lunes, 23 de noviembre de 2009

GUIDO CAMÚ: “ESTAMOS DISPONIBLES A FORMAR PARTE DEL FRENTE AMPLIO CONTRA LA DERECHA”


Una cordial y amena reunión se desarrolló esta mañana entre el candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, el candidato a Diputado por San Miguel, Guillermo Tellier y un grupo de dirigentes socialistas encabezados por el candidato a Diputado por Santiago, Guido Camú y los concejales, Maya Fernández (Ñuñoa), Ismael Calderón (Santiago), Francisco Olea (La Reina), Juan Valdés (La Granja) y Marcos Quintanilla (San José de Maipo) –todos ellos adherentes de Eduardo Frei-, en la oportunidad los jóvenes socialista dieron su apoyo a la creación de un frente amplio contra la derecha.
Guido Camú comento que “venimos aquí a apoyar y agradecer la sensatez demostrada por el candidato del Juntos Podemos en el debate presidencial en relación a la necesidad de demostrar y comprometer el apoyo, en segunda vuelta,  a quién obtenga más votos con la finalidad que la derecha no llegue a Gobernar en nuestro país”.
El Candidato a Diputado por Santiago añadió que, “estamos disponibles y nos comprometemos a sensibilizar a cuantas personas podamos, con la finalidad que las grandes fortunas de nuestro país, los que nos tienen ni la preparación ni la voluntad para Gobernar por los más pobre de nuestro país, tampoco defenderán los derechos laborales y menos apoyarán la articulación de una constitución que emane de de la voluntad de los chilenos y chilenas”.
Po su parte Guillermo Tellier, se mostró muy satisfecho con el apoyo otorgado por los jóvenes dirigentes socialistas a la creación de este bloque amplio en contra de la llegada de la derecha al poder de nuestro país.
Apoyo
Por otra parte el candidato presidencial del Juntos Podemos, comentó que ha entregado su apoyo a 17 candidatos a Diputado externos a su coalición. Es en ese marco que entregó su completo apoyo al candidato por Santiago Guido Camú. “Con Guido participé en la vida interna partidaria, lo conozco, hemos dado juntos muchas luchas internas y por ello le doy mi completo apoyo, él realiza una campaña con el corazón socialista, hemos sido cercanos políticamente desde siempre”, puntualizó. 

Documental "Disparen sobre Santiago"

Documental "Disparen sobre Santiago"

jueves, 5 de noviembre de 2009

Chile - Avances y obstáculos en los procesos en contra de los responsables de crímenes contra la humanidad durante la dictadura



Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)


Comunicado



El día 3 de noviembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe titulado « Avances y obstáculos en los procesos en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura ». Presentación que contó con la presencia del Estado de Chile.

Este informe es el resultado de una misión de investigación que se llevó a cabo del 9 al 15 de marzo del 2009.

A más de 19 años de la caída del régimen militar que mantuvo a Chile en el terror durante 17 años, la FIDH consideró necesario realizar una evaluación del estado de avance de la justicia para las víctimas de crímenes contra la humanidad, cometidos bajo la dictadura militar, con el fin de formular recomendaciones que puedan contribuir a un mayor avance de los juicios en curso, y por consiguiente, al respeto y la realización del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, garantizando la no repetición de estos crímenes.

Durante la audiencia ante la CIDH, se destacó en particular la tendencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de dictar sentencias que no reflejan la gravedad de los crímenes ni su carácter imprescriptible. En efecto, desde junio de 2007, se han dictado 55 fallos relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, de las cuales, en 36 de ella se ha aplicado la figura de la media prescripción.

Esta figura permite rebajar las condenas a los responsables de estos graves crímenes, otorgándoles una pena de menor a  cinco años, beneficiando a los autores con la libertad vigilada en vez de la cárcel. En la mayoría de estos casos la Corte Suprema, describe los ilícitos perpetrados como delitos inamnistiables e imprescriptibles rechazando la excepción de prescripción presentada por los acusados. Además, en el caso de las desapariciones se establece ficticiamente una fecha de defunción de las víctimas, a fin de poder privar a los ilícitos de su carácter permanente e iniciar el cómputo contemplado por el Código Penal para rebajar las penas.

Finalmente, se mencionó la necesidad de anular el Decreto-Ley de Amnistía y de aprobar una Ley que impida expresamente la aplicación de la prescripción y la media-prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad.

Desafortunadamente, y a pesar de las preguntas de los miembros de la CIDH, el Estado de Chile no presentó argumentos convincentes  frente a estas denuncias. Por tanto seguiremos insistiendo para que Chile cumpla plenamente las obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos y en la plena satisfacción de los derechos de las víctimas.



Contacto : Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 2518

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Karine Appy
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Cuatro violadores de DDHH ad portas de salir libres

La Nación Por Leslie Ayala Castro/La Nación 
 
La Corte propuso beneficio para el autor intelectual del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, uno de los condenados en el caso degollados y dos ex agentes de la DINA.

Jueves 5 de noviembre de 2009 | | País 
 
En manos del seremi de Justicia, Patricio Reyes, quedó el futuro de los 121 reos que el Poder Judicial propuso este semestre para obtener el beneficio de la libertad condicional.
Esto luego de que la comisión ad hok, presidida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, acogiera los requerimientos de aquellos internos que reunían las condiciones para postular al beneficio.
Lo más sorprendente es que entre los candidatos a la prerrogativa se encuentran cuatro ex agentes condenados en emblemáticas causas de violaciones de los derechos humanos.
Entre ellos está el general (R) y ex jefe DINE, Arturo Ramsés Álvarez Scoglia, quien obtuvo 8 votos y, actualmente, se encuentra cumpliendo una condena de 8 años por ser uno de los ideólogos del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982.
Su hijo mayor, el diputado PPD Tucapel Jiménez Fuentes, frente a esta situación dijo que le parecía una pésima señal de los tribunales de justicia “porque yo siempre he dicho que alguien va a recibir algún tipo de beneficio, al menos deben ser personas que han demostrado arrepentimiento, que hayan cooperado con la justicia” y, a juicio del parlamentario, Álvarez Scoglia “nunca asumió su culpa, nunca demostró el mínimo arrepentimiento”.
El diputado ejemplificó que en otras ocasiones ha expresado que no se opondría a la libertad condicional de, por ejemplo, el asesino material de su padre Carlos Herrara Jiménez, sólo porque “ha demostrado arrepentimiento, colaborado con la justicia y pedido perdón”.
No osbtante, dijo estar esperanzado en que la resolución final, del seremi de Justicia, considere lo que él -como hijo de una víctima- ha planteado.
Además, la Comisión de Libertad Condicional, que se reunió los días 27 y 28 de octubre, decidió acoger la postulación a este beneficio presentada por el ex oficial de Carabineros Patricio Zamora Navia, quien obtuvo nueve votos por parte de la comisión.
Este último cumple una sentencia de 15 años y otras dos penas de 541 días por el secuestro y asesinato de tres miembros del PC en 1985, también conocido como “caso degollados”.
Otro de los condenados por delitos de lesa humanidad es el ex detective y agente DINA, Rizier Altez España (10 votos), quien está recluido en Punta Peuco cumpliendo dos condenas de 3 años y un día por secuestros calificados y sindicado como partícipe de la Operación Colombo.
Misma suerte corrió el oficial del Ejército (R) Carlos López Tapia, quien también quedó seleccionado y que se encuentra en prisión por el secuestro de Julia Retamal, Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria.
Claudio Spiniak no contó con la aprobación de la comisión para postular a la libertad condicional por obtener menos de los 5 puntos necesarios, por lo que se rechazó este semestre su solicitud.
Los requisitos mínimos para llegar a esta instancia es que el condenado tenga más de la mitad de la pena cumplida, una destacada conducta en el penal, además de asistir a los talleres que imparte Gendarmería.
De cumplir tales requisitos, la comisión evalúa la situación y envía los antecedentes a Justicia, que en este caso tiene la última palabra.

La Nación 
 

martes, 27 de octubre de 2009

Bachelet busca limitar justicia militar

Redacción
BBC Mundo

martes, 27 de octubre de 2009

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió a la legislatura un proyecto de ley que, de ser aprobado, limitaría la jurisdicción y competencia de los tribunales militares para juzgar civiles.

Bachelet dijo que el propósito es que "nunca más un civil sea juzgado por la justicia militar".

Hasta la fecha los civiles deben ser procesados por tribunales castrenses si han sido acusados de cometer una ofensa contra un miembro de las fuerzas armadas.

Esta situación es interpretada como un legado del gobierno militar que rigió a Chile entre 1973 y 1990.

El ministro de Justicia Carlos Maldonado afirmó que ahora los civiles que cometan delitos, incluso contra militares, estarán bajo la competencia de la justicia civil, lo que terminará con "una intromisión indebida, excesiva, exorbitante, que tenía la justicia militar sobre los civiles".
 
La propuesta limitaría el ámbito de acción de la justicia castrense al personal de las fuerzas armadas.

Más reformas

Esta iniciativa no es la única que busca reformar las estructuras legales que regulan la relación de las fuerzas armadas con el resto de la sociedad chilena.

Como señala Veronica Smink de BBC Mundo, una ley establecida por el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990) determinó que las FF.AA. se financien con un tributo del 10% sobre las ventas brutas de la empresa estatal Corporación del Cobre (Codelco).

Ahora, un proyecto de ley presentado por la presidenta Michelle Bachelet propone poner fin a la llamada Ley Reservada del Cobre e implementa un nuevo sistema de financiamiento de las fuerzas militares, agrega Smink.
El sistema propuesto incorpora el gasto bélico al presupuesto general del Estado, estableciendo ciclos de planificación de 12 años, divididos en períodos de cuatro años, correspondientes a los mandatos presidenciales.

BBC Mundo

sábado, 24 de octubre de 2009

El rol democratizador de Arrate

Opinión

El rol democratizador de Arrate

El rol democratizador de Arrate El esfuerzo de Arrate no es impedir que MEO crezca para favorecer a Frei, sino en cumplir la labor propia de una candidatura que desea conservar su patrimonio político. Quitarle a Arrate el mérito y virtud de independencia es desconocer una de las características esenciales de la izquierda republicana durante décadas, que en los momentos más inverosímiles decidió llevar candidato propio.
 
Por Carlos Arrué*
¿Por qué una lista parlamentaria y dos candidatos presidenciales?
La curiosa situación surgida en esta campaña política es una consecuencia directa de la existencia en Chile del sistema electoral binominal. Para algunos es posible abstraerse de esto y afirmar que derechamente ambas coaliciones están unidas porque siempre lo estuvieron o creer -otros cuantos- que la candidatura de Arrate es funcional a la de Frei. Ambas explicaciones, la profecía apocalíptica y la de instrumentalidad, son igualmente erróneas y quienes las sostengan, corren serios riesgos de sumar para la resta.
 En primer lugar, la candidatura de Arrate surgió antes que la de Marco Enríquez-Ominami y previo a la de Frei. Salvo que en el JPM existan oráculos, presumir que la candidatura de Arrate se haya levantado como un obstáculo a otros candidatos o como instrumentales a la Concertación, hace caso omiso al camino que JPM diseñó tras las elecciones municipales del año pasado. En ese camino hubo hasta una foto donde, junto a Arrate y Teillier, aparecieron entonces dos insignes apoyos actuales a Enríquez-Ominami: Hirsch y Navarro. De modo que la candidatura de Enríquez provocó una merma en el apoyo a lo que JPM estaba haciendo. Atribuirle ahora a Arrate un destino manifiesto a favor de otro candidato como Frei, considerando ese largo camino de nominación de candidato presidencial por parte de JPM, carece de respaldo empírico.
 En segundo lugar, la exclusión parlamentaria de la izquierda no se romperá con la sola voluntad de un sector de chilenos, ni siquiera con su voluntad mayoritaria. La Historia reciente se encargó de probar la imposibilidad de estas alternativas por cuanto la derecha en este país se ampara en un modelo electoral que le da en promedio una representación de casi 8% más que los votos que obtiene y se esmera en conservar un privilegio ilegítimamente obtenido. Ese 8% es, en gran parte, votación de la llamada izquierda extraparlamentaria. Para remediar eso, las opciones son básicamente dos: proponer una insurrección general del pueblo, asaltar el poder y poner fin a un modelo insustentable, o utilizar la legalidad e intentar alcanzar los doblajes que le darían a esa izquierda una representación congresal. Hacer una lista común con la Concertación fue una idea que surgió cuando aún no había otros candidatos presidenciales y ninguno de los que vinieron, Enríquez, Navarro ni Pamela Jiles, dijeron algo así como "aguántense que yo voy de candidato". Es fácil ahora criticar el Pacto anunciando ser de izquierda, pero esos mismos candidatos cuando estuvieron en la Concertación, y no de forma instrumental sino como abnegados militantes con votos del oficialismo, no se desligaron de una política que era igualmente elitista, excluyente y mercantilizada de la que ahora reniegan. Y esto lleva al tercer punto.
 El Pacto en contra de la exclusión es un acuerdo político, sin dudas. Pero el sentido de llevar dos candidatos presidenciales de una misma lista parlamentaria radica precisamente en reflejar que cohabitando en el empeño común de democratizar el país, las fuerzas políticas que sostienen el Pacto no convergen en los objetivos ulteriores de su estrategia política. No es un crimen construir acuerdos en los grandes problemas del país y establecer diferencias en esos mismos grandes problemas y en ello, hay que tener visión política y saber combinar los acuerdos con las diferencias, siendo firmes y a la vez poseer la humildad precisa. De lo que se trata es de crear mayorías proclives a los cambios y no minorías auto erigidas en salvadoras. En política, es un activo saber diseñar y construir cambios beneficiosos para una mayoría.
 La lectura, en síntesis, es sencilla. Sustituir el modelo binominal es uno de los grandes objetivos contingentes y para ello, hay que sumar toda la fuerza posible porque mientras persista, no habrá democracia en Chile. Y toda la fuerza posible no es una consigna, sino una necesidad. Considerando la evidencia histórica reciente, no basta con tener mayorías para abordar la reforma electoral, sino que se requieren grandes mayorías, y ese esfuerzo implica subsumirse en una cultura política distinta, esfuerzo que el JPM asume como riesgo, pero se ha hecho con mucha valentía. La nota distintiva en este sentido, como factor de continuidad de una política anti neoliberal y evitar así lecturas erróneas sobre los pasos tácticos, lo constituye la candidatura de Jorge Arrate. He ahí su relevancia.
 La inclusión de comunistas en el Congreso constituiría una adquisición de orden estratégico tras un esfuerzo sistemático y dirigido desde el propio Estado y su institucionalidad para acabar con el PC durante estas últimas décadas. Contribuir a esa inclusión es un logro de la sociedad chilena y lo será también del candidato presidencial. Señalar, por parte de Arrate, que MEO no está en la derecha ni la izquierda no tiene por intención restarle votos para sumárselos, esfuerzo por lo demás legítimo, sino que consiste en ser claros ante su propio electorado. Para algunos de ellos -sobre todo los más jóvenes-  la candidatura de Enríquez constituye una señal de cambio. Es verdad que la izquierda en Chile no está a las alturas de los desafíos políticos, sin embargo, corresponde despejar el verdadero problema de los menos verdaderos o realmente no verdaderos problemas de la política nacional. El verdadero problema de Chile reside en el Estado subsidario del modelo neoliberal y su superación no pasa por ser joven, sino por desarrollar una labor política transformadora desde la realidad en la cual se está inserto.
 De manera que el esfuerzo de Arrate no es impedir que MEO crezca para favorecer a Frei, sino en cumplir la labor propia de una candidatura que desea conservar su patrimonio político. Quitarle a Arrate el mérito y virtud de independencia es desconocer una de las características esenciales de la izquierda republicana durante décadas, que en los momentos más inverosímiles decidió llevar candidato propio.
 Lo único realmente inédito de esta elección 2009 es la posibilidad de que la Izquierda Cristiana y el Partido Comunista puedan tener diputados y para ello, Arrate siente una responsabilidad cual es asegurarle a los chilenos de izquierda que esos diputados tengan su propio programa político. Y más inédito aún en estos 20 años, es que un hombre o mujer asuma un desafío tan complejo con tanta hidalguía, generosidad y convicción.
 Es triste como algunos actos y gestos nobles y preclaros políticamente se puedan reducir a una sumatoria de ingeniería política de intenciones oscuras y perversas. Bueno, como se dice "con la vara que mides, serás medido".
*Carlos Arrué es investigador de ICAL.

El Mostrador 

Cámara de Diputados de Chile rechaza convención sobre desaparición forzada

El proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional en función de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), no alcanzó los 69 votos necesarios para su aprobación.
El texto del proyecto de Ley se basa en una iniciativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994 por la OEA.
La relevancia internacional de esta medida no fue suficiente argumento para que la oposición de derecha en el Congreso chileno diera su visto bueno.
El proyecto obtuvo 57 votos a favor, 7 en contra y una abstención, quedando así descartado por no alcanzar el mínimo necesario de 69 votos favorables.
Durante el debate parlamentario, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, recordó que el Parlamento aprobó a principios de este año un instrumento similar de la ONU, por lo que cuestionó el actual rechazo.
Por su parte, el diputado socialista Sergio Aguiló, sostuvo que "esta es la derecha más cavernaria y reaccionaria, no sólo de América Latina, sino que del mundo, una derecha pinochetista", en referencia a los diputados que evitaron la aprobación.
"Estamos hablando de gente que es capaz, así como hoy rechaza una convención de esta naturaleza, de volver a impulsar las políticas terroristas como lo hizo en alguna época con la DINA y la CNI", acusó el diputado.


El Mapocho

martes, 6 de octubre de 2009

De impunidad y lealtades

TRIBUNA: JOAN E. GARCÉS

De impunidad y lealtades

JOAN E. GARCÉS 06/10/2009

El principio de jurisdicción universal es una aportación de juristas españoles en el desarrollo del debate que suscita Bartolomé de las Casas por los crímenes, hoy llamados de lesa humanidad, cometidos por algunos españoles en América. Diego de Covarrubias es el primero en sostener en su Practicarum quaestionum (Salamanca, 1556) que el autor de algunos delitos muy graves puede ser perseguido en el Estado donde los comete y también en el que se refugia, quien debe detenerlo y extraditarlo o juzgarlo él mismo. En la célebre controversia de Valladolid (1550-1551), Covarrubias apoyó a De las Casas frente a Ginés de Sepúlveda, quien sostenía que los indios no tenían derechos y se les podía someter a los más crueles tratos impunemente. Carlos V, y antes Fernando el Católico, respaldaron a De las Casas.
La deshumanización de la víctima es respecto del delito contra la humanidad lo que la ausencia de tribunales respecto de la impunidad, una premisa. Crímenes sistemáticos y generalizados fueron cometidos entre 1933 y 1945 por un Estado cuyos jueces juraron lealtad al führer Hitler y al partido único, mientras cerraban a las víctimas las puertas de los tribunales. En España, tropas insurrectas apoyadas por el führer y el duce Mussolini ocuparon el 1 de abril de 1939 el Tribunal Supremo, expulsaron a la magistratura profesional subordinada a la Constitución y la reemplazaron por jueces que prestaran juramento incondicional al caudillo y a los principios del partido único.
En la actual Alemania, todos los poderes (Ejecutivo, Parlamento, tribunales) han terminado por condenar el "delito legalizado" (gesetzliches Unrecht) del anterior régimen; las leyes de 25 de agosto de 1998 y del 23 de julio de 2002 aprobaron "eliminar" las sentencias injustas dictadas a partir del 30 de junio de 1933 por jueces que, al pronunciarlas, participaban en "crímenes del Gobierno" (Regierungskriminalität) y "la impunidad objetiva entonces reinante".
En España, en 1985, una nueva ley del Poder Judicial estableció que los jueces son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos solamente a la Constitución y al imperio de la ley". Antes, el 30 de abril de 1977, se incorporó al sistema legal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cuyo artículo 15 (2) admite la aplicación retroactiva de la ley penal a los delitos contra los "principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional". Sin embargo, la realidad es que hasta hoy ningún fiscal ni sala de justicia ha investigado los delitos de esa naturaleza cometidos desde el 1 de abril de 1939. Y cuando el 16 de octubre de 2008 un juez de instrucción inició una primera investigación, la Fiscalía del Estado pidió detenerla de inmediato, y la Audiencia Nacional se lo ordenó por una vía que niega la independencia del juez (la documentación de este proceso se actualiza regularmente en www.elclarin.cl, sección España).
En mayo de 2009 es el Tribunal Supremo quien somete a proceso al juez, a petición de personas de profesa lealtad a los principios del caudillo que piden removerlo de sus funciones. En paralelo, el Congreso de los Diputados aprobaba una reforma legal dirigida a trabar, a su vez, la investigación de delitos internacionales cometidos fuera de España.
Estas acciones son regresivas y recorren un sendero de denegación de justicia. En Alemania, los nietos de las víctimas del führerprinzip (sumisión al jefe) y de quienes juraron lealtad a éste se han reencontrado, no sin dificultades, en un solo Estado en el que se aplican las normas penales internacionales. En España el desencuentro persiste, rigen las mismas normas pero no se aplican. Sin embargo, a diferencia de lo que les ocurrió a sus abuelos, los españoles hoy tienen abiertas las puertas de tribunales fuera de España dispuestos a oír su petición de justicia.
Al ratificar convenios como los de Ginebra de 1949 y otros, los Estados de las Naciones Unidas (entre ellos España) han asumido el deber de perseguir en sus tribunales internos los crímenes de guerra bajo los principios de la jurisdicción universal absoluta, es decir, cualquiera sea el país donde han sido cometidos, la nacionalidad de la víctima y del autor o el país donde éste se encuentra al iniciarse el proceso.
Entre más de 500 jueces en ejercicio en España, sólo seis tienen competencia en esa materia, y los casos abiertos suponen el 0,3% del total que les ocupa.
En Alemania y Francia, por hablar de países próximos, los principios de jurisdicción universal rigen en plenitud, contrariamente a lo que pretende la reforma legal que se apresta a votar el Senado español. A través de medios procesales distintos, en ambos países los resultados son equivalentes a los de la norma aún vigente en España.
La ley alemana no requiere que el inculpado se halle necesariamente presente en el territorio nacional cuando se inicia la investigación o se ordena su detención. El particular denunciante puede exigir a la fiscalía que ejercite la acción penal, y si se niega puede apelar ante un tribunal en cada Estado federal. En España es el tribunal quien controla el proceso desde su inicio, con la participación del fiscal y las otras partes.
En la ley francesa cabe el juicio en rebeldía, incluso cuando la víctima del delito es un francés en territorio extranjero. Hace una excepción con la jurisdicción universal y requiere la presencia del acusado en Francia al inicio del proceso. En España y Alemania no cabe un juicio en rebeldía y no se establece tal requisito.
En Alemania y Francia los particulares no pueden ejercitar la acción penal. En España sí, pero nuestros tribunales disponen de medios legales para rechazar demandas frívolas. Decenas han sido inadmitidas a trámite.
¿Podría causar molestias ejecutar una orden de detención europea emitida por un juez español contra alguna personalidad de un Gobierno extranjero de paso por Alemania o Francia? Ambos países las evitan con el expediente legal de advertir al interesado que viaje con pasaporte diplomático.
Así lo hizo Alemania en abril de 2008 en el caso de Rose Kabuye, reclamada desde 1996 por un juez francés por complicidad en el atentado del año 1994 en Ruanda contra el presidente de Ruanda que inicia el genocidio de ruandeses contra ruandeses.
Por su parte, la inmensa mayoría de los españoles ha apoyado a las instituciones del Estado cuando han actuado en conformidad con el derecho internacional, incluso frente a la principal potencia mundial (Irak es un caso actual).
Aplicar el derecho internacional por tribunales nacionales independientes e imparciales forma parte, también, de las relaciones internacionales, no sólo el envío de tropas, y es incomparablemente menos gravoso en recursos humanos, financieros y eventuales consecuencias no deseadas.
En conclusión: no resisten el análisis los motivos que se dan para tratar de acabar precipitadamente con la jurisdicción universal en España.

TRIBUNA: Joan E. Garcés


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domingo, 4 de octubre de 2009

Plataforma por la Justicia Universal contra la Impunidad

Próximas actividades de la plataforma entorno al día de la votación en el Senado.

1. LUNES 5 de octubre: desde CCOO os haremos llegar una nota de prensa que todos difundiremos, haciendo hincapié en la prensa internacional, sobre las actividades del martes 6 de octubre.


2. MARTES 6 de octubre a las 17:00h

Varios representantes de la Plataforma esperaremos a los portavoces de los grupos parlamentarios, que previamente habrán recibido carta personal, en la puerta del Senado para entregarles una carta con "la carta con la Declaración de DDHH y más" y, si bajan, nos reuniremos en una sala que vamos a reservar para presentarles nuestros argumentos en contra de la reforma. Cada senador recibirá una "carta" igual en su buzón antes de la votación.
Se citará a toda la prensa. Probablemte venga TV2

3. MARTES 6 de octubre a las 19:00h

Convocamos a todo el mundo a una concentración a las 19h, para la que se ha pedido permiso en la Plaza de la Marina Española. Luego os paso una convocatoria para difundir. Se citará a toda la prensa

4. Votación el día MIÉRCOLES 7 de octubre a las 16:00 h.

 
Quienes vayamos a entrar para asistir a la votación quedamos en la puerta a las 16 h. Todavían quedan espacios libres. Por favor, quienes me habéis mandado nombres de varias personas hacedles llegar el cambio de hora. Gracias.

5. Emitiremos un COMUNICADO en nombre de la Plataforma

¡¡¡Os esperamos!!!

martes, 29 de septiembre de 2009

“Corte Suprema establece que la tortura es un crimen en contra de la humanidad”





por CODEPU (Chile)
lunes, 28 de septiembre de 2009
DECLARACION PUBLICA
                              
-Codepu celebra histórico falló de la Corte Suprema de Chile que establece que la tortura es un crimen en contra de la humanidad.
 
-Dos ex oficiales de la FACH sólo cumplirán penas con liberdad vigilada por aplicar torturas en contra de 17 personas durante la dictadura militar.

1. La Corporación Codepu celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a los ex oficiales de la FACH Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera por aplicar torturas y causar lesiones graves en contra de 17 ex militares y civiles en la Academia de Guerra Área (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y  enero de 1975.
Este fallo expresa por primera vez, desde el máximo tribunal de justicia,  que la tortura es una grave violación a los derechos esenciales tal como “las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.” y que estos delitos “no pueden ser declarados prescritos, tampoco amnistiados y respecto de ellos, no es posible consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables”.

Este fallo constituye un precedente trascendental en las investigaciones judiciales en causas de derechos humanos que se llevan cabo por aplicaciones de torturas durante la dictadura militar. La tortura constituyó la principal herramienta represiva aplicada a miles personas en todo el país, y su sanción ha sido una demanda permanente en Chile y por la comunidad internacional.

2. Codepu agradece infinitamente el coraje de quienes, hombres y mujeres, civiles y ex militares,  prestaron su testimonio valiente y colaboraron en esta causa judicial, y felicita el trabajo de los profesionales. El fallo y sus consecuencias es la dimensión más significativa del esfuerzo de quienes durante años han debido transitar por los vericuetos de una justicia esquiva y muchas veces indolente.
Las penas aplicadas en este fallo no se corresponden con el grave daño causado, por lo mismo manifestamos nuestro rechazo a esta tendencia negativa en las causas de derechos humanos. Justamente este reconocimiento relevante del derecho internacional de parte del máximo tribunal obliga también al estado a cumplir con las demandas de justicia de las víctimas y ello implica aplicar penas justas y adecuadas a la gravedad del delito. Las bajas penas en causas que el mismo tribunal supremo considera graves violaciones a los derechos esenciales constituyen un preocupante señal de impunidad.
                     
De acuerdo a la investigación judicial estos 17 personas fueron “sometidos a diversos apremios psicológicos o físicos” como el Pau de Arara, descargas de corriente eléctrica en partes sensibles  del cuerpo, simulacros de fusilamiento y otros, pero Ceballo Jones y Cáceres Jorquera sólo deberán cumplir 3 años y un día en el medio libre.
                        
La investigación judicial en contra de la AGA 

En el año 2001, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- , en representación de civiles y ex oficiales y suboficiales de la FACH, sobrevivientes de la AGA, interponen una querella criminal por los delitos de “secuestros y torturas”.  
El AGA fue el principal centro de torturas de la Fuerza Aérea. El  24 de julio del  año 2006, el juez Juan Fuentes Belmar de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de primera instancia, en la causa caratulada con el ROL 1058-2001.

En este expediente, aparece la declaración del ex general Fernando Matthei Aubel, quien fue Director de la AGA (diciembre de 1973) y posteriormente miembro de la junta militar de gobierno, que encabezaba Augusto Pinochet. En fojas 1435 y siguientes se consigna las declaraciones de este oficial quien niega saber sobre la las torturas a detenidos en este lugar. “Mientras fui Director de la AGA y, como ésta estaba en receso y transformadas sus dependencias en un “campo de concentración” mis actividades allí eran mínimas“, sobre el lugar donde se aplicaban estas torturas dice que sólo “una vez bajé al subterráneo a buscar un libro a la biblioteca; me parece que fue alrededor del mes de abril de 1974. Allí vi varios detenidos en una de las salas de clase, pero no reconocí a nadie. Vestían de civil y se les veía en buenas condiciones. No intercambié ninguna palabra con ellos. Ignoro si el General. Bachelet se encontraba detenido allí en esa fecha”.

El general constitucionalista, Alberto Bachelet, General de Brigada Aérea y padre de la presidenta de la República, murió luego de pasar por la AGA, donde fue sometido a múltiples torturas al igual que sus camaradas de armas.

José  Araya Cornejo   Federico Aguirre Madrid
Presidente     Secretario Ejecutivo 
                              
Santiago. Septiembre 28 de 2009.
Declaración CODEPU



jueves, 24 de septiembre de 2009

Invitación a encuentro con Domingo Marileo dirigente mapuche



Este viernes 25 de octubre a las 19:00 horas en el local de FERINE, ubicado en calle Navarra 35, 
Linea 1 - Metro Estrecho, Madrid.

Nos reuniremos con Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuches de Izquierda, quien nos planteará la actual situación del pueblo mapuche y sus perspectivas. 

Invitamos a tod@s a que participen y difundan esta importante actividad. 
¡¡¡Solidaricemos con el pueblo mapuche!!!


Elecciones 2009 - Primer debate presidencial

Primer debate presidencial en Chile

domingo, 20 de septiembre de 2009

Convocatoria Acto contra la Impunidad por la Justicia Universal

La Plataforma en defensa de la jurisdicción universal tiene el placer de invitarle al acto:

“Contra la impunidad por la Justicia Universal”

Intervendrán:

Pilar Morales, Secretaria de Mujer y Cooperación de CCOO de Madrid

Itziar Ruíz-Giménez Arrieta, Presidenta de Amnistía Internacional España

Antonio Segura, abogado de la causa de Gaza, Asociación Libre de Abogados

Joan Garcés, Presidente de la Fundación Presidente Salvador Allende España

Ignacio González Vega, Magistrado miembro de Jueces para la Democracia

Raji Sourani, Director del Centro Palestino de Derechos Humanos

Carlos Estévez, Periodista y moderador del acto

Miércoles 23 de septiembre de 2009, a las 19 horas,  
CCOO de Madrid, C/ Lope de Vega 38, Sala 2.1 Madrid

Convocatoria por el Derecho a decidir de las Mujeres




Para más informa








jueves, 17 de septiembre de 2009

Manifiesto contra la impunidad de la Plataforma por la Justicia Universal

Manifiesto contra la impunidad - Por la justicia universal
 
Las organizaciones sociales, organizaciones  de derechos humanos, sindicatos, grupos  de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos

Manifestamos:

El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta:
  • Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.
  • Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.
  • Que lamentablemente la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.
  • Que el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir
  • Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo  que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos  delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que asimismo, en la sentencia de la causa Scilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).
  • Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado  la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.
  • Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo lo anterior decimos:
  • Que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.
  • Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.
  • Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme  del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.
  • Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de los estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

En consecuencia:
  • Deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.
  • Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.
  • Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.
  • Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote  en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.
  • Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.
Para firmar

Artículos de opinión

viernes, 11 de septiembre de 2009

Charla-coloquio Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Política, en Chile

Estimados/as compañeros/as
 
Tenemos el agrado de invitarles, a la charla-coloquio que se realizará el próximo día miércoles,16 de Septiembre, en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos, con el destacado jurista y  defensor de los derechos humanos D. Roberto Garretón.
El tema a tratar será : La Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Política, en Chile.
 
Quedan invitados para la charla-coloquio con D. Roberto Garretón, este miércoles 16, a las 18:45 horas en la calle José Ortega y Gasset, 77 , 2ºA
Se ruega puntualidad.
 

Comisión Gestora de la Asamblea Constituyente.
 
Pd. Pedimos vuestra ayuda para difundir esta actividad.

viernes, 4 de septiembre de 2009

Salvador Allende, Discurso de la Victoria 4-5 de septiembre de 1970



Con profunda emoción les hablo desde esta improvisada tribuna por medio de estos deficientes amplificadores. ¡Qué significativa es -más que las palabras- la presencia del pueblo de Santiago que, interpretando a la inmensa mayoría de los chilenos, se congrega para reafirmar la victoria que alcanzamos limpiamente el día de hoy, victoria que abre un camino nuevo para la patria, y cuyo principal actor es el pueblo de Chile aquí congregado! ¡Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes! Esto posee un valor y un significado muy altos.
Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia, porque todos lo sabemos: la juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo; ella es la victoria de Chile alcanzada limpiamente esta tarde.
Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan solo un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre; y si pude soportar -porque cumplía una tarea- la derrota de ayer, hoy sin soberbia y sin espíritu de venganza, acepto este triunfo que nada tiene de personal y que se lo debo a radicales, socialistas, comunistas, socialdemócratas, a gentes del MAPU y del API, y a miles de independientes. Se lo debo al hombre anónimo y sacrificado de la patria; se lo debo a la humilde mujer de nuestra tierra. Le debo este triunfo al pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre.
La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro, solemnemente, que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a La Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular.
Lo dije: No tenemos ni podríamos tener ningún propósito pequeño de venganza. Sería disminuir la victoria alcanzada. Pero, si no tenemos un propósito pequeño de venganza, tampoco, de ninguna manera, vamos a claudicar, a comerciar el programa de la Unidad Popular, que fue la bandera del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile.
Dije, y debo repetirlo: Si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria.
Pero yo sé que ustedes, que hicieron posible que el pueblo sea mañana gobierno, tendrán la responsabilidad histórica de realizar lo que Chile anhela para convertir a nuestra patria en un país señero en el progreso, en la justicia social, en los derechos de cada hombre, de cada mujer, de cada joven de nuestra tierra.
Hemos triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo.
Por eso, esta noche, que pertenece a la historia, en este momento de júbilo, yo expreso mi emocionante reconocimiento a los hombres y mujeres, a los militantes de los partidos populares e integrantes de las fuerzas sociales que hicieron posible esta victoria que tiene proyecciones más allá de las fronteras de la propia patria.
Para los que están en la pampa o en la estepa, para los que me escuchan en el litoral, para los que laboran en la precordillera, para la simple dueña de casa, para el catedrático universitario, para el joven estudiante, el pequeño comerciante o industrial, para el hombre y la mujer de Chile, para el joven de la tierra nuestra, para todos ellos, el compromiso que yo
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contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo -actor fundamental de esta victoria- es ser auténticamente leal en la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho: mi único anhelo es ser para ustedes el compañero presidente.
Han sido el hombre anónimo y la ignorada mujer de Chile los que han hecho posible este hecho social trascendental. Miles y miles de chilenos sembraron su dolor y su esperanza en esta hora que al pueblo pertenece. Y desde otras fronteras, desde otros países, se mira con satisfacción profunda la victoria alcanzada. Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de las dictaduras y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino.
Somos lo suficientemente responsables para comprender que cada país y cada nación tiene sus propios problemas, su propia historia y su propia realidad. Y frente a esa realidad serán los dirigentes políticos de esos pueblos los que adecuarán la táctica que deberá adoptarse. Nosotros sólo queremos tener las mejores relaciones políticas, culturales, económicas, con todos los países del mundo. Sólo pedimos que respeten -tendrá que ser así- el derecho del pueblo de Chile a haberse dado el gobierno de la Unidad Popular.
Somos y seremos respetuosos de la autodeterminación y de la no intervención. Ello no significará acallar nuestra adhesión solidaria con los pueblos que luchan por su independencia económica y por dignificar la vida del hombre en los distintos continentes.
Sólo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado, derrotando la soberbia del dinero, la presión y amenaza; la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación.
Pondremos toda la fuerza creadora del pueblo en tensión, para hacer posible estas metas humanas que se ha trazado el programa de la Unidad Popular.
Juntos, con el esfuerzo de ustedes, vamos a realizar los cambios que Chile reclama y necesita. Vamos a hacer un gobierno revolucionario. Archivos Internet Salvador Allende 3
La revolución no implica destruir, sino construir; no implica arrasar, sino edificar; y el pueblo de Chile está preparado para esa gran tarea en esta hora trascendente de nuestra vida.
Compañeras y compañeros, amigas y amigos:
¡Cómo hubiera deseado que los medios materiales de comunicación me hubieran permitido hablar más largamente con ustedes, y que cada uno hubiera oído mis palabras, húmedas de emoción, pero al mismo tiempo firmes en la convicción de la gran responsabilidad que todos tenemos y que yo asumo plenamente!
Yo les pido que esta manifestación sin precedentes se convierta en la demostración de la conciencia de un pueblo.
Ustedes se retirarán a sus casas sin que haya el menor asomo de una provocación y sin dejarse provocar. El pueblo sabe que sus problemas no se solucionan rompiendo vidrios o golpeando un automóvil. Y aquellos que dijeron que el día de mañana los disturbios iban a caracterizar nuestra victoria, se encontrarán con la conciencia y la responsabilidad de ustedes. Irán a su trabajo mañana o el lunes, alegres y cantando, cantando la victoria tan legítimamente alcanzada y cantando al futuro. Con las manos callosas del pueblo consciente y disciplinado podrá realizar.
América Latina y más allá de la frontera de nuestro pueblo, miran el mañana nuestro. Yo tengo plena fe en que seremos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente serenos y fuertes, para abrir el camino venturoso hacia una vida distinta y mejor; para empezar a caminar por las esperanzadas alamedas del socialismo, que el pueblo de Chile con sus propias manos va a construir.
Reitero mi reconocimiento agradecido a los militantes de la Unidad Popular; a los Partido Radical, Comunista, Socialista, Social Demócrata, MAPU y API; y a los miles de independientes de izquierda que estuvieron con nosotros.
Expreso mi afecto y también mi reconocimiento agradecido a los compañeros dirigentes de esos partidos, que por sobre las fronteras de sus propias colectividades hicieron posible la fortaleza de esta unidad que el pueblo hizo suya. Y porque el pueblo la hizo suya ha sido posible la victoria, que es la victoria del pueblo.
El hecho de que estemos esperanzados y felices no significa que vayamos nosotros a descuidar a vigilancia. El pueblo, este fin de semana, tomará por el talle a la patria y bailaremos desde Arica a Magallanes, y desde la
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cordillera al mar, una gran cueca, como símbolo de la alegría sana de nuestra victoria.
Pero al mismo tiempo, mantendremos nuestros comités de acción popular, en actitud vigilante, en actitud responsable, para estar dispuestos a responder a un llamado si es necesario que haga el comando de la Unidad Popular. Llamado para que los comités de empresas, de fábricas, de hospitales, en las juntas de vecinos y en los barrios y en las poblaciones proletarias vayan estudiando los problemas y las soluciones; porque presurosamente tendremos que poner en marcha el país. Yo tengo fe, profunda fe, en la honradez, en la conducta heroica de cada hombre y cada mujer que hizo posible esta victoria.
Vamos a trabajar más. Vamos a producir más.
Pero trabajaremos más para la familia chilena, para el pueblo y para Chile, con orgullo de chilenos y con la convicción de que estamos realizando una grande y maravillosa tarea histórica.
¡Cómo siento en lo íntimo de mi fibra de hombre, cómo siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entrega! Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo sólo tomé en mis manos la antorcha que encendieron los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo.
Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar.
Quiero antes de terminar, y es honesto hacerlo así, reconocer que el gobierno entregó las cifras y los datos de acuerdo con los resultados electorales.
Quiero reconocer que el jefe de plaza, general Camilo Valenzuela, autorizó este acto, acto multitudinario, en la convicción y la certeza que yo le diera de que el pueblo se congregaría, como está aquí, en actitud responsable, sabiendo que ha conquistado el derecho a ser respetado; respetado en su vida y respetado en su victoria; el pueblo que sabe que entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre de este año.
Quiero destacar que nuestros adversarios de la Democracia Cristiana han reconocido en una declaración la victoria popular. No le vamos a pedir a la derecha que lo haga. No lo necesitamos. No tenemos ningún ánimo pequeño en contra de ella. Pero ella no será capaz jamás de reconocer la
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grandeza que tiene el pueblo en sus luchas, nacida de su dolor y de su esperanza.
Nunca, como ahora, sentí el calor humano; y nunca, como ahora, la Canción Nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria, y juntos haremos la segunda independencia: la independencia económica de Chile.
Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria: ustedes y sólo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección, que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales.
Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Gracias, gracias, compañeras. Gracias, gracias, compañeros. Ya lo dije un día. Lo mejor que tengo me lo dio mi partido, la unidad de los trabajadores y la Unidad Popular.
A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo; con la lealtad del compañero presidente.
_____
Fuente: Centro de Documentación. Fundación Salvador Allende.
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Fundación Salvador Allende

jueves, 3 de septiembre de 2009

 
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada de Chile en España
Agregaduría de Prensa


El Embajador de Chile en España,
Gonzalo Martner Fanta


Le invita a la conmemoración del 70º aniversario, de la llegada a Chile del vapor Winnipeg con 2.500 españoles republicanos- hombres, mujeres y niños –rescatados de los campos de concentración luego de su huída a Francia, por el poeta Pablo Neruda, gestor de la travesía, por encargo especial del gobierno chileno de la época, que presidía don Pedro Aguirre Cerda.

Será un dialogo para no olvidar, en que participarán, representantes del Gobierno del Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero; sobrevivientes del Winnipeg,, así como escritores, intelectuales, hombres y mujeres de buena voluntad que han hecho de la solidaridad su forma de vida. Diego Carcedo, Monserrat Juliá, Pedro Zerolo , serán algunos de nuestros panelistas. En Chile, liderará los actos conmemorativos nuestra Presidenta Michelle Bachelet.

La conmemoración tendrá lugar en Casa de América, Sala Gabriela Mistral, (Marqués de Duero 2) el día 10 de septiembre a las 19 horas. Cerrará el encuentro una adaptación reducida de la obra de teatro “Winnipeg el confín de la Esperanza”, del dramaturgo chileno, Jorge Díaz.

Vuestra presencia es muy importante para nosotros, porque queremos en esta jornada reconocer el aporte que estos españoles refugiados brindaron a Chile, en todas las áreas de la cultura, las ciencias y el desarrollo. Se trata de registrar, que es posible extraer lo positivo de las tragedias que han golpeado a nuestros países.

Rogamos confirmar vuestra asistencia por este medio. Un saludo cordial.

GONZALO MARTNER FANTA

Madrid, 27 de agosto de 2009.

Confirmar a:
Manola Robles
Agreprensa
Embajada de Chile en Madrid,
630 90 38 79
mrobles@embachile.es

martes, 1 de septiembre de 2009

La DINA a honorarios


Por Jorge Escalante / La Nación Domingo
Ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército

La DINA a honorarios

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército.
En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal.
"Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton.
Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico.
Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena".
El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena.
Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C.
"Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003.
En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984.
Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad.
Jefe de "Leopardo"
El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional".
Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis.
Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974.
El fiscal Cea
Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información.
Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación.
Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito.
Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái.
Un Iturriaga en Mulchén
Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén.
"Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA".
Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid.
Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".
Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército.
El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay.
En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez.
Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".
Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas. //LND
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Familiares: “Vergüenza nacional"
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”.
Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”.
Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”.
Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala.
Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.

120 nuevos procesamientos a ex agentes de la DINA

1 de Septiembre de 2009

Desaparecidos por casos de Calle Conferencia y la Operación Cóndor

Juez Montiglio dicta 120 nuevos procesamientos a ex agentes de la DINA

El magistrado resolvió encausarlos en tres casos emblemáticos, a saber la Operación Cóndor, la Calle Conferencia, donde cayó la dirección clandestina del PC a mediados de los 70 y los desaparecidos de la Cuesta Barriga. Todos casos emblemáticos. De acuerdo a fuentes judiciales, de los 120 hay 60 personas que nunca habían sido sometidas a proceso, mientras que el resto ya lo estaba por episodios similares.

Por El Mostrador

En medio de la polémica con el Ejército por los ex represores de la dictadura contratados a honorarios, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio agregó un nuevo ingrediente. El magistrado notificará este viernes 120 nuevos procesamiento en contra de ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

El magistrado resolvió encausarlos en tres casos emblemáticos, a saber la Operación Cóndor, la Calle Conferencia, donde cayó la dirección clandestina del PC a mediados de los 70 y los desaparecidos de la Cuesta Barriga. Todos casos emblemáticos.

De acuerdo a fuentes judiciales, de los 120 hay 60 personas que nunca habían sido sometidas a proceso, mientras que el resto ya lo estaba por episodios similares.

Una de las novedades que trae la resolución de Montiglio, es que incluye a los guardias de centro de detención de la DINA que hasta ahora no eran conocidos.

El juez, que está propuesto dentro de la última quina para integrar la Corte Suprema, notificará este viernes oficialmente a los imputados de su situación procesal, mientras los detectives de la Brigada de Derechos Humanos recorren el país buscando a los ex uniformados para traerlos a Santiago.

Este es uno de los procesamientos más numerosos que Montiglio ha dictado en estas causas, desde que asumiera en reemplazo del retirado juez Juan Guzmán Tapia, quien inició esta mega investigación en 1998, luego de una querella presentada por el PC en contra de Augusto Pinochet.

Hasta ahora se desconocen las identidades de los ex agentes, pero uno de ellos es el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, quien había sido absuelto en una primera instancia en el caso Conferencia, pero Montiglio estableció su responsabilidad penal.

Cabe consignar que la Operación Cóndor fue el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- y la CIA, con el fin de seguir a los movimientos de la izquierda en la década de 1970, y que tuvo como resultado el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras.
El caso Calle Conferencia da cuenta de la desaparición, en mayo de 1976, de la directiva clandestina del Partido Comunista (PC), operativo en que se perdió el rastro de una decena de dirigentes de la tienda, entre ellos Jorge Muñoz, esposo de la ya fallecida Gladys Marín; y Víctor Díaz, padre de Viviana Díaz, histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
En 1978 aparecieron cuerpos de detenidos desaparecidos en los hornos de Lonquén y en Cuesta Barriga.