Terrorismo Jurídico

Periodística

Escrito por Troika

Jueves, 24 de Marzo de 2011 23:04

El ex candidato presidencial, Jorge Arrate, flanqueado por dirigentes de su nuevo referente ciudadano, la Nueva Fuerza de Izquierda, rechazó las condenas a cuatro comuneros mapuches impuestas por el tribunal oral de Cañete. El diputado Sergio Aguiló, por su parte, solicitó una entrevista con el Presidente de la Corte Suprema y aseguró poseer antecedentes de graves irregularidades en el proceso. El ex candidato presidencial del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, junto al diputado Sergio Aguiló y otros dirigentes políticos, sociales y ambientalistas reunidos en torno al movimiento denominado Nueva Fuerza de Izquierda, manifestaron su rotundo rechazo a la condena impuesta por el tribunal oral de Cañete, el martes 22 de marzo, a los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco, por un supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta, además de un cargo de robo con intimidación al agricultor José Santos. seguir leyendo: Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche

LIBIA: Y DESPUÉS DEL BOMBARDEO: ¿QUÉ?

Por Héctor Vega


El bombardeo del 19 de marzo de las fuerzas de la Coalición, cubierto políticamente por la resolución 1973 de Naciones Unidas fue un acto de guerra. Como el objetivo final según lo han precisado algunos miembros de la Coalición es la eliminación de Kadafi y la resolución sólo habla de crear una zona de exclusión aérea en territorio libio el supuesto central de las operaciones es que el ataque inicial por fuerzas superiores tendrá tales resultados que se habrán creado las condiciones para que Kadafi sea abandonado por su ejército o lisa y llanamente eliminado.

Establecer una zona de exclusión aérea es una operación compleja que implica la destrucción de radares, misiles tierra aire, defensas antiaéreas, bases aéreas, helicópteros de combate a baja altura, y como se probó en las primeras 48 horas de ataques aéreos, se trata también de asumir víctimas civiles. A las cuales debe agregarse el ataque y destrucción de instalaciones civiles, rutas, infraestructura, vehículos y destacamentos del ejército libio, lo cual lleva al compromiso de una guerra a gran escala en violación flagrante al mandato 1973 de Naciones Unidas.

El fin de las dictaduras de Ben Alí y Mubarak en Túnez y Egipto fue decisivo en el cálculo de EEUU, la UE así como en el Alto Comando de la OTAN que vieron el momento de imponer una transición democrática en Libia al estilo de esos países. Realista o no este proyecto, fue en todo caso el momento de cobrar cuentas a Kadafi.

Hay dos supuestos en esta estrategia.

Uno. Un ataque militar de proporciones llevará a la división del ejército y a la oposición a Kadafi al control político en Tripolitania y Cyrenaica. La dimisión del ministro del Interior, general Abdul-Fatah Younis y su apoyo a la “revolución del 17 de febrero” así como su llamado al ejército para “unirse a las legítimas demandas del pueblo” impulsaron/justificaron la estrategia de la intervención militar como elemento decisivo para la eliminación de Kadafi. Las potencias de la UE y EEUU asumieron que el llamado de este general habría sido acogido por las tribus de Tripolitania, sector más bien oficialista del territorio libio, las cuales se unirían a las tribus opositoras y clanes familiares del este de Libia para derrocar a Kadafi.

Dos. La división de tribus y la disidencia dentro de la propia tribu de Kadafi, Qadhadhifa, y de esta con las tribus aliadas del pasado, Maqarha y Warfalla y aún la de su propia cofradía la sanusi con otras de origen árabe, bereber y tubú fueron determinantes para considerar que una intervención relámpago bastaría para instalar un gobierno de coalición nacional en reemplazo de Kadafi.

Ambos supuestos se proyectan en un tiempo largo que sobrepasa con creces el horizonte de una zona de exclusión aérea la cual una vez asegurada -aparentemente ya lo está- se convertirá en operaciones de patrullaje de rutina que pueden prolongarse indefinidamente. En lo concreto los logros del corto plazo, a cuatro días de iniciadas las operaciones, enfrentan a la Coalición a la decisión política de Obama de asumir el mando de la operación sólo por pocos días. Más la advertencia que el objetivo no es eliminar a Kadafi o asumir responsabilidades políticas de instalación de un nuevo régimen de la oposición.

Por otra parte, los efectos de la escalada aérea obligan a la Liga Árabe a revisar sus compromisos con la Coalición. La reacción del pueblo árabe en el Magreb y Egipto ha sido clara en el sentido que no es admisible la injerencia de fuerzas extranjeras y menos aún la invasión en el proceso de democratización del Medio Oriente. Bank i Moon y Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile en visita oficial al Cairo, fueron violentamente rechazados en la plaza Harir por manifestantes que repudiaban el ataque a Libia y la cobertura que la ONU otorga a la escalada de la Coalición.

Amro Musa, Secretario General de la Liga Árabe parece entender el repudio del pueblo árabe a la intervención de la UE, EEUU y la OTAN y el apoyo de la fuerza aérea de Qatar [aliado militar de EEUU] en las acciones de la Coalición, y en abierta retirada a dichos anteriores Musa declara que “la protección de los civiles no necesita de una operación militar”.

Está claro que el bando de la guerra comienza a desgranarse en un enjambre de críticas, dudas y vacilaciones sobre las intenciones finales.

La apuesta política de la Coalición aparece más como una fuga hacia delante de la clase política europea que un proyecto donde todos los actores políticos en el Medio Oriente se encuentran dispuestos a tomar el rol que las democracias europeas le asignan. EEUU parece haberlo comprendido al dejar a sus aliados la responsabilidad de dirimir sus propias necesidades y de aquellos a quienes pretenden liberar. Es el tema del próximo artículo.

* Director de Fortin Mapocho.com

21/03/2011

DÍA MUNDIAL DEL AGUA.

Comunicado para la prensa.

1.- Hoy 22 de Marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. El año 2010,  la Organización de las Naciones Unidas aprobó que el uso del agua no es solo una necesidad, sino un derecho humano esencial. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que para el año 2025, alrededor de 1.800 millones de personas afrontarán una falta drástica de agua.  (*)

2.-- Por ello es preocupante que estos recursos estén privatizados y controlados por grandes multinacionales. La privatización del agua comenzó con los gobiernos de Frei y Lagos.

3.-- En el discurso del presidente Piñera con motivo de la visita de Obama expresó que en el futuro escasearía el agua y que sería esto una base muy importante para los conflictos entre regiones y países. No obstante,  ya había anunciado que se completaría la privatización de lo que resta de propiedad pública de las empresas sanitarias.

Propone privatizar el 45,28% de ESSBIO que todavía poseemos, también el agua de la Regiones Metropolitana, de los Lagos, de Los Ríos y de Valparaíso. 

4.- Esta expropiación se anunció sin la participación de la ciudadanía y no fue consultada con los propietarios, que son todas y todos los chilenos, esto es inadmisible. En Uruguay el intento de privatizar el agua potable se impidió con la realización de un Plebiscito requerido por los Ciudadanos.   

5.- Las empresas sanitarias son un monopolio y es esencial para la vida de los seres humanos. La presencia del estado en la propiedad y dirección de las empresas sanitarias es  fundamental para una eficiente producción y para el interés de todos los chilenos.   

6.- El gobierno está en conocimiento que los procedimientos y normas del estado para determinar las tarifas es inadecuado para los intereses de los consumidores.    .

La privatización de las sanitarias ha producido tarifas muy elevadas. En el año 2007 el precio de los servicios sanitarios en Chile, era el más caro de Sudamérica. En el año 2009 se informaba que en los últimos 5 años las tarifas habían subido 57 %.

Solo algunos ejemplos servicios deficientes:

*En el año 2007, en Chile, hubo 468.000 personas que hicieron reclamos por malos servicios.

En el año 2008 se informa que ESSBIO ocupa el penúltimo lugar en Chile   considerando la CALIDAD DEL AGUA.

*LOS GRIFOS son de responsabilidad de las sanitarias. En Concepción los bomberos informan que los grifos no están en número ni con la calidad suficiente. (1)

7.- La venta de las sanitarias es un pésimo negocio para los chilenos. (2)

8.- A pesar de todo ello el Presidente Piñera adopta: una decisión política      centralista yautoritaria que no tiene justificación alguna. (3)

Es necesario solicitar al Gobierno:

1.- Que apoye la resolución de la ONU.

2.- Que reconozca y promueva  públicamente el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano legalmente vinculante.

3.- Que no continúe con la privatización.

4.- Los Senadores Guirardi, Letelier, Rincón, Longueira han pedido al Presidente Piñera la realización de plebiscitos por otras razones. Para utilizar el esfuerzo, un plebiscito debe incluir varias preguntas. Podría incluirse el destino, la propiedad del agua.

Atenta y cordialmente:

Dr. Edgardo Condeza Vaccaro

Presidente

Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos

* Para este Sábado 26 de Marzo, WWF (World Wildlife Fund) ha organizado una Campaña Mundial que tiene por intención luchar contra el cambio climático: “Se trata de una iniciativa de sensibilización pública…para que apaguen sus luces no esenciales y los aparatos eléctricos prescindibles durante una hora.”  “La Hora del Planeta” aspira a ser la Campaña Mundial más grande que se ha organizado contra el cambio climático.  En Chile será entre las 20.30 y las 21.30.

 (1) Por ejemplo, así sucedió en el incendio de un Supermercado al lado de la oficina central de ESSBIO: los grifos no funcionaron. En otro incendio en que murieron dos bomberos en Concepción, cerca del siniestro había dos grifos  uno a cien metros y el otro a trescientos metros. El año 2010 se quemaron la totalidad de los 704 locales de la Vega Monumental en Concepción...

(2) Se pretende obtener por la venta de estas empresas públicas 1.600 millones de dólares.

Las cuatro empresas sanitarias que el Presidente Piñera desea vender proporcionan anualmente una utilidad al fisco de 150 millones de dólares. De modo que si no se privatiza en 11 años las ganancias serán mayores que lo que se obtendría por la venta total.

(3) La decisión presidencial sucede mientras en diferentes partes del mundo, en que se había privatizado los servicios del agua potable, ellos han debido retornar a ser propiedad pública. Por ejemplo en París al volver a propiedad municipal bajaron inmediatamente las tarifas de 4 a 2.9 euros el metro cúbico. También han retornado en Atlanta, en Argentina, en Manila, en Canadá (Halifax). En Brasil en el estado de Paraná. En Bolivia: en la Paz, Cochabamba   y El Alto, en Quito…

EL PRESIDENTE OBAMA VISITA CHILE

Por Jorge Arrate

Los grandes desafíos de los años sesenta tienen una fecha memorable: el 1 de enero de 1959, cuando la Revolución Cubana propuso otro horizonte a los latinoamericanos. En un continente plagado de dictaduras -muchas de ellas una asociación ilícita entre militares corruptos y empresas estadounidenses- Germán Arciniegas había registrado esa odiosa realidad política en su influyente y censurado libro “Entre la libertad y el miedo”. Por otra parte, Juan José Arévalo, el antecesor del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz derrocado en 1954, describía la relación entre Estados Unidos y América Latina en su famoso texto que llevaba el sugerente título de “La fábula del tiburón y las sardinas”. La Revolución Cubana rompió ese destino odioso al que parecían condenados muchos de los países latinoamericanos y, en Chile, donde subsistían formas políticas democráticas, hizo que la tercera candidatura presidencial de Allende, la de 1964, adquiriera un nuevo tinte y fuera vista por todo el continente como otro desafío frontal a la dominación norteamericana. El triunfo de 1970, el gobierno de la Unidad Popular y su culminación, el sangriento golpe de 1973, comprobadamente urdido e incentivado por la CIA y el gobierno Nixon, confirmaron una vez más el enorme poderío de los patrones del “patio trasero”.

Los años sesenta fueron también años de conmoción en los Estados Unidos. John Kennedy pareció abrir alguna expectativa promisoria, desmentida pronto por la invasión de Bahía Cochinos. Pero la tensión ciudadana en los Estados Unidos era arrolladora. La tenaz lucha por los derechos civiles y particularmente contra la discriminación racial convertiría, especialmente a los estados del sur, en territorios de duro enfrentamiento. La guerra de Vietnam convocaría cada día más voluntades, especialmente de jóvenes, a constituir un movimiento de gran magnitud por la paz. La lucha por la libertad de expresión en los campus universitarios, surgida en Berkeley en 1967, abriría el camino a la ola de explosiones estudiantiles posteriores, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. El macartismo de los cincuenta y la odiosa persecución anticomunista parecían en retroceso frente a fuerzas sociales y culturales poderosas. La irrupción del rock reconocía el rol expresivo y originalidad del propio cuerpo, el movimiento hippie con su perfil anticonsumista florecía precisamente en el mercado más grande y potente del mundo, la píldora anticonceptiva sustentaba una revolución sexual generalizada, emergía la demanda por derechos plenos de aquellos con una opción sexual diferente de las admitidas, el pensamiento de izquierda retomaba fuerza en las universidades, desde liberales de avanzada como Galbraith, pasando por académicas e ideólogas del movimiento feminista, hasta la inolvidable Monthly Review, donde escribían los marxistas Paul Baran, Leo Huberman, Paul Sweezy y muchos otros que fueron señeros en la formación política de generaciones de norte, centro y sudamericanos.

Traigo a colación estas memorias porque el Presidente Obama visita Chile y pienso que un afroamericano como él, hijo de africano y nacido en Hawai, que ha de haber conocido en carne propia, incluso en su nivel de estudiante de élite, muchas formas de discriminación, no existiría en esa investidura, la de Presidente, si no fuera por la larga lucha de distintos sectores de la sociedad norteamericana por un país más libre e igualitario. En los años sesenta murieron asesinados Robert Kennedy, que forzó la integración racial en el sistema educacional, y miembros de los Panteras Negras, Malcolm X y Martin Luther King, con concepciones en muchos sentidos contrapuestas entre sí pero convergentes en la vigencia y universalidad de los derechos civiles. La plenitud de su reconocimiento está aún lejana pero el avance registrado es muy grande y explica que un afroamericano ocupe la Casa Blanca. Hace cincuenta años habría sido un despropósito pensar que Estados Unidos pudiera elegir un presidente de raza negra. Lo impensado ha ocurrido y es innegable que la elección de Barrack Obama constituyó un hito en el proceso de lucha cultural por sociedades más igualitarias.

Sin embargo, esta constatación no puede ocultar que el Presidente Obama representa un sistema económico y político que es el sostén de un mundo hoy día más desigual que hace cincuenta años, tanto entre continentes y países como dentro de cada uno de los estados, donde la guerra sigue siendo una monstruosidad de la vida diaria y en que el predominio de los grandes poderes económicos radicados en Estados Unidos y otras potencias del hemisferio norte han configurado lo que llamamos “globalización”, los conglomerados que conocemos como “transnacionales” y la visión que crecientemente hemos denunciado como “depredadora”. En América hay varios acontecimientos políticos ocurridos en el siglo XXI que marcan hitos culturales. Un obrero metalúrgico auténtico, Lula, es electo Presidente de Brasil. Un indígena, Evo, llega a la presidencia de Bolivia. Mujeres, Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina, son electas por voto popular para presidir sus estados. Obama, un afroamericano, llega a la presidencia del país más poderoso del mundo, donde los afroamericanos son una minoría. Pero todos asumen una tarea que conlleva la representación de estado y, por lo tanto, de uno u otro modo, encarnan una historia y, no cabe duda en el caso del Presidente Obama, un régimen que él se ha comprometido a administrar y defender.

En la realidad estadounidense las voces de izquierda y la fuerza de los movimientos sociales y culturales de pacifistas, feministas, alternativos, ecologistas, antidiscriminadores, marxistas, consumidores y libertarios, han perdido fuerza refugiándose fragmentadamente en ONGs, publicaciones de baja circulación, universidades, mini movimientos políticos o en sectores del Partido Demócrata. Un sistema político de “alternancia binominal” ---demócratas o republicanos, republicanos o demócratas--- y la influencia decisiva de los intereses económicos en la política se han consolidado. Sólo un senador independiente, por el estado de Vermont, se declara socialista en los Estados Unidos. No hay una izquierda mínimamente coordinada, ni política ni social, sino muchos fragmentos. La “opción del mal menor” se asentó de tal manera que es difícil avizorar un futuro en que pueda emerger allí una fuerza de avanzada social con un rol protagónico. El sistema conduce, además, como en otra escala ocurrió también con Bachelet, a que el poder se ejerza dentro de márgenes ajustados, precisamente los límites que garantizan una estabilidad fuertemente conservadora.

No sé si el Presidente Obama quisiera ir más allá de lo que ha ido o si está satisfecho de su propio gobierno. Cuando era senador votó contra la guerra en Irak en una postura de franca minoría y siendo Presidente la terminó, pero escaló las acciones en Afganistán. Quiso realizar una reforma de salud de impronta igualitaria y debió transigir puntos clave. Se propuso cerrar Guantánamo y no pudo, aunque ha dicho que mantiene su promesa. Lo que está claro es que, si efectivamente quisiera alcanzar logros únicos, que marquen hitos, está severamente ajustado por el sistema político de su país porque en definitiva debe representarlo, a ese sistema y al nudo de poder económico que ejerce el poder en Estados Unidos y en el mundo.

Una trágica coincidencia dispone que la visita del Presidente Obama ocurra cuando el uso de la energía nuclear ha mostrado sus falencias y su carácter de horrenda amenaza. El gobierno chileno ha resuelto perseverar en la firma de un acuerdo de cooperación nuclear y ha sido receptivo de la decidora iniciativa norteamericana firmarlo sin la presencia de los Presidentes y antes del viaje del norteamericano. Además, el gobierno chileno ha resuelto hacerlo prácticamente a escondidas, en la ceremonia más privada posible. Detrás de este acuerdo están las grandes empresas que fabrican y venden reactores nucleares -una tecnología derivada del uso principal de esa energía, o sea el uso militar- y los pequeños grandes poderes económicos que gobiernan Chile, que impulsan un crecimiento a cualquier costo justificándolo con la necesidad de terminar la pobreza aunque sus resultados sean ensanchar las desigualdades. El acuerdo mostrará el alcance y extensión de los intereses que comandan el sistema globalizado en que vivimos y de su desgraciado modo de funcionar. Como chilenos debemos lamentar que el Presidente Obama represente aquello y avergonzarnos de la impúdica ansiedad de nuestro gobierno.

Vuelvo al comienzo. Cuando surgió la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos estableció al poco tiempo el bloqueo económico que supera ya el medio siglo de existencia. De este modo condicionó severamente el curso del proceso cubano y lo condiciona hasta hoy. El bloqueo ha sido rechazado por todo el mundo, incluyendo países que Estados Unidos considera sus aliados. Nadie podría esperar que el Presidente Obama cambie el curso de los acontecimientos mundiales en un sentido socialista y que abandone la representación que tiene y que obviamente asume. Pero, si efectivamente está dentro de sus márgenes y es su voluntad iniciar otra era en las relaciones hemisféricas, debiera empezar por levantar el bloqueo a Cuba. Si lo hiciera, además, tributaría un reconocimiento a todos aquellos que en los años sesenta abrieron el sendero para que un afroamericano fuera alguna vez Presidente de los Estados Unidos.

Santiago, 18 de marzo de 2011.

Jorge ARRATE

Declaración Pública 10 años COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos.  Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar.  La labor desplegada al respecto por la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), posibilitó que, en el 2004, haya sido implementada la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.

Al conmemorar diez años de existencia y de lucha por la erradicación de los delitos de lesa humanidad, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) considera un deber manifestar al país lo siguiente:

1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, no obstante las acciones desarrolladas para ello por la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.

2º La práctica de la tortura se ha extendido a tal punto que los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las personas detenidas en movilizaciones sociales.  Se suma a esto el tratamiento dado a los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.

3º De manera especial, se debe mencionar la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, transgrediéndose tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, lo que se expresa en la forma arbitraria de aplicación de la “Ley Antiterrorista”, que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el gobierno.   A modo de corolario, se favorecen los intereses de terratenientes y de empresas transnacionales y grupos económicos nacionales que les son afines y que cuentan con el resguardo de las  instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.

4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del Cuerpo de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en relación al entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Recientemente, en medio  de los citados entrenamientos, han fallecido dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros.  Hasta el momento, la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.

5º En este marco, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendadlo al Estado de Chile el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.

7º La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico, a denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA TORTURA, así como también la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y  de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.

8º La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) otorga su irrestricto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en la impunidad y entre en vigencia el mecanismo de prevención de la tortura, con la instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.

10º Tras diez años de existencia, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) reafirma su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”.

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA (CECT).

Santiago de Chile, 15 de marzo de 2011.

www.contralatortura.cl.

correo@contralatortura.cl.

Primera Piedra Nº 404 del 14 de marzo de 2011

Primera Piedra Nº404 14.03.11

LIBERTAD DE PODLECH CAUSA INDIGNACION EN ITALIA

ROMA Y SANTIAGO DE CHILE, 12 (ANSA) - El Partido Democrático italiano (Pd) el principal de la oposición, expresó "desconcierto e indignación" por la liberación de Alfonso Podlech Michaud, investigado junto a otras 139 personas por la desaparición de 25 personas de origen italiana, durante la dictadura militar en Chile.
Podlech, fiscal de Temuco durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet, salió anoche de la cárcel romana de Rebibbia, en aplicación de un fallo del tribunal del reexamen de Roma, cuya función es revisar la situación de personas detenidas.
Francesca D'Ulisse, responsable nacional del PD para el continente latinoamericano, subrayó "la singular coincidencia temporal de la liberación de Podlech con la reciente visita de Estado del presidente de Chile, Sebastián Piñera a Italia".
D'Ulisse dijo que espera que "los dos casos sean absolutamente independientes y que no ocurra, otra vez, que los intereses de justicia y verdad hayan sido sacrificados en aras de una política internacional a la que este gobierno nos ha lamentablemente acostumbrado y de la cual nunca seremos cómplices".
"Estoy cercana en este momento a cuantos en Italia y en Chile, luchan en nombre de la memoria a la búsqueda de la verdad y de la justicia, para hacer luz sobre una época tristemente conocida de la historia chilena y latinoamericana y para que "nunca más se queden sin castigos casos de violación de los derechos humanos", concluyó la responsable del PD.
Podlech, procesado por la desaparición del sacerdote Omar Venturelli, en 1973, anunció a través de su abogado que luego de su liberación permanecerá en Roma.
"Se quedará en Italia para seguir el proceso, ya que es su intención demostrar su total inocencia", afirmó Nicola Caricaterra, su representante legal, al diario chileno El Mercurio.
Podlech fue arrestado en julio de 2008 en Madrid y está acusado de masacre, secuestro de personas y homicidio múltiple agravado por la desaparición de Omar Roberto Venturelli Leonelli, ex sacerdote de origen italiano.
El abogado Caricaterra confirmó que Podlech "estará presente en la próxima audiencia de su proceso, el 5 de abril". GAT
12/03/2011 17:10

Mensaje de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet , con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2011).

Familiares de Ejecutados Políticos presentan querellas por muerte de Salvador Allende y 566 víctimas

Paula Correa

A 20 años de la entrega del Informe Retting, la agrupación fue recibida por el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y recalcó que la presentación es "una acción de justicia para hombres, mujeres, niños y adolescentes que aún no tienen verdad ni justicia". Además, pidieron que el Gobierno se haga parte en las acciones judiciales.

Cuando se cumplen 20 años del Informe Rettig, este viernes la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, y una amplia comitiva, hicieron entrega al ministro Mario Carroza de 403 querellas por homicidio calificado, ante la violación a los derechos básicos de 566 víctimas.

Entre ellas se encuentran cuatro nonatos, hijos de madres torturadas, una niña de 25 días y 63 niños y adolecentes desde ocho años hasta 19 años, ejecutados entre 1973 y 1990, la mayoría durante los primeros años de la dictadura militar.

Alicia Lira declaró que “estamos realizando una acción de justicia a los hombres, mujeres, niños y adolescentes que fueron asesinados y que aún no tienen ni verdad ni justicia. A estos 20 años (del Informe Retting), nuestra agrupación y nuestros abogados vamos a presentar también la querella por la muerte de nuestro querido presidente Salvador Allende, donde exigimos que se investiguen plenamente las causas de su muerte y se haga justicia”.

Pese al rechazo de la familia ante esta iniciativa, corroborando la teoría del suicidio, el abogado de la asociación, Eduardo Contreras, señaló que se trata de un paso muy importante, ya que no es posible aceptar que la muerte de un Presidente quede en la impunidad e ignorancia total.

El abogado indicó que “no se pueden aceptar dogmas de fe cuando todos sabemos que el cuerpo del Presidente fue acribillado a balas por los militares y no se tiene certeza de cuál de las balas fue la que causó su muerte”, y añadió que el país tiene derecho a conocer la verdad.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, recibió las querellas y reiteró que “el Poder Judicial hace un esfuerzo con el fin de aclarar el tema de los DD.HH. y poder abarcar toda la cantidad de víctimas para las que no hubo acción en su momento, entre ellas, la del ex presidente Salvador Allende. Haremos el esfuerzo posterior para aclarar, investigar y dilucidar con una verdad jurídica, este tema histórico”, dijo.

Los dirigentes manifestaron su molestia ante la falta de empuje en la investigación durante los 20 años de gobierno de la Concertación e hicieron un llamado al actual Gobierno, en particular al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a hacerse parte de las querellas para asegurar un debido proceso.

Hoy también se realizó una manifestación a las afueras de los Tribunales de Justicia recordando los 20 años desde que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación hizo entrega del Informe Rettig. En el encuentro, la encargada de DD.HH. de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Eugenia Puelma, se refirió al trabajo pendiente e hizo un llamado a la sociedad a involucrarse: “Falta mucho para la justicia y la verdad, hay que hacer mucha más investigación. Hay casos que aún no se han visto, ha habido una negligencia y una gran desidia de parte del sistema judicial en relación a las causas de DD.HH. y es tiempo de que eso cambie. Hay que cambiarlo a través de la movilización de las propias agrupaciones, pero de la sociedad en general. No es un tema solo de las víctimas y sus familiares, es un tema de la sociedad chilena, porque ésta debe sanar estas heridas a través de verdad y justicia”, aseguró.

Se espera que con estas investigaciones se establezca la verdad, pero también que, de alguna manera, el Estado pueda reparar el dolor de las cientos de familias que fueron víctimas de la dictadura militar.

radio uchile

Tomás Mosciatti: "El tono maternal de Bachelet me parece ahora falso y p...

Publicado por Camila Álvarez
 
Radio Bío Bío

El Gobierno de Bachelet aprobó una termoeléctrica de la empresa AES Gener en un área verde. El proyecto fue autorizado por funcionarios de Corema, los que tenían exclusiva confianza de la ex presidenta.
En este caso triunfó el lobby y la ilegalidad, ya que no se tomó en cuenta lo que señaló la Contraloría y la Corte Suprema, que no permiteron que se emplazara una termoeléctrica en un área verde, para lo que modificaron la ley, mediante el decreto supremo 68 el 31 de diciembre de 2009, cuando se terminaba el Gobierno, para hacer un panorama perfecto para AES Gener.
El municipio de Puchuncaví nunca estuvo de acuerdo, hasta que AES Gener les entregó dinero. Los responsables de la situación son los ministros de Vivienda y el ministro del Interior de la época y naturalmente la presidenta Michelle Bachelet. Además del lobby que hizo Cristina Bitar y la oficina de abogados que defiende ahora, de la que fue parte el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Lo que ahora se conoce, con los cables de WikiLeaks, son las presiones que ejercieron AES Gener, con el Gobierno, alineandolos a todos para cometer la ilegalidad, lo que significó que todo el Gobierno de Bachelet se alineo con esto.
El comentario es de Tomás Mosciatti de Radio Bío-Bío para CNN Chile.

Wikileaks revela presiones de EEUU y red de influencia política de AES Gener en Chile

Un nuevo cable de Wikileaks, dado a conocer por el sitio periodístico Ciper Chile, reveló cómo las presiones de la embajada de Estados Unidos lograron que la ex Presidenta Michelle Bachelet y su gabinete pasaran sobre un fallo unánime de la Corte Suprema y la institucionalidad medio ambiental para lograr la aprobación de la termoeléctrica Campiche. Escándalo que roza además al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Fue en junio de 2009, luego de la larga pelea que la comunidad de Puchuncaví había dado para impedir que ahí se instalara termoeléctrica a carbón, que la Corte Suprema, por unanimidad falló en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valparaíso, que en 2008 había aprobado la construcción de la central Campiche. Según el máximo tribunal, la resolución era ilegal pues no consideraba el uso de suelo para áreas verdes con el fin de permitir la construcción del proyecto altamente contaminante lo que “provoca un menoscabo evidente al entorno” y vulneraba  el “derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

El fallo de la Suprema encendió la alerta en Washington ya que AES Gener, empresa de dueña de Campiche, es la filial de AES, la segunda compañía energética de Estados Unidos, según informa Ciper y detalla que la inversión que en ese momento quedaba paralizada ascendía a US$ 500 millones. Además, la termoeléctrica buscaba generar 270 MW de potencia, correspondiente a un tres por ciento de la matriz chilena en ese momento y a un diez por ciento de los proyectos en construcción.

Fue entonces que el embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, según revela Wikileaks, tomó cartas en el asunto y comenzó un fuerte lobby al interior de La Moneda. Repartiendo entre los ministerios una carta del secretario de Comercio en Washington, Gary Locke, el diplomático aseguraba que la paralización de Campiche ponía en riesgo la inversión extranjera en el país, no sólo de Estados Unidos, también de Corea e Italia, proveedores del proyecto.

Y Simons encontró un apoyo cerrado en las autoridades chilenas. Luego de reunirse con los entonces ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma; de Energía, Marcelo Tokman, y de Economía, Hugo Lavados,  el embajador recibió todo el respaldo del gobierno para “resolver el problema” y sacar adelante el proyecto, incluso, el jefe de gabinete se comprometió a dedicar al mejor de sus asesores a solucionar el tema.

El blanco de las gestiones diplomáticas para instalar la empresa privada estadounidense en Chile era ahora el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag, pero ahí también las puertas estuvieron abiertas… y de par en par, ya que como se revela en los cables, el director del organismo público se reunió al menos seis veces con los ejecutivos de AES Gener para trabajar en conjunto los pasos que los llevarían a obtener el permiso medio ambiental.

La piedra de tope que ahora quedaba era, precisamente, la calificación en el uso del suelo impugnada por la Suprema. El tema era resorte de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, y hasta esa repartición llegó entonces Simons el 9 de noviembre de 2010. Según el cable revelado por Wikileaks, en la reunión la secretaria de Estado reconoció que “ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”, entre ellas, una llamada de la Presidenta Bachelet.

El embajador contó además que en el encuentro la ministra Poblete le señaló que hubiera sido más simple recurrir a ella antes de comenzar a construir la termoeléctrica y no perder tiempo en gestiones con la cartera de Energía.

Acordaron cambiar el Plan Regulador de la zona para permitir el emplazamiento de Campiche. Trabajo en el que ya estaba abocado ese ministerio y que, en vista de que la propuesta había recibido 66 observaciones desde la Contraloría General de la República, Poblete le contó que estaban conversando directamente con la oficina del contralor Ramiro Mendoza para asegurarse de que fuera aceptado.

Pero el gobierno de Bachelet ya estaba llegando a su fin y el tiempo apremiaba. En una movida estratégica, AES Gener decidió mirar hacia el futuro y contratar al estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del que era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para llevar la arista judicial del caso.

Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, se reunió con la ministra Poblete y le contó a Simons que le había señalado que el cambio en el Plan Regulador se demoraría hasta febrero de 2010, pero que el gobierno barajaba la opción de modificarlo por decreto si fuera necesario. Y así fue, el 31 de diciembre de 2009, a pocos días de dejar el poder, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 68 donde cambiaban las condiciones del juego estableciendo que si el 30 por ciento de la superficie permite un uso de suelo para actividades productivas, se podrán desarrollar.

Esa era precisamente la situación en la que se encontraba la zona donde se emplazaba Campiche, con un 33 por ciento del terreno destinado a uso industrial. El camino estaba ahora despejado para la instalación de la termoeléctrica, pues con esto se echaban por tierra además los argumentos que había esgrimido la Corte Suprema en su fallo.

Era el alcalde de Puchuncaví, hasta ese momento uno de los más férreos opositores al proyecto, el último escollo por salvar. La solución salió del bolsillo: la empresa se comprometió a invertir cerca de cuatro millones de dólares en la comunidad y ochenta millones de dólares para mejorar la tecnología de las cuatro plantas termoeléctricas emplazadas en la zona. Un aporte de campaña al que ningún alcalde se puede negar.

“Santos en la corte”

Pero la “presencia” de AES Gener en Chile no se limita a Campiche ni al pasado gobierno.

A través de Empresa Eléctrica Angamos, AES Gener contempla comenzar a operar en abril la primera unidad de la termoeléctrica Angamos, en Mejillones. El proyecto está conectado con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), su construcción ha estado a cargo de la empresa surcoreana Posco Engineering & Construction Co. y la filial tiene contratos con Minera Escondida y Minera Spence, ambas de BHP Billiton, para vender casi la totalidad de la energía que produzca.

En la misma bahía de Mejillones se desarrolla la termoeléctrica Cochrane, que contempla la inversión de US$1.100 millones mediante la filial Norgener y fue aprobada por la Corema de Antofagasta en septiembre de 2009.

La compañía también desarrolla la central termoeléctrica Los Robles, en el sector Punta Pacoco de Constitución, con una inversión de US$1.300 millones. El proyecto fue aprobado por la Corema del Maule, decisión criticada duramente en un informe de la Cámara de Diputados que subraya sus efectos en el medioambiente.

Asimismo, AES Gener impulsa el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, aprobado a fines de marzo de 2009 por la Corema metropolitana. Implica una inversión de US$700 millones para la construcción de dos centrales, Alfalfal II y Las Hojas, que abastecerían con 531 megawatts al Sistema Interconectado Central. Sus efectos en los ríos del valle y el abastecimiento de agua potable en la región Metropolitana provocaron oposición ciudadana y también cuestionamientos desde la Cámara de Diputados. Aun así, el ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, señaló en noviembre que el proyecto tendría un impacto ambiental bajo. La compañía espera iniciar las obras este año.

Sin embargo, el escándalo que se generó al conocer el contenido de los cables diplomáticos detallando la red de influencias a la que hizo mano la empresa estadounidense, motivó a parlamentarios socialistas a pedir que se investiguen estas denuncias.

Marcelo Díaz, diputado PS, recalcó que con esto se revela  “el poder económico, articulado con el poder político y lobbysta… hoy día uno de ellos ministro del Interior que estuvo detrás del lobby de Campiche, y que también tiene vínculos privados con Castilla, y antes otro ministro del Interior. Aquí lo que está en juego es la legitimidad y la ley en la defensa de los intereses de las comunidades afectadas por estos megaproyectos que tienen impactos medio ambientales devastadores”.

Efectivamente, tener al ex abogado de la empresa, Rodrigo Hinzpeter, como ministro del Interior, le podría dar confianza a la multinacional de poder salvar los escollos con los que se puedan encontrar para ejecutar sus proyectos energéticos, pese a la oposición ciudadana y a las fiscalizaciones de los diputados.

El ímpetu indagatorio de los diputados, quienes solicitan ampliar el plazo e incluir estos antecedentes en la comisión investigadora por aprobación de proyectos energéticos que actualmente funciona en la Cámara, fue bien recibida desde La Moneda.

“Me parece estupendo, creo que una de las facultades de la Cámara es la de fiscalización, si quiere fiscalizar las acciones del gobierno anterior en esta materia, bienvenido sea”, dijo confiado el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.

Lo que el secretario de Estado no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo “santo en la corte”: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener.

Texto de Ciper Chile

Clarín