para la historia primará su imagen de violador de los derechos humanos en vez de un visionario económico. 

 

—¿Le sorprendió cuando se reveló el enriquecimiento de la familia Pinochet?

—Nos sorprendió a todos los chilenos porque estábamos acostumbrados a que todos los jefes de Estado, incluido este dictador, no se enriquecieran mientras ocupaban el cargo. Algunos incluso salieron más pobres. En el caso de Pinochet se suponía lo mismo, aunque no lo sabíamos por la naturaleza de una dictadura, que lo oculta todo. Cuando se descubrieron las cuentas en el Riggs y en otros bancos, cuando se supo que Pinochet estaba moviendo sus cuentas bancarias de un lugar a otro y que su fortuna ascendía como mínimo a 37 millones de dólares, terminó por derrumbarse su imagen, incluso entre sus partidarios. Irónicamente, algunos no podían aceptar esta evidencia de corrupción y lo sentían más que las propias violaciones a los derechos humanos.

 

—Y nunca se arrepintió...

—Nunca entonó un mea culpa y eso revela de modo transparente cómo era. Demostró que no tenía la altura de haber reconocido, aunque fuera en los últimos momentos, los crímenes que cometió. Pero estudiando y conociendo al personaje, no me extraña que se haya resistido hasta el final.

 

—¿Puede hacer un balance de la presidencia de Michelle Bachelet, que deja el poder con una popularidad inimaginable por cómo comenzó su mandato?

—Su gestión económica ha sido muy buena en un momento de crisis y se la ha jugado por la protección social. Sale con un enorme capital político, que no sólo se debe a sus condiciones personales.

 

—Como presidente de la comisión de la ONU que investiga el asesinato de la que fue primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, ¿puede decirnos si ha habido avances destacados?

—Estamos avanzando. Se supone que tenemos que tener preparado el informe para el secretario general antes del próximo día 31, vamos a ver si es factible. Ha sido la tarea diplomática a mi cargo más compleja, por lo que es Pakistán en estos momentos, porque el asesinato ocurrió hace más de un año y medio, y porque el mandato está restringido a establecer los hechos y las circunstancias del asesinato. No somos un tribunal que tiene que establecer responsabilidades penales. 

 

 ABC

Pidiendo Asamblea Constituyente Arrate cierra su campaña en la Plaza de Armas

En la oportunidad, Arrate puso un énfasis en las luchas sociales y dijo por ejemplo, que en su virtual gobierno se eliminará el 7 por ciento que actualmente se le cobra a los jubilados por Salud. (Terra.cl)

 Arrate puso fin a su campaña en Plaza de Armas de Santiago

SANTIAGO, diciembre 10.- En plena Plaza de Armas, el candidato presidencial del Juntos Podemos y otras fuerzas sociales, Jorge Arrate, realizó este jueves su cierre de campaña, efectuando un llamado para generar una Asamblea Constituyente que cambie la actual Constitución.

El ex ministro, a las 19:30 horas, comenzó una caminata desde la Alameda por el paseo Ahumada hasta llegar a la Plaza Armas. Acompañado por su hija Nadine; su mujer, Diamela Eltit; el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, el presidente del Colegio de Profesores y otros dirigentes junto a miles de personas llegó hasta el lugar donde se encontraba el escenario principal.

En la oportunidad, Arrate puso un énfasis en las luchas sociales y dijo por ejemplo, que en su virtual gobierno se eliminará el 7 por ciento que actualmente se le cobra a los jubilados por Salud.

Asimismo, pidió una nueva Asamblea Constituyente para cambiar la actual Constitución cuestionada por ser considerada anti-democrática.

También tuvo espacio para calificar como “desinteligencia” el que el candidato de la Concertación, Eduardo Frei y el independiente Marco Enríquez-Ominami, no hubiesen adherido a su propuesta para generar un acuerdo para evitar que Sebastián Piñera logre el triunfo en una probable segunda vuelta.

Respecto a su opción de llegar a La Moneda el candidato señaló que “es muy difícil pero no es imposible que yo llegue a ser presidente”


Terra

Votación simbólica en Madrid

Ampliado del Comunal

Se Convoca a un Ampliado del Comunal

viernes 11 de diciembre a las 19 horas.

C/ Ortega y Gasset 77 - 2 A

Orden del día:

Elecciones en Chile

Actividades para el 13 de diciembre

Volteretas del destino

PUNTO DE VISTA

Por: Paula Lugones

Durante su gobierno (1994-2000), Eduardo Frei Ruiz Tagle bregó para que Augusto Pinochet no fuera juzgado en Europa por sus crímenes -una causa que ponía en marcha el juez español Baltasar Garzón, de la mano de la llamada justicia global- e incluso, mientras duró su mandato, no recibió en su despacho a los grupos de derechos humanos que casi imploraban ser aceptados en una audiencia para denunciar los crímenes de la dictadura.

Sin embargo, cuando ya La Moneda formaba para los Frei parte del pasado, la familia, tras años de silencio y sospechas, sostuvo abiertamente desde 2001 que la muerte del patriarca había sido en realidad un asesinato provocado para impedir que el ex mandatario organizara la oposición al ex dictador.

Finalmente ayer, la Justicia les dio la razón y puso un clavo más en la tumba de Pinochet, cada vez más enterrado en el escarnio y en el desprecio de los chilenos, incluso por sus defensores del pasado.

Volteretas del destino, el actual candidato que pelea por volver a La Moneda, pidió que la Justicia no aplique la Ley de Amnistía heredada de la dictadura. "Queremos que todos los procesos continúen", dijo esta vez.

El Clarín.com

ELECCIONES EN CHILE: UNADECISION JUDICIAL CON REPERCUSIONES POLITICAS A CINCO DIAS DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES

Chile: arrestan a 4 personas por el asesinato de un ex presidente

Son dos civiles y dos médicos. La Justicia los acusó de haber envenenado, en 1982, a Eduardo Frei Montalva, líder de la oposición a Pinochet y padre del candidato presidencial oficialista. La derecha culpó al gobierno de politizar el caso.

Por: Mónica González

El ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), padre del actual candidato presidencial oficialista y líder de la oposición a Pinochet, quien falleció de un shock séptico sin explicación el 22 de enero de 1982 en una exclusiva clínica de Santiago, fue asesinado por la policía secreta de Augusto Pinochet destruyendo su sistema inmunológico, en un proceso similar al que ocurre con los enfermos de Sida.

Las huellas de Talio y Mostaza nitrogenada que registran sus restos exhumados en diciembre de 2004 ayudaron a destruir su sistema inmunológico, pero el arma química letal principal fue el Tranfer-Factor, producto que no contaba con certificación internacional, traído desde Estados Unidos y que le fue inoculado por vía subcutánea en la Clínica Santa María, donde se operó de una rutinaria operación al hiato en noviembre de 1981.

Esa fue la resolución del juez Alejandro Madrid que provocó un fuerte impacto en Chile no sólo por las implicancias políticas que el dictamen representa a menos de una semana de las elecciones. También porque la resolución revela la magnitud de la fabricación de armas químicas ordenada por Pinochet para eliminar disidentes, en un laboratorio que hasta ahora mantenía un velo secreto inexpugnable.

Madrid hizo público su fallo tras siete años de investigación, basado en más de mil interrogatorios y entrevistas policiales, decenas de pericias científicas en Chile y en el extranjero y más de 400 informes elaborados por un equipo policial de elite que trabaja desde 1999 en la investigación del secuestro y homicidio del químico de la policía secreta de Pinochet (DINA), Eugenio Berríos.

El asesinato de Berríos en 1993, en Uruguay, desencadenó una fuerte crisis institucional en ese país, con una incipiente rebelión militar ya que Berríos huyó de la justicia chilena y fue ocultado por los militares uruguayos quienes también colaboraron en su asesinato. Tres altos oficiales de ese país y tres generales chilenos esperan en la cárcel pronta condena por ese crimen, resuelto por el mismo juez Madrid.

Como autores del homicidio de Frei Montalva fueron encarcelados el doctor Patricio Silva Garín, actual contralor del Hospital Militar; Raúl Lillo, el hombre que dirigió el masivo cerco de espionaje al ex mandatario, jefe operativo de los servicios de seguridad del régimen y luego del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) en los '90, custodio del químico Berríos en los días en que fue asesinado en Uruguay; y de Luis Becerra, chofer y hombre de confianza de Frei por más de 20 años, agente de la policía, a la que mantenía informada de sus reuniones y conversaciones íntimas.

Como cómplice fue encarcelado el doctor Pedro Valdivia, quien trabajaba paralelamente en la Clínica Santa María y en una clínica del principal organismo represivo de la dictadura. Valdivia espera condena por su participación en el crimen con gas sarín del cabo Manuel Jesús Leyton. Mientras estuvo Frei en la Clínica Santa María, fue visto en múltiples ocasiones en su habitación, siendo éste facultativo quien le avisó a Pinochet de su muerte.

Como encubridores del magnicidio, fueron procesados los doctores Herman Rosemberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Ambos realizaron una secreta e irregular autopsia a los restos de Frei, en la misma habitación donde falleció, la que se ocultó durante 20 años. La investigación demostró que los procedimientos utilizados alteraron cualquier posibilidad de exámenes toxicológicos posteriores que pudieran evidenciar la existencia de sustancias químicas letales inoculadas en su cuerpo.

La resolución de Madrid describe el método que se utilizó para debilitar progresivamente el sistema inmunológico de Frei "por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, la aplicación de un producto farmacológico no autorizado -'Transfer Factor'- y por la ocurrencia de diversas situaciones anómalas que facilitaron la aparición de bacterias oportunistas ('proteus vulgaris' y 'candida albicans'), que resultaron ser la causa final de su muerte".

El contenido de la resolución abre nuevos aristas sobre episodios pasados determinantes en la política chilena. El doctor Silva Garín también examinó al general René Schneider, víctima de un atentado que buscó impedir que Allende asumiera; y operó al general Augusto Lutz, quien falleció en 1974 de una septicemia similar a la de Frei luego de enfrentarse a Pinochet por la represión de la DINA. Pinochet, en medio de todos sus generales, cerró la discusión así: "Señores generales, la DINA soy yo, ¿alguien más tiene alguna pregunta?".

Cuando Frei -miembro de la entonces influyente Comisión Norte-Sur encabezada por el canciller alemán Willy Brandt- fue asesinado, la miseria y la grave crisis económica hacía estragos en las poblaciones (30% de cesantía), lo que activó la diezmada actividad sindical.

Ya desde 1980, Frei Montalva se había convertido en el líder de la oposición al encabezar el "No" en el plebiscito en el que Pinochet hizo aprobar su Constitución. Fue el único orador en un acto público en el que en primera fila estaba Sebastián Piñera, actual candidato presidencial de la derecha.

Un paro nacional en contra de la dictadura se comenzó a articular en agosto de 1981. A la cabeza, Tucapel Jiménez, líder sindical y Eduardo Frei. Era la primera vez en que líderes socialistas, comunistas y demócrata-cristianos se unían. Frei murió en enero de 1982 y un mes después fue degollado Tucapel Jiménez.

 El Clarín.com

Carolina Rossetti anuncia su apoyo a Marco Enríquez-Ominami

El Mostrador

5 de Diciembre de 2009

Embajadora de Chile en Suiza

La posición de la representante del Gobierno se sumaría a la del embajador en España, Gonzalo Martner, quien la semana pasada también hizo público su apoyo al abanderado independiente, de quien afirmó que sería “un gran continuador” de la obra de la Presidenta Bachelet.

La embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, le entregó su apoyo a la campaña del aspirante independiente, Marco Enriquez-Ominami, y está evaluando la posibilidad de asistir al cierre de la candidatura que se realizará este lunes en Concepción.

Las informaciones de prensa señalan que a su llegada al país, Rossetti se contactó con el comando de MEO para ofrecer su respaldo. Incluso, la diplomática asistió al acto donde la madre de Enríquez-Ominami, Manuela Gumucio, recibió la Orden del Mérito en la embajada de Francia en el país.
En la oportunidad, ambas conversaron para coordinar la asistencia de la embajadora en alguna actividad del abanderado. Entre estas se encuentra el cierre de la campaña en Concepción.
La militante del PS grabará, además, un mensaje para la franja electoral del díscolo candidato.
Rossetti se encuentra en el país aprovechando sus vacaciones legales hasta febrero, oportunidad en que participará de las elecciones el 13 de diciembre y en la segunda vuelta.
La embajadora  conversó con el diario La Tercera, afirmando que “votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en positivo, no en contra de Frei”.
La posición de la representante del Gobierno en Suiza fue, de acuerdo a informaciones, recibida con incomodidad en la Cancillería, debido a que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar en actividades políticas.
El Convenio de Viena coloca restricciones a la participación de los embajadores en política interna, pero no existe ningún impedimento legal que prohíba a Rossetti expresar su respaldo, ya que ella se encuentra en su periodo de vacaciones.
En cuanto a posibles reparos a su actuación, Rossetti dijo que “la presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, ella ha vivido siempre en consecuencia (…) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la gente juzgará”.
El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Eduardo Frei, además de defender el derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña durante sus tiempos libres.
Rossetti se sumaría al embajador en España, Gonzalo Martner, quien la semana pasada también hizo público su apoyo al abanderado independiente, de quien afirmó que sería “un gran continuador” de la obra de la Presidenta Bachelet.
Incluso hay un antecedente adicional, ya que el marido de Rossetti, Hernán Coloma, ex jefe de prensa del Serviu metropolitano, denunció ante la Contraloría General acoso laboral por haber apoyado al diputado.

Bachelet: “Víctor vive en el corazón de su pueblo”

El Clarín de Chile

autor Colaboradores

viernes, 04 de diciembre de 2009

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, llegó hasta la Fundación Víctor Jara para participar en el velatorio que se realiza al cantautor nacional asesinado en septiembre de 1973 tras el golpe militar, oportunidad en la que señaló que "Víctor vive en el corazón de su pueblo" y que hoy los chilenos están rindiendo "un homenaje a nuestro gran poeta, cantante, luchador social, actor, un hombre tan integral, tan consecuente". La Mandataria destacó además "se ha demorado nuestro país 36 años en devolverle a Chile y devolverle a su familia a este Víctor que es nuestro, que es de todos nosotros", y que constituye una figura "tan coherente con los valores de la justicia social, de la humanidad, del respeto, de la solidaridad, los valores de la justicia". Junto con resaltar que el mejor homenaje se le puede rendir a Víctor Jara es el "reconocimiento de él en toda su plenitud. Creo que finalmente después de 36 años Víctor puede descansar en paz", la Jefa de Estado subrayó que "también hay muchas otras familias que quieren poder descansar en paz y por eso es importante que sigamos avanzando en justicia.    El Clarín

El segundo entierro de Víctor Jara

El cantante español Joan Manuel Serrat escribe un texto de homenaje al músico chileno asesinado durante la dictadura de Pinochet 

 

JOAN MANUEL SERRAT 04/12/2009

Este sábado entierran a Víctor Jara por segunda vez. Quien amó tanto la vida, treinta y seis años después, vuelve a pasear su muerte.
A quien dice: Dejad en paz a los muertos, les respondo: ¿están los muertos en paz? ¿Estamos en paz con ellos?.
Desde los suburbios de Santiago, desde la falda de su madre, cantora, desde los sueños de su pueblo con los que aliñaba sus canciones, Víctor Jara, como Margot Loyola, Violeta Parra o Héctor Pávez, recopiló y revalorizó los cantos campesinos. Su profunda identificación con el pueblo fue casi mística. Como la Violeta, que le mostró el camino, vivió con ellos, se hizo piel y sangre de ellos para, desde el hombre provinciano, alcanzar lo universal y de forma irrevocable, con profundas convicciones, asumir su condición de artista comprometido.
Así fue hasta que acallaron brutalmente su voz el 16 de septiembre de 1973 y algo quedó truncado para siempre.
Este sábado vuelven a enterrar a Víctor Jara.
A diferencia de la primera vez en la que Joan Turner, su mujer, depositó sin responsos, a escondidas, sus maltratados restos en un nicho del Cementerio General de Santiago apenas acompañada por un amigo y el funcionario que reconoció el cadáver en la morgue, serán miles los que estarán a su lado. Ahí se han de juntar los viejos compañeros de lucha, supervivientes de la dictadura y del exilio con muchachas y muchachos que han crecido llevando sus canciones en la boca. Habrá hijos de reprimidos pero también de represores. Llegarán obreros de las poblaciones y campesinos de los valles a unirse a los mineros que, oliendo a cobre, bajarán desde Calama. Mujeres y hombres de toda condición irán de la mano recordando a Amanda.
Esta vez Joan Turner no caminará sola. A su lado marchará una multitud que, nadie lo olvide, treinta y seis años después del crimen, sigue clamando justicia.

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 El País

Italia : Inicio del juicio a Podlech, ex fiscal de Pinochet

por Carlos López Fuentes, Hector Zavala Leiva (Francia)
jueves, 26 de noviembre de 2009

Equipo "piensaChile"
Estimados,
Esperamos se encuentren bien.

Con ocasión de la realización (el 18 de noviembre último) de la primera audiencia del juicio de Alfonso Podlech en un tribunal en Roma (Italia), les hacemos llegar las informaciones y nuestras impresiones de este acontecimiento. Miembros de nuestra Asociación (ex prisioneros políticos de la región de Temuco) estuvieron presentes en su calidad de testigos.

El croquis que va en agregado, fue realizado por Edgardo Salas ese mismo día y corresponde a la sala de la Audiencia.

Es la Justicia Internacional, una vez más, que asume las deficiencias y la falta de voluntad en Chile para juzgar a los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos.

Reiteramos nuestra intención de contribuir con estas informaciones, para que nuestro país pueda conocer la realidad sobre este personaje, sobre las violaciones de Derechos humanos y la situación de impunidad existente para este y otros responsables de estas violaciones en Chile.

Nuestros saludos,

Carlos López Fuentes

Hector Zavala Leiva

Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili (en France)

ddh_chili_fr@hotmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla

ITALIA : INICIO DEL JUICIO A PODLECH, EX FISCAL DE PINOCHET.

El miércoles 18 de noviembre, a las nueve y media de la mañana se inició el juicio al ex fiscal militar de Temuco Alfonso Podlech, quien lleva encarcelado un año y cuatro meses, en una prisión romana, desde que fuera detenido en Madrid, por Interpol. El Tribunal Penal de Roma abrió la primera audiencia para tratar el caso de Podlech, acusado de la desaparición, rapto y detención ilegal del ciudadano Italo-Chileno Omar Venturelli Lionelli, cuya desaparición se produjo el 4 de Octubre de 1973, de la cárcel de la capital de la Araucanía.

Ruth Kries, esposa del Dr. Henríquez detenido desaparecido, resume bien el contraste de la problemática pendiente de los Derechos Humanos ; entre el avance de la Justicia Internacional y el retroceso en Chile, cuando afirma que : « lamentamos que esta misma posibilidad no exista en nuestro país. A pesar de que han pasado más de 20 años desde que Pinochet dejara el gobierno, aún prima la impunidad en la mayoría de los casos ».

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Sala del Tribunal

Podlech fue la última persona que entró a la sala de Audiencia del Tribunal de Roma; custodiado por cuatro gerdarmes armados y tomó posición en el banquillo de los acusados, una pequeña « jaula » de vidrio, en la cual posteriormente entró la traductora oficial para acompañarlo. El jurado estaba compuesto por 12 miembros, dos jueces profesionales (Presidente y Vicepresidente) y 10 jurados populares elegidos por sorteo, de las listas electorales de los ciudadanos Italianos. Frente al jurado estaba el Fiscal acusador Giancarlo Capaldo. En ambos lados de la sala se encontraban los abogados. Por una parte, los abogados de las víctimas : Giancarlo Maniga, que representaba a Fresia Cea, esposa de Venturelli y dos abogados más de la parte civil que representaban a María Paz Venturelli, hija del detenido- desaparecido. Por parte de la defensa de Podlech, habían dos abogados Italianos y un abogado chileno, este último de apellido Ferrada que no tuvo derecho a la palabra. También estaban presentes las víctimas directas provenientes de diferentes países : familiares del desaparecido ; familiares de otros desaparecidos de la región de la Araucanía, como también ex presos políticos de la cárcel de Temuco. El acusado movilizó una parte de sus familiares y amigos. Entre el público se encontraban periodistas y tres personas que filmaron toda la audiencia.

Mientras se esperaba la entrada de Podlech, en la sala reinaba un gran silencio, ya que no era seguro que se presentara a la audiencia. Cuando aparecieron los gerdarmes hizo su entrada el ex fiscal militar de Pinochet quien se instaló en su jaula y el silencio poco a poco se fue rompiendo. Existe una foto de Podlech que ilustra casi todos los artículos de los diarios que dieron cuenta de su captura, hace 16 meses. Esa foto ya está sobrepasada, puesto que ella no refleja en nada lo que es, hoy, el ex fiscal militar de los consejos de guerra de Temuco : Podlech es un hombre acabado, disminuido, una « especie de pajarito », pero que no da muestras de estar enfermo. En su cara le bailan sus lentes, tiene menos pelo, los pantalones claros que llevaba antes, hoy le quedan grandes. Vestía una chaqueta azul marina, camisa azul claro, corbata oscura y zapatos negros. Cuando el jurado le permitió sentarse, puso en su rodillas una carpeta amarilla, de la cual nunca sacó nada. Podlech en su « jaula » parecía un mini Eichmann, el conocido nazi, autor y responsable de la solución final para los judíos quien fue juzgado también en una jaula en un Tribunal de Israel y condenado a la pena máxima. Quizás el punto común de ambos sea la ideología de la barbarie nazi.

Una vez que el Presidente abrió la audiencia, con el ritual de la presentación de los actores y verificaciones que se imponen, el Fiscal acusador Giancarlo Capaldo abrió el fuego, tomando la palabra y exponiendo la acusación criminal contra Alfonso Podlech por la responsabilidad que le cabe en el rapto, detención ilegal y la desaparición de Omar Venturelli de la cárcel de Temuco, ocurrida hacen más de 36 años. Enseguida vino el turno de la defensa que pidió inmediatamente la libertad condicional o el arresto domicilario de Podlech, puesto que según ellos su cliente no era responsable de los actos por los cuales se le acusaba ; todo lo contrario, él había ayudado a disminuir los excesos y además porque se trataba de una persona que estaba viviendo una « experiencia carcelaria muy dura », con el agravante de la barrera de la lengua…Los abogados de las víctimas replicaron que se trataba de un individuo responsable de crímenes, raptos, que perteneció a los grupos terroristas de Patria y Libertad quienes se habían opuesto violentamente al programa de la Ley de la Reforma Agraria, durante el gobierno de la Unidad Popular presidido por el Dr. Salvador Allende y que vistió el uniforme militar desde el mismo día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, asumiendo de inmediato el cargo de Fiscal Militar del Ejército en Temuco y encabezando la brutal represión de la zona de La Araucanía.

La audiencia fue interrumpida para deliberar sobre la solicitud de la defensa, concerniendo la libertad condicional. Esta interrupción duró aproximadamente 10 minutos y una vez reanudada la audiencia, el Tribunal determinó tajantemente rechazar la demanda de los abogados de Podlech, puesto que existía la posibilidad que el acusado huyera, escapando a la acción de la justicia. La decepción fue grande para los abogados del acusado y sus familiares. Estos últimos daban la impresión que venían con la intención de partir con el acusado del Tribunal, libre. Podlech, cuando la traductora le explicó, la decisión que acababan de tomar los jueces del jurado, se puso cabizbajo y la expresión de su cuerpo reflejó que, en ese momento, se derrumbó. El rechazo categórico a la demanda de libertad del acusado, tuvo un efecto inmediato : el abandono de la sala de sus parientes y amigos…

A partir de la negación de la libertad del acusado, los abogados de Podlech volvieron a la carga con el argumento de que Venturelli no era Italiano y que en consecuencia el Tribunal no tenía fuero para ocuparse del caso, ya que según ellos Venturelli tenía solamente la nacionalidad Chilena. En el fondo argumentaban que existía un vicio de procedimiento. La réplica del Fiscal Giancarlo Capaldo no se hizo esperar, afirmando y indicando que Omar Venturelli poseía la nacionalidad Italiana por origen sanguíneo y que sus padres, la madre y el padre, eran ciudadanos Italianos, tal como su hijo, entregando al Presidente del jurado los documentos que fundamentaban de sus argumentos.

Al final el jurado decidió fijar immediatamente la fecha de la próxima Audiencia, para el 9 de diciembre donde expertos verificarán el cuestionamiento y la veracidad de la nacionalidad Italiana de Venturelli.

Dentro de 15 días, el 9 de diciembre aparecerán en la barra los testigos favorables al ex Fiscal militar de Pinochet, entre los cuales se destaca el ex Obispo de Temuco, Bernardino Piñera, algunos abogados de la región de la Frontera y otras eminentes personalidades cercanas ideológicamente a la dictadura y la ideología del acusado. Por parte de las víctimas también están citadas personas con sus propios testimonios, tales como : ex presos políticos de la penitenciaría de Temuco y familiares de detenidos-desaparecidos de la IX Región del país.

Un detalle importante se dió en la sala del Tribunal, ese 18 de Noviembre, gente del público y de las víctimas mostraron silenciosamente fotos de los desaparecidos de la región de La Araucanía, donde el ex fiscal Podlech : torturó, asesinó e hizo desaparecer presos políticos. Es importante también destacar que la segunda audiencia del día, que se realizó en la misma sala, concernía el proceso del criminal Argentino, el Almirante Emilio Massera (ausente en el Tribunal), miembro de la Junta Militar, acusado por homicidio de personas de nacionalidad Italiana. En este proceso estaban presentes las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo.

La próxima audiencia del caso Podlech será decisiva. Una vez que será dilucidado el cuestionamiento de la defensa, de la nacionalidad italiana de Omar Venturelli, se entrará de lleno en el aspecto jurídico del caso, el verdadero contenido del juicio y se dejará de lado el aspecto formal.

Carlos López Fuentes ; Héctor Zavala Leiva

Ex-prisioneros políticos de la dictadura militar

Collectif Droits de l’Homme au Chili (France)

París, 24 de noviembre de 2009.

piensaChile

Piñera cuestiona a juez español que indaga a Lucía Hiriart

En tanto, el ministro del caso Riggs, Manuel Valderrama, precisó que sus indagaciones son por malversación y que, hasta ahora, no hay indicios para presumir blanqueo de capitales. Rodrigo García, nieto del dictador, calificó de “manipulación política” la información aparecida en el diario “El País”.

la Nación - Martes 1 de diciembre de 2009 | | País

Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Augusto Pinochet, estaría siendo investigada en España. No obstante, según su nieto, la familia aún no es notificada de ninguna resolución de este tipo.
Foto: La Nación

Múltiples reacciones provocó en Chile el juez español Baltasar Garzón al abrir una investigación por lavado de dinero contra Lucía Hiriart Rodríguez, viuda de Augusto Pinochet; Óscar Aitken, abogado y ex albacea de la familia; Pablo Granifo Lavín, ex presidente del Consejo de Administración (2001-2005) y actual presidente del directorio del Banco de Chile; y Hernán Donoso Lira, quien fue el gerente de la entidad en Nueva York, según publicó ayer el diario español El País.
Consultado por esta información, el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, comentó en relación al juez Garzón que “ha tenido muchos problemas, ha sido cuestionado, investigado”, según consignó Radio Biobío de Temuco.
Asimismo, dijo que “este caso demuestra con claridad la necesidad de que Chile pueda regirse por las normas de un Tribunal Penal Internacional, con normas y procedimientos conocidos, con jueces que dan las garantías, y no estar sujetos a la iniciativa de un juez”, agregó en entrevista con la radioemisora.
Lo anterior en alusión también a las medidas dispuestas por el juez español, quien ordenó que todos los indagados paguen una fianza solidaria de US$77.348.374. Ello, tras acceder a una propuesta de la Fundación Española Presidente Allende, apoyada por el fiscal Vicente González Mota.
El objetivo de esta medida es asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del proceso judicial y, para ello, el juez español dio un plazo de 10 días, advirtiendo en su resolución que si los particulares y los bancos (considerados responsables civiles subsidiarios) no consignan la caución, se ordenará bloquear las cuentas bancarias por un tercio más de lo fijado, US$25.782.791. En total, se embargarían cerca de US$100 millones.
Por su parte, el ministro del caso Riggs, Manuel Valderrama, sostuvo que la investigación que instruye en Chile para determinar el origen de la fortuna de la familia Pinochet es por malversación de caudales públicos y precisó que, hasta ahora, no hay indicios que permitan presumir que hubo blanqueo de capitales.
Agregó que “hasta el momento, no he recibido ninguna solicitud del juez Garzón”, apuntando a la intención del magistrado español de interrogar en Chile a los investigados, para lo cual debería remitirse un requerimiento formal a Chile.

“MANIPULACIÓN POLÍTICA”

En tanto, Rodrigo García, nieto de Pinochet y candidato a diputado (independiente) por Las Condes, calificó ayer de “una manipulación política” esta información y dijo que “prefiero confiar (...) en los tribunales chilenos”. Comentó además que, hasta la fecha, no estaban notificados del proceso que dirigen los tribunales españoles.
En esa misma línea estuvo el general (R) del Ejército Luis Cortés Villa, actual gerente de la Fundación Pinochet, no obstante, fue un poco más allá y dijo, en entrevista con Radio Biobío, que esto “da para pensar”, deslizando que la orden judicial se entregaba justo cuando el candidato de la Alianza tiene muchas opciones de ser Presidente. Lo anterior, explicó, porque si bien éste no tuvo relación con el régimen militar, quienes lo apoyan sí estuvieron de acuerdo con ese gobierno.
En tanto, el Banco de Chile manifestó ayer a través de un comunicado público que la institución “no ha sido notificada en este caso y no tiene mayores antecedentes que la información aparecida en la prensa”.

La Nación

Garzón persigue por blanqueo a la familia Pinochet y al Banco de Chile

El juez fija una fianza de 51,4 millones de euros de responsabilidad civil - Envía una comisión rogatoria a Chile para interrogar a la viuda del dictador

JOSÉ YOLDI – Madrid - 30/11/2009
El País

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, que fue presidente del Consejo de Administración entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York. Les imputa un delito de blanqueo de dinero en conexión con otro de alzamiento de bienes. El magistrado, a propuesta de la Fundación Española Presidente Allende y apoyado por el fiscal Vicente González Mota, ha fijado una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77.348.374 dólares (equivalentes a 51.441.746 euros) para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.
En la resolución, que es firme, el magistrado da un plazo de 10 días a los imputados y a los bancos, considerados responsables civiles subsidiarios, para que presten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo, procederá a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares (17.150.604 euros). Todo ello totalizaría más de 100 millones de dólares. Con ese dinero, el juez trata de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet.
El proceso se inició el 16 de octubre de 1998 cuando el magistrado admitió la querella contra el ex dictador Augusto Pinochet (fallecido en diciembre de 2006) por delitos de genocidio, terrorismo y torturas por la ideación y puesta en marcha del Plan Cóndor, estrategia de ayuda entre las dictaduras del cono sur, según la cual unos países se encargaban de secuestrar, torturar y hacer desaparecer a los nacionales de otras naciones a cambio de recibir una ayuda recíproca. En septiembre de 2004, se amplió la querella por alzamiento de bienes contra Pinochet, su esposa y varios responsables del Banco Riggs, así como su abogado Óscar Custodio Aitken, que renunció a la defensa del general para poder defenderse a sí mismo.
El caso se archivó respecto al Banco Riggs, en febrero de 2005, después de que la entidad bancaria reconociese ante un tribunal de Washington (Estados Unidos) que había ocultado cuentas secretas de Pinochet y aceptase pagar un total de nueve millones de dólares, que era el montante de los fondos blanqueados por ese medio, a las víctimas de la dictadura militar chilena. El dinero fue gestionado por la Fundación Salvador Allende que lo distribuyó entre las víctimas.
Pero en abril de 2007 se presentó una ampliación de la querella por blanqueo de capitales contra varios altos responsables del Banco de Chile y dos de sus filiales Banchile Corredores de Bolsa SA y Banchile Administradora General de Fondos SA. El juez, sin embargo, reclamó a los querellantes que individualizaran la conducta de los responsables y que aportaran evidencias de las actuaciones de cada uno. La representación de la Fundación Española Presidente Allende presentó en julio de este año un informe de la Brigada investigadora de lavado de activos chilena, que determinaba la responsabilidad de cada uno de los imputados y en la que se cuantificaba en 77.348.374 dólares el dinero blanqueado.
Garzón ha acordado también cursar una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados de los citados delitos. El magistrado español pretende personarse en Chile, junto con la comisión judicial correspondiente, para participar en esa toma de declaraciones de los acusados.
Éste no es el único proceso que se sigue por los fondos del ex dictador, ya que el Gobierno chileno, por medio del Consejo de Defensa del Estado, demandó en abril de este año a cuatro bancos en Miami por haber ocultado supuestamente parte de la fortuna del fallecido. La demanda afectó al Banco de Chile, al portugués Espirito Santo, al PNC Financial Services Group, que absorbió al Banco Riggs y al Santander, de España. Según la demanda, los cuatro bancos ayudaron a Pinochet a ocultar 26 millones de dólares (unos 20 millones de euros), de los que la mayoría carecen de soporte legal alguno.

La persecución de Pinochet y su dinero

- Marzo de 1990. El dictador Augusto Pinochet deja el poder presidencial con el que se hizo tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

- 17 de octubre de 1998. Garzón obtiene la detención en Londres de Pinochet por los crímenes cometidos durante la dictadura y genocidio.

- 2 de marzo de 2000. Pinochet queda libre y regresa a Chile.

- Agosto de 2000. Se le priva de la inmunidad parlamentaria para investigarle en el caso de la Caravana de la Muerte.

Enero de 2001. Es sometido a arresto domiciliario tras su procesamiento por 74 ejecuciones de presos políticos.

- Agosto de 2004. Pierde de nuevo la inmunidad por los crímenes en la operación Cóndor.

- 16 de septiembre de 2004. Querella por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero.

- 25 de febrero de 2004. Sobreseimiento de la causa respecto al dinero depositado por Pinochet y su familia en el Banco Riggs National Corporation

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- 10 de diciembre de 2006. Pinochet, en arresto domiciliario, fallece a los 91 años en Chile sin responder de sus crímenes. Tenía 300 causas abiertas.

- 4 de abril de 2007. Querella de la Fundación Allende contra el Banco de Chile y varias filiales y familiares de Pincohet por blanqueo y alzamiento de bienes. - Octubre de 2009. Garzón admite la querella por blanqueo de dinero y fija en 77.348.374 dólares (51.441.746,5 euros) la fianza de responsabilidad civil para los imputados.

GUIDO CAMÚ: “ESTAMOS DISPONIBLES A FORMAR PARTE DEL FRENTE AMPLIO CONTRA LA DERECHA”

Una cordial y amena reunión se desarrolló esta mañana entre el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, el candidato a Diputado por San Miguel, Guillermo Tellier y un grupo de dirigentes socialistas encabezados por el candidato a Diputado por Santiago, Guido Camú y los concejales, Maya Fernández (Ñuñoa), Ismael Calderón (Santiago), Francisco Olea (La Reina), Juan Valdés (La Granja) y Marcos Quintanilla (San José de Maipo) –todos ellos adherentes de Eduardo Frei-, en la oportunidad los jóvenes socialista dieron su apoyo a la creación de un frente amplio contra la derecha.

Guido Camú comento que “venimos aquí a apoyar y agradecer la sensatez demostrada por el candidato del Juntos Podemos en el debate presidencial en relación a la necesidad de demostrar y comprometer el apoyo, en segunda vuelta,  a quién obtenga más votos con la finalidad que la derecha no llegue a Gobernar en nuestro país”.

El Candidato a Diputado por Santiago añadió que, “estamos disponibles y nos comprometemos a sensibilizar a cuantas personas podamos, con la finalidad que las grandes fortunas de nuestro país, los que nos tienen ni la preparación ni la voluntad para Gobernar por los más pobre de nuestro país, tampoco defenderán los derechos laborales y menos apoyarán la articulación de una constitución que emane de de la voluntad de los chilenos y chilenas”.

Po su parte Guillermo Tellier, se mostró muy satisfecho con el apoyo otorgado por los jóvenes dirigentes socialistas a la creación de este bloque amplio en contra de la llegada de la derecha al poder de nuestro país.

Apoyo

Por otra parte el candidato presidencial del Juntos Podemos, comentó que ha entregado su apoyo a 17 candidatos a Diputado externos a su coalición. Es en ese marco que entregó su completo apoyo al candidato por Santiago Guido Camú. “Con Guido participé en la vida interna partidaria, lo conozco, hemos dado juntos muchas luchas internas y por ello le doy mi completo apoyo, él realiza una campaña con el corazón socialista, hemos sido cercanos políticamente desde siempre”, puntualizó. 

Documental "Disparen sobre Santiago"

Documental "Disparen sobre Santiago"

Chile - Avances y obstáculos en los procesos en contra de los responsables de crímenes contra la humanidad durante la dictadura

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Comunicado

El día 3 de noviembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe titulado « Avances y obstáculos en los procesos en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura ». Presentación que contó con la presencia del Estado de Chile.

Este informe es el resultado de una misión de investigación que se llevó a cabo del 9 al 15 de marzo del 2009.

A más de 19 años de la caída del régimen militar que mantuvo a Chile en el terror durante 17 años, la FIDH consideró necesario realizar una evaluación del estado de avance de la justicia para las víctimas de crímenes contra la humanidad, cometidos bajo la dictadura militar, con el fin de formular recomendaciones que puedan contribuir a un mayor avance de los juicios en curso, y por consiguiente, al respeto y la realización del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, garantizando la no repetición de estos crímenes.

Durante la audiencia ante la CIDH, se destacó en particular la tendencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de dictar sentencias que no reflejan la gravedad de los crímenes ni su carácter imprescriptible. En efecto, desde junio de 2007, se han dictado 55 fallos relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, de las cuales, en 36 de ella se ha aplicado la figura de la media prescripción.

Esta figura permite rebajar las condenas a los responsables de estos graves crímenes, otorgándoles una pena de menor a  cinco años, beneficiando a los autores con la libertad vigilada en vez de la cárcel. En la mayoría de estos casos la Corte Suprema, describe los ilícitos perpetrados como delitos inamnistiables e imprescriptibles rechazando la excepción de prescripción presentada por los acusados. Además, en el caso de las desapariciones se establece ficticiamente una fecha de defunción de las víctimas, a fin de poder privar a los ilícitos de su carácter permanente e iniciar el cómputo contemplado por el Código Penal para rebajar las penas.

Finalmente, se mencionó la necesidad de anular el Decreto-Ley de Amnistía y de aprobar una Ley que impida expresamente la aplicación de la prescripción y la media-prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad.

Desafortunadamente, y a pesar de las preguntas de los miembros de la CIDH, el Estado de Chile no presentó argumentos convincentes  frente a estas denuncias. Por tanto seguiremos insistiendo para que Chile cumpla plenamente las obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos y en la plena satisfacción de los derechos de las víctimas.

Descargar informe completo

Contacto : Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 2518

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Karine Appy
Attachée de presse
Press Officer 
FIDH
17 passage de la main d'or
75011 Paris
France
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Fax : 00 33 1 43 55 18 80
http://www.fidh.org

Cuatro violadores de DDHH ad portas de salir libres

La Nación Por Leslie Ayala Castro/La Nación 

 

La Corte propuso beneficio para el autor intelectual del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, uno de los condenados en el caso degollados y dos ex agentes de la DINA.

Jueves 5 de noviembre de 2009 | | País 

 

En manos del seremi de Justicia, Patricio Reyes, quedó el futuro de los 121 reos que el Poder Judicial propuso este semestre para obtener el beneficio de la libertad condicional.
Esto luego de que la comisión ad hok, presidida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, acogiera los requerimientos de aquellos internos que reunían las condiciones para postular al beneficio.
Lo más sorprendente es que entre los candidatos a la prerrogativa se encuentran cuatro ex agentes condenados en emblemáticas causas de violaciones de los derechos humanos.
Entre ellos está el general (R) y ex jefe DINE, Arturo Ramsés Álvarez Scoglia, quien obtuvo 8 votos y, actualmente, se encuentra cumpliendo una condena de 8 años por ser uno de los ideólogos del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982.
Su hijo mayor, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, frente a esta situación dijo que le parecía una pésima señal de los tribunales de justicia “porque yo siempre he dicho que alguien va a recibir algún tipo de beneficio, al menos deben ser personas que han demostrado arrepentimiento, que hayan cooperado con la justicia” y, a juicio del parlamentario, Álvarez Scoglia “nunca asumió su culpa, nunca demostró el mínimo arrepentimiento”.
El diputado ejemplificó que en otras ocasiones ha expresado que no se opondría a la libertad condicional de, por ejemplo, el asesino material de su padre Carlos Herrara Jiménez, sólo porque “ha demostrado arrepentimiento, colaborado con la justicia y pedido perdón”.
No osbtante, dijo estar esperanzado en que la resolución final, del seremi de Justicia, considere lo que él -como hijo de una víctima- ha planteado.
Además, la Comisión de Libertad Condicional, que se reunió los días 27 y 28 de octubre, decidió acoger la postulación a este beneficio presentada por el ex oficial de Carabineros Patricio Zamora Navia, quien obtuvo nueve votos por parte de la comisión.
Este último cumple una sentencia de 15 años y otras dos penas de 541 días por el secuestro y asesinato de tres miembros del PC en 1985, también conocido como “caso degollados”.
Otro de los condenados por delitos de lesa humanidad es el ex detective y agente DINA, Rizier Altez España (10 votos), quien está recluido en Punta Peuco cumpliendo dos condenas de 3 años y un día por secuestros calificados y sindicado como partícipe de la Operación Colombo.
Misma suerte corrió el oficial del Ejército (R) Carlos López Tapia, quien también quedó seleccionado y que se encuentra en prisión por el secuestro de Julia Retamal, Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria.
Claudio Spiniak no contó con la aprobación de la comisión para postular a la libertad condicional por obtener menos de los 5 puntos necesarios, por lo que se rechazó este semestre su solicitud.
Los requisitos mínimos para llegar a esta instancia es que el condenado tenga más de la mitad de la pena cumplida, una destacada conducta en el penal, además de asistir a los talleres que imparte Gendarmería.
De cumplir tales requisitos, la comisión evalúa la situación y envía los antecedentes a Justicia, que en este caso tiene la última palabra.

La Nación 

 

Bachelet busca limitar justicia militar

Redacción

BBC Mundo

martes, 27 de octubre de 2009

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió a la legislatura un proyecto de ley que, de ser aprobado, limitaría la jurisdicción y competencia de los tribunales militares para juzgar civiles.

Bachelet dijo que el propósito es que "nunca más un civil sea juzgado por la justicia militar".

Hasta la fecha los civiles deben ser procesados por tribunales castrenses si han sido acusados de cometer una ofensa contra un miembro de las fuerzas armadas.

Esta situación es interpretada como un legado del gobierno militar que rigió a Chile entre 1973 y 1990.

El ministro de Justicia Carlos Maldonado afirmó que ahora los civiles que cometan delitos, incluso contra militares, estarán bajo la competencia de la justicia civil, lo que terminará con "una intromisión indebida, excesiva, exorbitante, que tenía la justicia militar sobre los civiles".
 
La propuesta limitaría el ámbito de acción de la justicia castrense al personal de las fuerzas armadas.

Más reformas

Esta iniciativa no es la única que busca reformar las estructuras legales que regulan la relación de las fuerzas armadas con el resto de la sociedad chilena.

Como señala Veronica Smink de BBC Mundo, una ley establecida por el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990) determinó que las FF.AA. se financien con un tributo del 10% sobre las ventas brutas de la empresa estatal Corporación del Cobre (Codelco).

Ahora, un proyecto de ley presentado por la presidenta Michelle Bachelet propone poner fin a la llamada Ley Reservada del Cobre e implementa un nuevo sistema de financiamiento de las fuerzas militares, agrega Smink.
El sistema propuesto incorpora el gasto bélico al presupuesto general del Estado, estableciendo ciclos de planificación de 12 años, divididos en períodos de cuatro años, correspondientes a los mandatos presidenciales.

BBC Mundo

Opinión

El rol democratizador de Arrate

El esfuerzo de Arrate no es impedir que MEO crezca para favorecer a Frei, sino en cumplir la labor propia de una candidatura que desea conservar su patrimonio político. Quitarle a Arrate el mérito y virtud de independencia es desconocer una de las características esenciales de la izquierda republicana durante décadas, que en los momentos más inverosímiles decidió llevar candidato propio.
 
Por Carlos Arrué*
¿Por qué una lista parlamentaria y dos candidatos presidenciales?
La curiosa situación surgida en esta campaña política es una consecuencia directa de la existencia en Chile del sistema electoral binominal. Para algunos es posible abstraerse de esto y afirmar que derechamente ambas coaliciones están unidas porque siempre lo estuvieron o creer -otros cuantos- que la candidatura de Arrate es funcional a la de Frei. Ambas explicaciones, la profecía apocalíptica y la de instrumentalidad, son igualmente erróneas y quienes las sostengan, corren serios riesgos de sumar para la resta.
 En primer lugar, la candidatura de Arrate surgió antes que la de Marco Enríquez-Ominami y previo a la de Frei. Salvo que en el JPM existan oráculos, presumir que la candidatura de Arrate se haya levantado como un obstáculo a otros candidatos o como instrumentales a la Concertación, hace caso omiso al camino que JPM diseñó tras las elecciones municipales del año pasado. En ese camino hubo hasta una foto donde, junto a Arrate y Teillier, aparecieron entonces dos insignes apoyos actuales a Enríquez-Ominami: Hirsch y Navarro. De modo que la candidatura de Enríquez provocó una merma en el apoyo a lo que JPM estaba haciendo. Atribuirle ahora a Arrate un destino manifiesto a favor de otro candidato como Frei, considerando ese largo camino de nominación de candidato presidencial por parte de JPM, carece de respaldo empírico.
 En segundo lugar, la exclusión parlamentaria de la izquierda no se romperá con la sola voluntad de un sector de chilenos, ni siquiera con su voluntad mayoritaria. La Historia reciente se encargó de probar la imposibilidad de estas alternativas por cuanto la derecha en este país se ampara en un modelo electoral que le da en promedio una representación de casi 8% más que los votos que obtiene y se esmera en conservar un privilegio ilegítimamente obtenido. Ese 8% es, en gran parte, votación de la llamada izquierda extraparlamentaria. Para remediar eso, las opciones son básicamente dos: proponer una insurrección general del pueblo, asaltar el poder y poner fin a un modelo insustentable, o utilizar la legalidad e intentar alcanzar los doblajes que le darían a esa izquierda una representación congresal. Hacer una lista común con la Concertación fue una idea que surgió cuando aún no había otros candidatos presidenciales y ninguno de los que vinieron, Enríquez, Navarro ni Pamela Jiles, dijeron algo así como "aguántense que yo voy de candidato". Es fácil ahora criticar el Pacto anunciando ser de izquierda, pero esos mismos candidatos cuando estuvieron en la Concertación, y no de forma instrumental sino como abnegados militantes con votos del oficialismo, no se desligaron de una política que era igualmente elitista, excluyente y mercantilizada de la que ahora reniegan. Y esto lleva al tercer punto.
 El Pacto en contra de la exclusión es un acuerdo político, sin dudas. Pero el sentido de llevar dos candidatos presidenciales de una misma lista parlamentaria radica precisamente en reflejar que cohabitando en el empeño común de democratizar el país, las fuerzas políticas que sostienen el Pacto no convergen en los objetivos ulteriores de su estrategia política. No es un crimen construir acuerdos en los grandes problemas del país y establecer diferencias en esos mismos grandes problemas y en ello, hay que tener visión política y saber combinar los acuerdos con las diferencias, siendo firmes y a la vez poseer la humildad precisa. De lo que se trata es de crear mayorías proclives a los cambios y no minorías auto erigidas en salvadoras. En política, es un activo saber diseñar y construir cambios beneficiosos para una mayoría.
 La lectura, en síntesis, es sencilla. Sustituir el modelo binominal es uno de los grandes objetivos contingentes y para ello, hay que sumar toda la fuerza posible porque mientras persista, no habrá democracia en Chile. Y toda la fuerza posible no es una consigna, sino una necesidad. Considerando la evidencia histórica reciente, no basta con tener mayorías para abordar la reforma electoral, sino que se requieren grandes mayorías, y ese esfuerzo implica subsumirse en una cultura política distinta, esfuerzo que el JPM asume como riesgo, pero se ha hecho con mucha valentía. La nota distintiva en este sentido, como factor de continuidad de una política anti neoliberal y evitar así lecturas erróneas sobre los pasos tácticos, lo constituye la candidatura de Jorge Arrate. He ahí su relevancia.
 La inclusión de comunistas en el Congreso constituiría una adquisición de orden estratégico tras un esfuerzo sistemático y dirigido desde el propio Estado y su institucionalidad para acabar con el PC durante estas últimas décadas. Contribuir a esa inclusión es un logro de la sociedad chilena y lo será también del candidato presidencial. Señalar, por parte de Arrate, que MEO no está en la derecha ni la izquierda no tiene por intención restarle votos para sumárselos, esfuerzo por lo demás legítimo, sino que consiste en ser claros ante su propio electorado. Para algunos de ellos -sobre todo los más jóvenes-  la candidatura de Enríquez constituye una señal de cambio. Es verdad que la izquierda en Chile no está a las alturas de los desafíos políticos, sin embargo, corresponde despejar el verdadero problema de los menos verdaderos o realmente no verdaderos problemas de la política nacional. El verdadero problema de Chile reside en el Estado subsidario del modelo neoliberal y su superación no pasa por ser joven, sino por desarrollar una labor política transformadora desde la realidad en la cual se está inserto.
 De manera que el esfuerzo de Arrate no es impedir que MEO crezca para favorecer a Frei, sino en cumplir la labor propia de una candidatura que desea conservar su patrimonio político. Quitarle a Arrate el mérito y virtud de independencia es desconocer una de las características esenciales de la izquierda republicana durante décadas, que en los momentos más inverosímiles decidió llevar candidato propio.
 Lo único realmente inédito de esta elección 2009 es la posibilidad de que la Izquierda Cristiana y el Partido Comunista puedan tener diputados y para ello, Arrate siente una responsabilidad cual es asegurarle a los chilenos de izquierda que esos diputados tengan su propio programa político. Y más inédito aún en estos 20 años, es que un hombre o mujer asuma un desafío tan complejo con tanta hidalguía, generosidad y convicción.
 Es triste como algunos actos y gestos nobles y preclaros políticamente se puedan reducir a una sumatoria de ingeniería política de intenciones oscuras y perversas. Bueno, como se dice "con la vara que mides, serás medido".
*Carlos Arrué es investigador de ICAL.

El Mostrador 

Cámara de Diputados de Chile rechaza convención sobre desaparición forzada

El proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional en función de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), no alcanzó los 69 votos necesarios para su aprobación.
El texto del proyecto de Ley se basa en una iniciativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994 por la OEA.
La relevancia internacional de esta medida no fue suficiente argumento para que la oposición de derecha en el Congreso chileno diera su visto bueno.
El proyecto obtuvo 57 votos a favor, 7 en contra y una abstención, quedando así descartado por no alcanzar el mínimo necesario de 69 votos favorables.
Durante el debate parlamentario, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, recordó que el Parlamento aprobó a principios de este año un instrumento similar de la ONU, por lo que cuestionó el actual rechazo.
Por su parte, el diputado socialista Sergio Aguiló, sostuvo que "esta es la derecha más cavernaria y reaccionaria, no sólo de América Latina, sino que del mundo, una derecha pinochetista", en referencia a los diputados que evitaron la aprobación.
"Estamos hablando de gente que es capaz, así como hoy rechaza una convención de esta naturaleza, de volver a impulsar las políticas terroristas como lo hizo en alguna época con la DINA y la CNI", acusó el diputado.


El Mapocho

TRIBUNA: JOAN E. GARCÉS

De impunidad y lealtades

JOAN E. GARCÉS 06/10/2009

El principio de jurisdicción universal es una aportación de juristas españoles en el desarrollo del debate que suscita Bartolomé de las Casas por los crímenes, hoy llamados de lesa humanidad, cometidos por algunos españoles en América. Diego de Covarrubias es el primero en sostener en su Practicarum quaestionum (Salamanca, 1556) que el autor de algunos delitos muy graves puede ser perseguido en el Estado donde los comete y también en el que se refugia, quien debe detenerlo y extraditarlo o juzgarlo él mismo. En la célebre controversia de Valladolid (1550-1551), Covarrubias apoyó a De las Casas frente a Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indios no tenían derechos y se les podía someter a los más crueles tratos impunemente. Carlos V, y antes Fernando el Católico, respaldaron a De las Casas.
La deshumanización de la víctima es respecto del delito contra la humanidad lo que la ausencia de tribunales respecto de la impunidad, una premisa. Crímenes sistemáticos y generalizados fueron cometidos entre 1933 y 1945 por un Estado cuyos jueces juraron lealtad al führer Hitler y al partido único, mientras cerraban a las víctimas las puertas de los tribunales. En España, tropas insurrectas apoyadas por el führer y el duce Mussolini ocuparon el 1 de abril de 1939 el Tribunal Supremo, expulsaron a la magistratura profesional subordinada a la Constitución y la reemplazaron por jueces que prestaran juramento incondicional al caudillo y a los principios del partido único.
En la actual Alemania, todos los poderes (Ejecutivo, Parlamento, tribunales) han terminado por condenar el "delito legalizado" (gesetzliches Unrecht) del anterior régimen; las leyes de 25 de agosto de 1998 y del 23 de julio de 2002 aprobaron "eliminar" las sentencias injustas dictadas a partir del 30 de junio de 1933 por jueces que, al pronunciarlas, participaban en "crímenes del Gobierno" (Regierungskriminalität) y "la impunidad objetiva entonces reinante".
En España, en 1985, una nueva ley del Poder Judicial estableció que los jueces son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos solamente a la Constitución y al imperio de la ley". Antes, el 30 de abril de 1977, se incorporó al sistema legal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cuyo artículo 15 (2) admite la aplicación retroactiva de la ley penal a los delitos contra los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional". Sin embargo, la realidad es que hasta hoy ningún fiscal ni sala de justicia ha investigado los delitos de esa naturaleza cometidos desde el 1 de abril de 1939. Y cuando el 16 de octubre de 2008 un juez de instrucción inició una primera investigación, la Fiscalía del Estado pidió detenerla de inmediato, y la Audiencia Nacional se lo ordenó por una vía que niega la independencia del juez (la documentación de este proceso se actualiza regularmente en www.elclarin.cl, sección España).
En mayo de 2009 es el Tribunal Supremo quien somete a proceso al juez, a petición de personas de profesa lealtad a los principios del caudillo que piden removerlo de sus funciones. En paralelo, el Congreso de los Diputados aprobaba una reforma legal dirigida a trabar, a su vez, la investigación de delitos internacionales cometidos fuera de España.
Estas acciones son regresivas y recorren un sendero de denegación de justicia. En Alemania, los nietos de las víctimas del führerprinzip (sumisión al jefe) y de quienes juraron lealtad a éste se han reencontrado, no sin dificultades, en un solo Estado en el que se aplican las normas penales internacionales. En España el desencuentro persiste, rigen las mismas normas pero no se aplican. Sin embargo, a diferencia de lo que les ocurrió a sus abuelos, los españoles hoy tienen abiertas las puertas de tribunales fuera de España dispuestos a oír su petición de justicia.
Al ratificar convenios como los de Ginebra de 1949 y otros, los Estados de las Naciones Unidas (entre ellos España) han asumido el deber de perseguir en sus tribunales internos los crímenes de guerra bajo los principios de la jurisdicción universal absoluta, es decir, cualquiera sea el país donde han sido cometidos, la nacionalidad de la víctima y del autor o el país donde éste se encuentra al iniciarse el proceso.
Entre más de 500 jueces en ejercicio en España, sólo seis tienen competencia en esa materia, y los casos abiertos suponen el 0,3% del total que les ocupa.
En Alemania y Francia, por hablar de países próximos, los principios de jurisdicción universal rigen en plenitud, contrariamente a lo que pretende la reforma legal que se apresta a votar el Senado español. A través de medios procesales distintos, en ambos países los resultados son equivalentes a los de la norma aún vigente en España.
La ley alemana no requiere que el inculpado se halle necesariamente presente en el territorio nacional cuando se inicia la investigación o se ordena su detención. El particular denunciante puede exigir a la fiscalía que ejercite la acción penal, y si se niega puede apelar ante un tribunal en cada Estado federal. En España es el tribunal quien controla el proceso desde su inicio, con la participación del fiscal y las otras partes.
En la ley francesa cabe el juicio en rebeldía, incluso cuando la víctima del delito es un francés en territorio extranjero. Hace una excepción con la jurisdicción universal y requiere la presencia del acusado en Francia al inicio del proceso. En España y Alemania no cabe un juicio en rebeldía y no se establece tal requisito.
En Alemania y Francia los particulares no pueden ejercitar la acción penal. En España sí, pero nuestros tribunales disponen de medios legales para rechazar demandas frívolas. Decenas han sido inadmitidas a trámite.
¿Podría causar molestias ejecutar una orden de detención europea emitida por un juez español contra alguna personalidad de un Gobierno extranjero de paso por Alemania o Francia? Ambos países las evitan con el expediente legal de advertir al interesado que viaje con pasaporte diplomático.
Así lo hizo Alemania en abril de 2008 en el caso de Rose Kabuye, reclamada desde 1996 por un juez francés por complicidad en el atentado del año 1994 en Ruanda contra el presidente de Ruanda que inicia el genocidio de ruandeses contra ruandeses.
Por su parte, la inmensa mayoría de los españoles ha apoyado a las instituciones del Estado cuando han actuado en conformidad con el derecho internacional, incluso frente a la principal potencia mundial (Irak es un caso actual).
Aplicar el derecho internacional por tribunales nacionales independientes e imparciales forma parte, también, de las relaciones internacionales, no sólo el envío de tropas, y es incomparablemente menos gravoso en recursos humanos, financieros y eventuales consecuencias no deseadas.
En conclusión: no resisten el análisis los motivos que se dan para tratar de acabar precipitadamente con la jurisdicción universal en España.

TRIBUNA: Joan E. Garcés

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Plataforma por la Justicia Universal contra la Impunidad

Próximas actividades de la plataforma entorno al día de la votación en el Senado.

1. LUNES 5 de octubre: desde CCOO os haremos llegar una nota de prensa que todos difundiremos, haciendo hincapié en la prensa internacional, sobre las actividades del martes 6 de octubre.

2. MARTES 6 de octubre a las 17:00h

Varios representantes de la Plataforma esperaremos a los portavoces de los grupos parlamentarios, que previamente habrán recibido carta personal, en la puerta del Senado para entregarles una carta con "la carta con la Declaración de DDHH y más" y, si bajan, nos reuniremos en una sala que vamos a reservar para presentarles nuestros argumentos en contra de la reforma. Cada senador recibirá una "carta" igual en su buzón antes de la votación.
Se citará a toda la prensa. Probablemte venga TV2

3. MARTES 6 de octubre a las 19:00h

Convocamos a todo el mundo a una concentración a las 19h, para la que se ha pedido permiso en la Plaza de la Marina Española. Luego os paso una convocatoria para difundir. Se citará a toda la prensa

4. Votación el día MIÉRCOLES 7 de octubre a las 16:00 h.
 
Quienes vayamos a entrar para asistir a la votación quedamos en la puerta a las 16 h. Todavían quedan espacios libres. Por favor, quienes me habéis mandado nombres de varias personas hacedles llegar el cambio de hora. Gracias.

5. Emitiremos un COMUNICADO en nombre de la Plataforma

¡¡¡Os esperamos!!!