Invitación Conmemoración 40 años del golpe de estado en Chile

CARTA ABIERTA: Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, Comandante en jefe del Ejército

Señores

Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en jefe del Ejército

Juan Miguel  Fuente-Alba, Comandante en jefe del Ejército

Presentes

 

Con motivodel impacto público, por los detalles del conocimiento del caso de Ernesto Ledjerman Avalos, ciudadano argentino, que cuando tenía 2 años,fue testigo del asesinato de sus padres a manos de militares, en la quebrada del Valle del Elqui, cerca de la frontera con Argentina, y entregado posteriormente a un convento de monjas  en 1973, por el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, para su custodia; es que vengo a requerir la entrega de información veraz y/o iniciativas institucionales que colaboren en la dirección de casos de igual dramatismo que él ha señalado, y que aún, luego de 40 años, siguen sin ser esclarecidos, prolongando una perversa agonía a sus familiares y a nuestro país

 

Existen acreditadas por organismo pertinentes, 9 casos de mujeres detenidas-desaparecidas, que al momento de su detención se encontraban en estado de embarazo.

 

Se desconoce con exactitud hasta el día de hoy, que sucedió con aquellas criaturas en gestación, básicamente si lograron sobrevivir o no al cautiverio y torturas de sus madres.

 

Los nombres de ellas, y el año de su secuestro, son los siguientes:

 

JACQUELINE DROUILLY YANICK. 1974
CECILIA BOJANIC ABAD.1974
MARIA LABRIN LASO. 1974

GLORIA LAGOS NILSSON. 1974

MICHELLE PEÑA HERREROS. 1975

ELIZABETH REKAS URRA. 1976
NALVIA MENA ALVARADO. 1976
REINALDA PEREIRA PLAZA. 1976
GLORIA DELARD CABEZAS. 1977

Existe la esperanza de que al menos algunos de ellos, lo hayan podido lograr, y que al igual que con Ernesto Ledjerman Avalos, hayan sido entregados a la custodia de terceros, tal como ya está acreditado largamente en el caso de la dictadura argentina

  

Por todo lo anterior, es que vengo a solicitar lo siguiente:

Que el ex Comandante en Jefe, Sr. Juan Emilio Cheyre, pueda informar si conocey tiene más antecedentes de otros casos, como el de Ernesto Ledjerman Avalos, es decir de niños, niñas o bebés, entregados en custodia a terceros naturales o institucionales.

La consideración de una actitud de humanidad no se condice solamente con la entrega de inocentes, en este caso niños o bebes, al resguardo y custodia de terceros. Más aún si esto implica, cubrir la verdad, encubrir a los responsables y desterrar a niños de la propia familia.

Al actual, Comandante en Jefe, Sr. Juan Miguel Fuente-Alba, le solicito que pueda abrir un periodo de investigación, acerca de la eventual entrega de niños o recién nacidos, en adopción o, cualquier forma de custodia.

De esta forma, dar algo de paz, a los familiares y su incansable lucha y también tranquilidad a las instituciones para que el pasado no emerja, cada cierto tiempo a borbotones. Los pasos que no damos suelen ser los que más nos cansan, volviendo sorprendidos sobre nuestros pasos olvidados.

Necesitamos como país las verdades que aún se esconden.Sobre hechos y situaciones materiales, que ninguna interpretación podrá resarcir. La memoria no guarda películas sino fotografías.

A 40 años del quiebre de nuestra democracia, es el único camino para ir cerrando heridas. Sino, tendremos que convivir por muchas generaciones, con el eterno retornode lo reprimido, que volverá una y otra vez a emerger, preguntándonos incesantemente: ¿Dónde está tu hermano?

 

Carola Rivero Canales
Vice Presidenta de la Mujer Partido Socialista de Chile

El legado democrático de Salvador Allende

FERNANDO DE LA CUADRA*

El próximo 4 de septiembre se conmemoran 43 años desde que el candidato socialista, Dr. Salvador Allende venciera las elecciones presidenciales liderando una coalición de fuerzas de izquierda y centro izquierda denominada Unidad Popular. El triunfo de Allende fue apretado – obtuvo solamente 36,2% de los votos válidos – y representó la cuarta tentativa de elegirse presidente. Allende venció las elecciones con un programa de gobierno que incluía transformaciones importantes en la estructura económica, política y social en un marco de respeto a las instituciones democráticas vigentes en el país, sin apelar al de la violencia revolucionaria (vía armada) y sin rupturas dramáticas de la convivencia nacional. Este proyecto de transformación de la sociedad por un camino legal-institucional y democrático llegó a ser conocido como la “vía chilena al socialismo.”

La ratificación de Allende como presidente en el Congreso Nacional tampoco estuvo libre de conflictos y tensiones. Pocos días antes de la votación en el parlamento, el Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, fue asesinado por un grupo de civiles y ex-militares de ultra-derecha, como una forma de presionar a los sectores de la Democracia Cristiana para dar su apoyo al candidato que consiguió la segunda mayoría, Jorge Alessandri, representante de la derecha tradicional y que había obtenido el 34,9% de los votos válidos.

El proceso de cambios emprendido por Allende y los partidos de la Unidad Popular fue, como es ampliamente conocido, interrumpido abrupta y dramáticamente después de casi 1000 días de gobierno, en el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, ya se cumplirán cuatro décadas de esa cruenta jornada. Cuando afirmamos que esa jornada fue cruenta, no estamos construyendo una entelequia, pues durante el mismo día del Golpe, varios partidarios del gobierno que defendían el Palacio presidencial La Moneda murieron en combate y el propio presidente Allende inmoló su vida cuando las fuerzas militares irrumpieron en su despacho. La represión y el revanchismo sangriento desatado después de ese día fueron de una ferocidad inusitada en la historia política chilena y dejó una secuela de ejecutados, detenidos desaparecidos, torturados, prisioneros en campos de concentración, exilados y desterrados que aún hoy ronda como una sombra tenebrosa sobre la memoria de miles de chilenos.1 Y no solamente eso, el propio proyecto socialista iniciado por el gobierno da Unidad Popular es un tema que hasta ahora divide a gran parte del país, principalmente de aquellos que vivieron esa experiencia pionera.

La historiografía se interroga hasta nuestros días con respecto a las condiciones que hubieran hecho posible -o no- la continuidad del gobierno popular. Una tesis postula que dicha permanencia se consolidaba a través de una gran coalición entre la izquierda y los sectores progresistas del centro, conformando aquello que precisamente a partir de la tragedia chilena, Enrico Berlinguer llegó a teorizar como el “bloque histórico”. Es decir, la construcción de una amplia alianza entre el conjunto de fuerzas que impulsan las transformaciones necesarias para obtener una mayor justicia social. Este pacto se produciría por medio de un compromiso histórico, en el cual se preparase el tejido unitario de la “gran mayoría do pueblo en torno a un programa de lucha por el saneamiento y la renovación democrática de toda la sociedad y el Estado.” 2

Al contrario de una aquiescencia sobre esta perspectiva, la implantación de la “vía chilena” fue siendo diseñada y alimentada por diversas lecturas con relación al curso que debía tomar la revolución chilena, un camino que era inédito, con características nacionales y tal como decía el propio Allende, tenía que ser una revolución “con sabor a empanada y vino tinto”. Entretanto, existía una contradicción fundamental entre las fuerzas políticas que le daban sustento al proyecto de la Unidad Popular. El principal embate entre estas concepciones polares se encontraba entre aquellos sectores que tenían una plataforma de inspiración republicana del proceso de transformaciones, subordinando a un segundo plano el ideario revolucionario marxista-leninista. Estos segmentos consideraban que era necesario mantener las garantías democráticas y respetar las instituciones de la república, negociando y ejecutando paulatinamente las primeras 40 medidas y otras mudanzas que constaban en el programa de la coalición de izquierda.

Entre estas acciones, la mayoría moderadas, destacaban la entrega de medio litro de leche diario para todas los niños; la instalación de consultorios materno-infantiles en todos los barrios; medicina gratuita en los hospitales públicos con entrega gratuita de medicamentos; supresión de los altos salarios de los funcionarios de confianza; una profundización y aceleración de la Reforma Agraria; becas para os estudiantes de la enseñanza básica, media y universitaria; creación de un sistema previsional universal solidario con fondos estatales; creación del Ministerio de protección de la familia. La nacionalización del cobre y de otros minerales no figuraba entre estas primeras 40 medidas, a pesar de que ya existía un amplio consenso sobre su imperiosa necesidad para aumentar los recursos fiscales destinados a financiar la política social del Estado. Como siempre afirmaba el mismo Allende, el cobre era “el salario de Chile”.

Allende era un buen negociador y consiguió al inicio de su gobierno contar con el apoyo del principal partido de centro, la Democracia Cristiana, con la cual había pactado un “Estatuto de Garantías Constitucionales”, en donde el gobierno se comprometía a realizar las transformaciones anunciadas dentro del total respeto à Constitución y a las instituciones democráticas. Por lo mismo, los partidarios del gobierno insistían en caracterizar la vía chilena como un “proceso” de reformas graduales que arribarían finalmente al socialismo a través de una senda democrática. Para eso, era fundamental planificar correctamente la aplicación de cada medida del programa, lo que requería de equipos muy competentes y preparados técnicamente para efectuar esas funciones.

En el cronograma de gobierno la expropiación de las industrias, fábricas y de las haciendas improductivas con una superficie superior a 80 Hectáreas de Riego Básico (HRB)3, tenía que ser realizada de forma gradual, controlada y planificada, bajo el supuesto de que la incorporación de tales empresas al área de propiedad social solamente debería ser puesta en práctica después que la adquisición y expropiación de los bancos y de las empresas de capital extranjero ya estuviesen concluidas, “para de esa forma dividir, aislar y neutralizar a los sectores más privilegiados de la burguesía nacional durante la transición para el socialismo.” La reforma agraria que fue planificada desde la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) tuvo que dar cuenta de las presiones de los sindicatos de trabajadores rurales e “inquilinos’ y experimentó una aceleración de tal magnitud en el proceso expropiatorio que ya a mediados de 1972 se encontraba prácticamente concluida.4 O sea, muchos procesos adquirieron un ritmo que contradecía la idea que sustentaba Allende, para quien “los procesos revolucionarios exitosos transcurrían bajo una dirección férrea, consciente, no dejados al azar. Las masas no podían exceder a los dirigentes, porque estos tenían la obligación de dirigir y de no se dejar dirigir por las masas.”5

Por otro lado, se situaban aquellos sectores que visualizaban con pesimismo la realización de las transformaciones socialistas en el marco de la “institucionalidad burguesa” y reprochaban el modelo instaurado como siendo el de una revolución burocrática, “desde arriba”, sin poder popular real. Para estos grupos y movimientos, lo fundamental era avanzar sin negociar con las entidades representativas de la clase dominante- enquistadas en el parlamento, en el poder judicial, en las empresas y en los gremios profesionales-, para formas concretas de propiedad social radicalizando y acelerando la expropiación de industrias, haciendas y otras formas de propiedad privada existentes en el país. Al contrario de lo que pretendía Allende y su gobierno, lo que se observaba en el fragor de la lucha cotidiana por el socialismo, era que las directrices del gobierno y la intención de conducir los cambios en forma paulatina y progresiva fueron totalmente sobrepasados por la acción directa de los trabajadores más radicalizados y sus sindicatos, de los campesinos y obreros rurales, de los estudiantes, de los pobladores, de los pueblos originarios.

Cuestionando frontalmente el apelo de Allende -y de un sector de sus seguidores- a los principios democráticos, esta vertiente revolucionaria postulaba que la democracia poseía un valor estrictamente táctico, instrumental, solo era la base necesaria para instaurar la lucha por el socialismo. Segundo tal visión la democracia política a pesar de ser útil a la causa de las masas populares, no sería más útil como forma de organización social, debido a su propia naturaleza de clase, como modalidad de dominación de la burguesía para continuar obteniendo las granjerías y privilegios generados por la explotación capitalista. Esta perspectiva enfatizaba el protagonismo popular y la inevitabilidad del enfrentamiento con las fuerzas reaccionarias, razón por la cual las fricciones con los sectores “contra-revolucionarios” eran imprescindibles para permitir que Chile enrumbara consistentemente hacia el socialismo: la revolución tenía que ser realizada por el pueblo, “desde abajo”.

En la tercera parte de la trilogía “La batalla de Chile” realizada por el documentalista Patricio Guzmán – y que se llama justamente El Poder Popular- existe una escena emblemática en que se aprecia a un funcionario del gobierno intentando dar explicaciones en una reunión con dirigentes y operarios de un “cordón industrial”6, respecto de la necesidad de realizar las reformas acatando los convenios internacionales suscritos por el gobierno, desacelerando de esa manera el ritmo de las transformaciones emprendidas por las autoridades. Frente a esa explicación del representante oficial, un dirigente le responde: “En este momento estamos cuestionado la institucionalidad y legitimidad del gobierno, ahora estamos entrando en una etapa de toma del poder por parte de las clases trabajadoras, porque el poder legal ha sido superado y debemos luchar hasta aplastar a la clase enemiga, la clase de los explotadores.”

La naturaleza y convicción de este discurso revelan el grado de consciencia a que habían llegado los sectores más radicalizados con respecto a lo inevitable del enfrentamiento con las fuerzas contrarias al proyecto Allendista. Sin embargo, esta consciencia no tenía ninguna correlación con una política efectiva de defensa ante la inminencia de un golpe de Estado y hoy sabemos perfectamente como las fuerzas de apoyo al gobierno fueron pulverizadas desde el mismo día 11 de septiembre. Lo que se siguió a esa jornada fue un genocidio sin precedentes en la historia política chilena.

La experiencia chilena ha continuado durante muchos años suscitando innumerables debates sobre cuáles eran probablemente los caminos más pertinentes para conquistar el socialismo en Chile. Con la derrota del gobierno popular por medio de un golpe, la tesis de que Allende fue sumamente ingenuo al confiar en los militares ganó mucho aliento y fue predominante entre gran parte de la izquierda. Esta interpretación fortaleció la idea de que el gobierno tenía que armar al conjunto de la población para resistir a la agresión militar. No obstante, con el decurso del tiempo fue ganando una posición destacada aquella interpretación que insistía en la importancia de la conformación de un bloque o alianza histórica entre todos los sectores políticos empeñados en realizar cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales imperantes en el país, utilizando para ello los instrumentos y las medidas que eran permitidos en el marco de una convivencia democrática.

Aún más, el proyecto de Allende y la vía chilena era una experiencia pionera, inédita, no existía ningún modelo histórico que podía dar indicios del camino a ser recorrido en una transición pacífica, institucional y democrática para el socialismo. El sistema presidencialista imperante en Chile le permitía a Allende poseer un cierto grado de libertad para comandar el proceso de transformaciones estructurales, entretanto, durante el transcurso del mismo fue quedando cada vez más evidente, que tanto en la división interna de la coalición gobernante como en las vehementes e intransigentes fuerzas contrarias a tales mudanzas, el programa de la Unidad Popular comenzó a descomponerse y el Executivo solamente consiguió administrar una crisis que aumentaba diariamente.

No obstante ello, en todos los conflictos suscitados durante su gobierno Allende intentó permanentemente encontrar las salidas y los acuerdos que le permitiesen seguir impulsando su programa sobre bases democráticas, y de esta forma, interpelar a todos los sectores en la manutención del dialogo y evitar los enfrentamientos, que finalmente pudieran determinar el fin de la vida republicana. El día del golpe, “colocado en un tránsito histórico”, Allende fue convidado para unirse a las fuerzas que resistían la embestida golpista en uno de los cordones industriales de Santiago. El presidente electo, coherente con su trayectoria democrática declinó el ofrecimiento y decidió morir en el Palacio de La Moneda, tal como lo había prometido en sus diversos mensajes y discursos al pueblo chileno:

“Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeras de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera (...) no tengo otra alternativa, solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo.”7

Independiente del dramatismo de las circunstancias en las cuales fue derrocado el gobierno de Allende, su gesto de morir en el Palacio presidencial, remarca su férrea convicción de concluir el mandato para el que fue electo, en el lugar que simbolizaba el centro do poder político, en el local que representaba la síntesis de los valores democráticos y republicanos abrigados durante tantos años en la historia política chilena. Allende tenía claro que su mandato concluía en noviembre de 1976 y aún cuando seis años de gobierno parecían pocos para la magnitud de la obra a ser construida, el presidente confiaba en el entusiasmo de un conjunto de fuerzas progresistas que se inclinaban por apoyar dichas transformaciones. En ese sentido, el proyecto de mudanzas que Allende anhelaba para el país no era una utopía surgida de una mente alucinada, sino por el contrario, se sustentaba en una lectura consciente de la realidad, en la certeza de que era posible utilizar las instituciones y las leyes del país para alcanzar el conjunto de medidas incluidas en su programa de gobierno, entre ellas la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de la banca y el sistema financiero.

Trágicamente, el proyecto allendista no logró ser comprendido cabalmente por los mismos partidos que formaban la Unidad Popular y la “soledad intelectual” de Allende fue siendo cada vez más patente en un escenario donde la polarización de la sociedad era vertiginosa y su resultado funesto se anunciaba como el epilogo inevitable de un país dividido por el odio y la intolerancia. Este será en parte el drama de la experiencia chilena, el distanciamiento in crescendo entre las visiones y las estrategias políticas contrapuestas, en que la capacidad de Allende para arbitrar estas disputas iba disminuyendo progresivamente, quedando paulatinamente más aislado en su ideario de construir un socialismo por vía democrática.

Hoy, cuando se conmemoran 40 años del fin de esa experiencia original y abortada en la ferocidad de las armas y el crimen, el pensamiento de Allende y su camino al socialismo emergen como un gran legado para las futuras generaciones. Ello significa pensar que socialismo y democracia no solamente son posibles y deseables, sino que además ambas dimensiones son esencialmente imprescindibles. Y no lo es en un sentido meramente teórico, lo es sobre todo en una praxis política de un modo dialécticamente nuevo de concebir esa relación. Tal como ha sido revelado en la feliz síntesis de Carlos Nelson Coutinho: “Sin democracia no hay socialismo y sin socialismo no hay democracia”.

* Doctor en Ciencias Sociales. Miembro de la Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina (RUPAL). E-mail: fmdelacuadra@gmail.com

1[1] Para no olvidar estos trágicos acontecimientos, actualmente un importante acervo de documentos, testimonios e informes de ese período tenebroso se encuentra expuesto en el Museo da Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet en enero de 2010, poco antes de concluir su mandato.

2[1] Enrico Berlinguer, Democracia, Valor Universal. Marco Mondaini: selección, traducción, introducción y notas, Brasilia/Rio de Janeiro: Fundación Astrojildo Pereira/Editora Contraponto, 2009, p. 82.

  

3[1] HRB representaba una medida de superficie que combinaba aspectos de productividad de la tierra (calidad y tipo de suelo), área geográfica, proximidad a carreteras y facilidad de acceso a los mercados. Durante la Reforma Agraria una HRB consistía en una hectárea de tierra bajo riego con un suelo clase I, localizada en el Valle del Maipo (región central) y próximo de la Carretera Panamericana (principal vía y columna vertebral del país).

  

4[1] Efectivamente, a esa fecha más del 70% de las expropiaciones programadas por el gobierno ya se habían realizado, siendo que el propio presidente Allende pensaba en concluir dicho proceso solamente al final de su mandato de seis anos.

  

5[1] Peter Winn, A Revolución Chilena; traducción de Magda Lopes, São Paulo: Editora UNESP, 2010, p 102.

  

6[1] Los “cordones industriales” eran agrupaciones de industrias y fabricas que coordinaban tareas de producción de una misma región o zona. Representaron junto con los Comandos Comunales, los Comités de Vigilancia y las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP) los fundamentos del poder popular durante ese período.

  

7[1] Frida Modak (coord.), Salvador Allende: pensamiento y acción, FLACSO-Brasil/CLACSO, Buenos Aires: Ediciones Lumen, 2008, pp. 83-84.

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9023:el-legado-democratico-de-salvador-allende&catid=13&Itemid=12

Isabel Allende y Carlos Larraín confrontan visiones a 40 años del golpe de 1973

Senadora PS cree que aniversario marcará campaña presidencial, mientras que el presidente de RN hace una dura autocrítica sobre el rol de la derecha.

por Emmanuel Ganora y Alberto Labra - 16/08/2013 - 07:35 – Diario La Tercera

Isabel Allende, Senadora PS: “Inevitablemente va a estar presente en la campaña”

En el último consejo general de RN, Carlos Larraín responsabilizó a la izquierda del golpe de Estado de 1973 y agregó que, a 40 años del quiebre, “le van a sacar un tranco”.

Es un típico cinismo justificar un golpe. Nos acusan de sacarle partido cuando todo país tiene derecho a tener memoria. Para muchos de nosotros estos 40 años es el recuerdo de algo que nunca debió haber ocurrido en Chile, como lo fue un golpe militar. Ojalá los Carlos Larraín tengan un poco más de conciencia y pudieran sentir algo de remordimiento acerca de adónde condujeron al país con una dictadura que duró 17 años.

¿Es posible un clima de reconciliación considerando a sectores que piensan como Carlos Larraín?

Aquí hay un tema donde nunca nos vamos a encontrar, con gente que tiene esta forma particular de mirar las cosas y que cree que ellos no tienen ninguna responsabilidad. La verdad es que así no hay ninguna posibilidad de encuentro. Lo que sí en su pequeñez no logra imaginarse, es que en muchas partes del mundo ya comenzaron las actividades de conmemoración de los 40 años del golpe.

¿Por qué se dificulta el reencuentro, a pesar de haber pasado cuatro décadas desde el golpe de 1973?

¿Cómo me podría encontrar yo con declaraciones de ese tipo? No tengo ningún punto en común, simplemente no lo hay. Nosotros pudimos haber cometido errores, pero eso no justifica la brutalidad y violencia de la dictadura. Sin embargo, cuando uno se encuentra con declaraciones de este tipo, donde se responsabiliza a la izquierda, no hay punto de encuentro posible. El único compromiso es decir que nunca más se puede romper el orden constitucional. Sólo así me puedo acercar o tener punto de encuentro.

A través de los años se ha hablado de que la derecha pida perdón por haber participado del régimen militar...

Por supuesto que ayudaría a que la derecha tuviera esa capacidad de pedir perdón, pero yo no se la he visto nunca. Han sido excepcionales las declaraciones en que han reconocido que pudieron haber intervenido, que las violaciones a los derechos humanos se cometieron y ellos no hicieron nada. El ministro Chadwick ha dicho que pudo haber hecho más, pero son casos muy aislados. Pero mientras se siga mirando la paja en el ojo ajeno y no se mira la viga en el propio, no hay punto en común.

¿Teme que los 40 años del golpe se transformen en un tema de campaña?

Inevitablemente, el golpe va a estar presente, porque aquellos que han pretendido artificialmente homologar la figura de Bachelet y Matthei, es que no tienen ninguna capacidad de entender que, más allá de ser dos mujeres candidatas y que ambas son hijas de ex generales de la Fuerza Aérea, las diferencias son totales.

¿Es la pretensión de cambios profundos de la candidatura de Bachelet que a ciertos sectores recuerden a la Unidad Popular?

Nuevamente otra falsedad de Carlos Larraín y de aquellos que pretendan asimilar a lo que fue la UP, porque no tiene nada que ver. Es una forma absolutamente grosera para seguir hablando de lo mismo y, así, asustar a la gente.

Carlos Larraín, Presidente de RN: “La derecha actual no está centrada en el pinochetismo”

En su discurso ante el consejo general usted atribuyó responsabilidad a la izquierda en el golpe militar. ¿Por qué eligió ese momento para hablar?

Me referí a eso porque hay anuncios de que este aniversario va a ser relevante en la elección presidencial. Esta es una materia en la cual en la izquierda saben sacarle mucho partido, porque la historia ha sido parcelada y deformada.

Pero en los últimos años ha habido dos gobiernos del PS donde han mostrado gobernabilidad.

Bueno, esa es la cosa. Pudiendo mostrar cosas buenas, se aferran a una época en que ellos salen muy mal parados ante los ojos de cualquier observador.

¿Y la derecha no debe hacer mea culpa también?

La derecha -entre ellos, yo mismo- tiene el mea culpa de que confió en el gobierno militar mucho más allá de la época en que la emergencia era real. No incorporamos los resguardos elementales -sobre todo, de personas con formación de abogado, como yo- de haber entendido que un régimen de excepciones tiene que ser puesto doblemente bajo vigilancia en materia de respeto a los derechos de la persona. Yo no supe cómo operaba el gobierno militar, no formé parte de él en ningún nivel, pero había, efectivamente, muchas acusaciones. Desgraciadamente, esas acusaciones venían de sectores que no eran dignos de crédito, con la excepción de los que venían de la Iglesia Católica y la DC.

¿Es creíble que no se supiera lo que pasaba?

Estas cuestiones siniestras ocurren en niveles muy oscuros. Que la policía secreta tomara una autonomía perniciosa no dependía de quién fuera, qué sé yo, ministro de Hacienda, no tenían por qué saberlo, pero claro, cuando se repetían las noticias y llegaban más y más denuncias, nosotros en la derecha debimos haber sido más accesibles a eso, y no lo fuimos, por las razones que ya di.

¿Cree que ahora hay una derecha acomplejada, al punto de reconocer los que colaboraron o no, los que apoyaron a Pinochet?

Por supuesto, eso es así, porque la izquierda ha logrado ponerse el traje de la víctima y siempre la víctima tiene superioridad moral sobre el que es sindicado como victimario.

¿Esta es una derecha pinochetista?

No, yo creo que hay una derecha pinochetista, por supuesto, pero lo que más hay es una derecha agradecida, porque le salvaron el pellejo, porque reconstruyeron el país, porque terminaron con la posibilidad de instalar un régimen marxista en Chile. Ese es el fondo del agradecimiento.

¿La derecha de hoy es pinochetista?

No, la derecha de hoy día tiene esa reliquia de agradecimiento, pero la derecha a la que yo trato de animar no está centrada para nada en el pinochetismo, es una respuesta que viene desde la raíz republicana de la derecha chilena, cosa que también a veces desde la izquierda reconocen.

Pero siguen reconociendo logros de ese régimen.

Pero no se puede decir que el tema central de la derecha chilena sea el pinochetismo, ¿de dónde? El tema central es cómo hacer que el país funcione mejor y que haya menos pobres, mejores niveles de educación, más respeto por las libertades individuales.

http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/08/674-538025-9-isabel-allende-y-carlos-larrain-confrontan-visiones-a-40-anos-del-golpe-de-1973.shtml

 

Una Constitución más democrática

Escrito por Salvador Allende          

Una Constitución más democrática. (*)

No hay otra salida, como lo he dicho, que la campaña que debemos dar en marzo de 1973. Pero no con un sentido corriente electoral, no como una campaña electoral más. Tenemos que levantar una gran plataforma que señale al pueblo la tarea que tiene que alcanzar. Tenemos que decirle que hay que dictar una nueva Reforma, una nueva Reforma Agraria, una nueva Ley de Reforma Educacional, un nuevo Código Tributario, un nuevo Código del Trabajo. Debemos establecer la nueva seguridad social. Debemos, compañeros, hacer posibles los derechos y los deberes de los trabajadores. Debemos afianzar la presencia de los trabajadores definitivamente en el manejo de la cosa pública, y junto a las iniciativas programáticas que no constituyen una plataforma electoral, debemos dictar una nueva Constitución. Para ello debemos ganar la principal batalla, obteniendo la primera victoria en la campaña electoral del 73, con el fin de conquistar la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no la alcanzáramos, tendríamos siempre la perspectiva de una gran tarea por delante. Esta tarea, el servicio de los trabajadores, no sólo debe preocupar a los que militan en nuestras filas, sino que miles de trabajadores deben estar junto a nosotros para que podamos establecer nuevas instituciones para que Chile camine de acuerdo con su propia realidad económica y social.

El Chile de hoy no es el Chile de comienzos de siglo. El Chile de hoy, 5 de setiembre de 1972, no es el Chile del 4 de noviembre o del 3 de noviembre de 1970.

Chile dictó la Constitución Pelucona el año 1833 y la Constitución Liberal el año 1925. Va a cumplir 50 años el año 1975.

Tenemos que dictar una nueva Constitución, una Constitución para esta nueva etapa que estamos viviendo, para este proceso revolucionario.

No podemos dictar una Constitución burguesa, ni una Constitución socialista. Tenemos que dictar una Constitución que abra el camino hacia el socialismo, que consagre derechos y que haga que los trabajadores gobiernen este país.

Debemos entregar, entonces, las ideas fundamentales para que sean discutidas, analizadas y conversadas en el sindicato, en las faenas, en las industrias, en las escuelas, en los hospitales, en el taller y en el hogar.

Que no haya muchacho que no sepa leer ni escribir; que no haya anciano, que no haya analfabeto, que no oiga explicar y leer las bases de la Constitución que queremos.

Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano.

Quiero entregar esta tarde, como tarea al pueblo de Chile, el estudio, la discusión y el análisis de las bases fundamentales de la nueva Constitución que con el esfuerzo, el tesón y el empuje pondremos en marcha, una vez que conquistemos el instrumento que nos permita hacerlo.

La solución de las dificultades presentes sólo pueden darla los trabajadores, e impedir su propia concepción del orden social sobre el de la burguesía.

Las instituciones políticas actuales están concebidas para una sociedad capitalista que ya no existe en su contenido original.

Tampoco el socialismo es una realidad. El país se encuentra en movimiento y necesita darse el régimen político más idóneo para organizar y encauzar la vida nacional.

Un Estado como el chileno no puede funcionar indefinidamente con la obstrucción sistemática irreconciliable contra el Gobierno por parte de los otros poderes.

En forma sutil, pero real, el Congreso ha construido un cerco de fuerzas alrededor del Gobierno, al rechazarle una tras otra iniciativas fundamentales de orden social y económico. Una situación de enfrentamiento de esta naturaleza es peligrosa y crea incertidumbre e inquietud.

Deben por consiguiente resolverse para la izquierda, para el Gobierno Popular, las soluciones que da la clase trabajadora. Para la mayoría actual del Congreso, la solución es imponer los intereses de los capitalistas por encima de los trabajadores. Por eso necesitamos redefinir totalmente la Carta Fundamental que rige nuestra vida política, y para ello, tenemos que alcanzar la victoria en la Cámara de Diputados.

En esta Carta Fundamental debemos encauzar dos aspectos esenciales de la vida del pueblo.

Dar más libertades. Ampliar las libertades y derechos, incorporando a la Carta Fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Garantizar el pluralismo social, político y cultural. Asegurar a los grupos étnicos, autóctonos, el derecho a desarrollar su personalidad cultural y el cultivo de su lengua materna. Reconocer a la Isla de Pascua el derecho a tener un representante en el Congreso.

Establecemos para los trabajadores la estabilidad del empleo y una remuneración mínima digna para él y su familia. La necesidad de superar las diferencias entre el trabajo manual e intelectual, y entre la ciudad y el campo.

Los trabajadores deberán dirigir las empresas. Se dará reconocimiento constitucional a los sindicatos, como expresión orgánica de los trabajadores, y de la CUT, como su expresión máxima.

Las prestaciones de seguridad social deben otorgarse en consideración al estado de necesidad de los beneficiados.

Todas las personas tienen derecho, en igualdad de condiciones, a idénticas prestaciones ante un mismo estado de necesidad. Hay que asegurar el derecho a la educación desde la etapa preescolar y su carácter permanente. Establecer los derechos fundamentales de la familia, reconocer la igualdad plena del hombre y de la mujer. La protección especial de la madre soltera, la investigación de la paternidad y la obligación del Estado de hacer efectivos sus principios y deberes básicos.

Todo hombre tiene el deber de trabajar de acuerdo con su propia capacidad y no puede reclamar beneficios de la sociedad si no rinde con sus posibilidades corporales, intelectuales, o la creación, un resultado que represente un aporte material, científico o cultural a la comunidad. El derecho se otorga al que cumple con deberes, y el deber fundamental que establecerá nuestra Constitución es el deber de trabajar por el progreso de Chile.

Hay que establecer el principio de que la economía del país está al servicio del pueblo, delimitar claramente nuestra concepción de la coexistencia necesaria de la economía social, en la industria, minería, agricultura y servicios.

Reservar para el Estado todas las riquezas básicas del suelo, del subsuelo, del fondo del mar dentro de 200 millas del mar territorial. Institucionalizar el plan de desarrollo como instrumento superior de la actividad económica y social, con participación fundamental de los trabajadores. (Un plan democrático en su gestación, central en su formulación, y descentralizado en su ejecución).

Organizar el sistema financiero y tributario al servicio del Sistema Nacional de Planificación.

Fuerzas Armadas y de Orden. A los criterios vigentes existentes destinados a defender la soberanía nacional y la integridad de la frontera se agrega a su papel de las Fuerzas Armadas, relevante, en la seguridad nacional, lo que implica su presencia activa en las industrias y servicios estratégicos, en la planificación.

A los servicios de orden público, Carabineros e Investigaciones, debe corresponder, junto a sus tareas específicas, una amplia labor social que hoy cumplen, pero hay que especificar mayormente.

Tribunales de Justicia y Contraloría. Modernización y democratización de la función judicial, ampliarlas facultades del Tribunal Constitucional, crear los Tribunales de lo contencioso y administrativo. Establecer la temporalidad de sus cargos de los Ministros de la Corte Suprema y su duración al cumplir 65 años de edad. Democratizar el Tribunal Calificador de Elecciones. Garantizar a todos los ciudadanos la atención jurídica. Modernizar la Contraloría General de la República y establecer su interrelación con la Superintendencia de Bancos, Sociedades Anónimas y Superintendencia de Previsión Social.

Constitucionalidad y legalidad. El actual sistema legislativo, confuso, contradictorio y anacrónico, debe ser reemplazado por otro sencillo, claro, sistemático y adaptable a las actuales condiciones de la vida social. La organización jurídica del Estado se basa en el respeto por parte de las autoridades, funcionarios y ciudadanos, de las normas constitucionales y legales. Las autoridades del Gobierno y los funcionarios son responsables de los abusos que cometan y de las omisiones y lenidades en que incurran.

Administración territorial. La administración y planificación de Chile debe ser democrática y descentralizada. En cada provincia debe organizarse una Junta Provincial encargada de promover el desarrollo económico y social, integrada por representantes de los servicios del Estado, de los municipios y de los cabildos vecinales. La región, los cabildos vecinales, las comunas y municipios, las provincias, deben coordinar su capacidad de trabajo dentro de la concepción más adecuada a las exigencias económicas actuales de esa región. La administración de la región debe contar con un Consejo Económico-regional encargado de proponer las orientaciones del desarrollo económico-social y ejecutar las directivas del plan.

Al frente de cada región debe haber un viceministro regional dependiente directamente del Presidente de la República, encargado de coordinar y ejecutar los planes y programas de la región, hay que institucionalizar el poder de los trabajadores. Día tras día estamos contemplando el esfuerzo de nuestro pueblo por actuar organizadamente a través de instituciones nuevas, desconocidas apenas unos meses atrás. Es así como en el centro de trabajo agrícola, industrial o minero, de los lugares donde viven, las Asambleas de Trabajadores, los Comités de Producción, la participación de los trabajadores en la dirección, son hoy una realidad. El proceso de configurar debe configurarse en las empresas e industrias del área social, en los asentamientos, en los centros de Reforma Agraria, en los hospitales, en las oficinas, por todas partes deben estar ustedes, y están siendo probadas, ensayadas nuevas formas de organización popular.

En las comunas, el pueblo debe asumir directamente responsabilidad de dirección central a través de las organizaciones comunitarias y de las juntas de abastecimiento popular.

Este es el Chile de los trabajadores en movimiento. Es nuestra tarea contribuir a que la energía creadora de los trabajadores, en la búsqueda de una nueva organización que les asegure realmente el ejercicio del poder, encuentre el cauce adecuado.

Debemos hacer que la Constitución reconozca el poder de los trabajadores en las comunas, en los centros de trabajo, en el aparato del Estado.

Comunas. Proponemos la creación, en cada comuna, de cabildos vecinales que entreguen a los representantes de las organizaciones comunitarias y de trabajadores los medios de atender directamente sus problemas locales en colaboración con los servicios públicos.

En los centros de trabajo debe elevarse el nivel de principios fundamental: que los trabajadores dirijan sus centros de trabajo de acuerdo con la ley, en el aparato del Estado.

Las organizaciones representativas de los trabajadores deben participar institucionalmente en la elaboración de la política económica del Gobierno, particularmente en la formulación democrática del plan de desarrollo.

El Consejo de Desarrollo Económico Social debe ser reconocido por la Constitución, pero no debemos limitamos a establecer la simple participación de las organizaciones sindicales en la planificación central, sectorial, regional, comunal y las empresas.

Los trabajadores deben conseguir ser ellos, la mayoría del país, quienes tengan la palabra decisiva en todo lo que se refiere a la economía del país.

Son los trabajadores, lar fuerza creadora de la economía, quienes deben tener el predominio de la economía nacional. Cómo conseguir que los trabajadores lleguen a dirigir la economía del país y controlar el poder político. Esta es la cuestión fundamental, indispensable para que Chile progrese resueltamente por el camino revolucionario que nuestra historia nos ha trazado. Todos los trabajadores deben discutir y resolver esta cuestión política fundamental. Los obreros, campesinos, técnicos, profesionales, empleados, trabajadores independientes que viven sin explotar a nadie, asentados, pequeños propietarios, comerciantes e industriales.

Aquí reside la fuerza de Chile, y esta fuerza debe dirigir, desde el Estado mismo, la economía nacional en el Gobierno, mediante su participación activa en la planificación, pero también en el Congreso. Proponemos que se discuta y se analice la naturaleza del futuro Congreso. Caben, a mi juicio, tres opiniones principales, a saber: mantener el Congreso bicameral presente. Eso es poco aceptable y opino que no puede ser así. El Congreso con una sola cámara, al igual que se propuso en noviembre último, es una probabilidad. La tercera, sería junto a la Cámara de Diputados, elegida por todos los ciudadanos del país, como la actual, todos los trabajadores deben elegir en votación nacional, secreta y directa, la Cámara de Trabajadores.

El proceso revolucionario exige, en forma cada vez más perentoria, que el poder del Estado responda realmente a la mayoría del país, a las fuerzas creadoras, en forma democrática y pluralista, posibilitando la expresión de todas las corrientes de opinión, pero asegurando la supremacía a la clase trabajadora, porque en esto consiste nuestra revolución anticapitalista: que el poder esté en manos de los trabajadores.

La representación parlamentaria debe ser actualizada de acuerdo con la real distribución de la población, y debe elegirse un diputado por cada setenta mil habitantes.

Las elecciones parlamentarias deben realizarse conjuntamente con la elección del Presidente de la República, cada seis años. El Presidente de la República, elegido por la autoridad de los ciudadanos, podrá disolver el Congreso una vez en su mandato, convocando a nuevas elecciones.

Debe ser institucionalizado el Consejo de Ministros que, presidido por el Presidente de la República, adoptará las resoluciones generales, en materia de orden económico, político, social y administrativo, coordinando la actividad de los Ministros. La administración del Estado debe constituir un todo, una totalidad orgánica.

Se trata de que el pueblo conozca y discuta. El Gobierno quiere promover la discusión clara del futuro político del país, para resolverlo que los trabajadores conscientemente decidan.

Si me he reunido esta tarde con ustedes, si he ampliado demasiado mis observaciones, es porque creo que un pueblo que ha alcanzado la etapa revolucionaria en la conciencia que tiene el pueblo chileno, debe comprender que es fundamental institucionalizar su Revolución.

Tenemos que establecer un Estado de derecho, el Estado de derecho del Gobierno del Pueblo. Cada hombre, cada mujer, cada joven y cada anciano de Chile deben entender que es su obligación profundizar en los aspectos que he planteado.

No se trata de entregarles fórmulas prefabricadas. Se trata de que ustedes mismos analicen, piensen y sientan la necesidad de darse la Carta Fundamental. Esa será la gran bandera, que levantaremos no sólo con un contenido electoral, sino como un proceso social para que esta Revolución que se expresa en el pueblo, en las calles, en la oficina, en la escuela y en el trabajo, esta Revolución que es mayoritaria, por la voluntad consciente de la inmensa mayoría de los chilenos, alcance los niveles institucionales que la hagan permanente e irreversible.

Compañeros y compañeras, ciudadanos de mi patria: en esta etapa de Chile necesitamos la conciencia de ustedes para afianzar la Revolución Chilena, hecha de acuerdo con nuestra historia y nuestra voluntad.

(*) Discurso ante los dirigentes de la Unidad Popular. Santiago, 5 de septiembre de 1972 (fragmentos).

Las operaciones secretas de la CIA en Chile y el golpe del 73

A partir del análisis de más de mil documentos desclasificados, “La CIA en Chile” (Ediciones Aguilar) reconstruye la historia de la agencia de inteligencia norteamericana en Chile desde los años ’40 hasta 1992. En sus páginas cuenta la visión que el organismo tenía de Allende y de Pinochet y su trabajo hacia la KGB en Chile. También relata cómo el organismo infiltró al MIR y al FPMR. Acá adelantamos el capítulo 7, “El mundo de Allende”.

por CARLOS BASSO PRIETO

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Más allá de los lugares comunes y los adjetivos que habitualmente se utilizan en estos temas, el libro “La CIA en Chile” (Aguilar, 2013) del periodista Carlos Basso, intenta escudriñar sobre algunas realidades que han permanecido dormidas en los archivos desclasificados por Estados Unidos, especialmente en lo relativo a las actuaciones de su principal agencia de inteligencia en nuestro país no sólo entre 1970 y 1973 (que es la principal “trama” del libro), sino desde mucho antes.

Ello obedece a que los avatares en Chile de los organismos predecesores de la CIA (que fue fundada en 1947) comenzaron en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fijaron en nuestro país no sólo en función del espionaje nazi (temática que en aquel entonces estaba dentro de las competencias del FBI) sino especialmente debido a una red de la KGB soviética muy activa, que operaba entre Chile, Estados Unidos y Argentina y que, entre otras cosas, habría al menos sugerido captar como agente de ella a Pablo Neruda, cuando éste se desempeñaba como cónsul en México. Por cierto, la mención al respecto (contenida en un cable interceptado por los estadounidenses a los soviéticos) es muy feble como para saber si se trataba de una prospección, una idea o algo más, aunque lo más probable es que quizás ni siquiera se lo hayan propuesto, dado que el mismo vate relataba en “Confieso que he vivido” la repugnancia que le provocaban los espías.

A poca distancia de la anécdota, sin embargo, lo interesante es que a contar de 1953 la CIA, que ya el mismo 1947 había instalado una Estación (oficina) en Santiago, comenzó a emitir NIEs sobre Chile, sigla de National Intelligence Estimate, eufemismo utilizado para designar unos contundentespapers de carácter académico realizados por una de sus divisiones, la Oficina Nacional de Estimaciones (O/NE, por sus siglas en inglés), con el fin de predecir diversos escenarios, habitualmente en el plano político y económico.

Una de las situaciones que más evidente resulta de la lectura de más de mil documentos de la CIA es que la Democracia Cristiana siempre fue el partido chileno mejor evaluado por los norteamericanos. El Partido Nacional, de hecho, les gustaba poco. Estimaban que Sergio Onofre Jarpa no era un buen líder y que el partido carecía de estructuras de base (como organizaciones de mujeres, por ejemplo), a diferencia de la DC, uno de cuyos líderes (cuyo nombre está borrado) viajó en 1971 al cuartel general de la CIA a pedir más dinero, pues ya se les habían acabado las partidas entregadas unos meses antes.

Y de lo que viene a continuación, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.

LA IZQUIERDIZACIÓN

En 1963 se emitió un NIE de 33 páginas, que avisaba sobre unaizquierdización del electorado, lo que a juicio de la CIA obedecía a que la mitad de la población chilena estaba mal vestida y mal alimentada.

La CIA (sí, la misma CIA de siempre, a la que difícilmente podríamos acusar de ser un organismo antiderechista) atribuía dichas condiciones, entre otras cosas, a que “la clase alta –grandes terratenientes, magnates industriales y comerciales– conforma el patrón de consumo más conspicuo de América. Son capaces de mantener su estilo de vida, en parte, debido a la evasión de impuestos. Estos magnates tienen que compartir su poder político con una clase media rápidamente creciente”.

En 1969 se emitieron dos NIE. Mientras uno vaticinaba en forma exacta que “lo de 1970 será una carrera de tres hombres, en la cual no habrá una mayoría nítida, y la decisión final será tomada por el congreso chileno”, el segundo advertía, una vez más, sobre los factores que permitían la izquierdización, y que eran “los ingresos per cápita que permanecen inequitativos, la productividad agrícola que permanece baja y la inflación aún crónica”.

La conclusión de los analistas de la O/NE era que lo anterior provocó que “los chilenos se hayan puesto cada vez más impacientes con estas condiciones y a que el electorado haya girado en forma estable hacia la izquierda”. Asimismo sumaban el hecho de que, según ellos, “era difícil imaginarse un candidato más antipático que Alessandri”.

Ello contrastaba con la opinión que la misma CIA tenía de su rival de la UP, expresada en un NIE de 1971: “Allende es un experimentado y astuto político con una gran comprensión del sistema político chileno, ganada a través de años en el senado y como perenne candidato presidencial. Es una marca conocida para el electorado chileno, considerado un reformador que ha trabajado desde el sistema toda su carrera política. Allende tiene 63 años y aparentemente posee buena salud, a pesar de algunos problemas cardiacos previos. Trabaja duro en su oficina, tiene instinto para las relaciones públicas y es adepto a cultivar nuevos adeptos y desarmar a sus potenciales opositores”.

A DIESTRA Y SINIESTRA

De hecho, a diferencia de lo que se piensa, la CIA no se mostraba (al menos en el papel) amable en sus opiniones sobre buena parte de la derecha chilena. Con quien sí lo fue en algún momento fue con Carlos Prats, a quien calificaban en 1969, cuando era jefe de la III División del Ejército, con asiento en Concepción, como “probablemente el comandante de campo más altamente respetado de Chile”.

No obstante, por aquellos años eso aún era harina de otro costal. La preocupación principal era la posible asunción de Allende. En 1967, luego de la muerte del Che Guevara en Ñancahuazú, un cable emitido desde la Estación de la CIA en Caracas dejaba claro que, en el contexto de guerra fría, la preocupación por el marxismo debía dejar de estar en el foquismo guerrillero, pues a esas alturas ya tenían claro que lo de Cuba había sido una excepción y que, tras el fracaso de distintas experiencias armadas, “la revolución no es posible en parte alguna de América Latina, porque no existen las condiciones necesarias”.

Por ende, las miradas se tornaron con mayor fuerza hacia Chile, donde el dinero de la CIA había comenzado a fluir en 1953, subsidiando “agencias cablegráficas, revistas escritas para círculos intelectuales y un semanario de derecha”, como dice el informe Church, sin entrar en detalles, mismo reporte que precisa que los montos aumentaron a contar de 1962, cuando el gobierno de John F. Kennedy comenzó a ayudar a la Democracia Cristiana, a fin de evitar un triunfo de Allende en 1964.

Es justo precisar respecto de ello que la CIA tenía dos almas. Una estaba en Washington, al lado del río Potomac, y creía que si ganaba el socialista el escenario sería dantesco, visión muy distinta de la que poseía, desde su oficina en calle Agustinas, mirando hacia La Moneda, el por aquel entonces jefe de la CIA en Chile, Henry Hecksher, quien a poco de que Richard Nixon ordenara evitar que Allende asumiera (en septiembre de 1970), decía que la idea del golpe militar ―que proponía la Fuerza de Tareas, creada para tal efecto en Washington― era fantasiosa, y que además “no hay pretexto para un movimiento militar en vista de la completa calma que prevalece en el país”.

Dicha idea la compartió en Estados Unidos James Flannery, subjefe de la División Hemisferio Occidental de la CIA, quien argumentó en un análisis secreto que “Santiago no se puede comparar con Praga o Budapest hace 25 años. No hay un ejército rojo en Chile ni en sus fronteras”.

Ya en octubre, Hecksher insistió: “El clima en Chile ha estado considerablemente calmo desde la primera semana después de las elecciones. Hubo algunas corridas bancarias, pero pronto todo estuvo bajo control. Tanto el gobierno como la Unidad Popular están ahora a favor de evitar un mayor caos económico”, agregando un dato que parecía esencial: “El Partido Nacional está igualmente preparado para hacer negocios con Allende”.

No obstante, ni Richard Helms, director de la CIA, ni mucho menos el jefe de la Fuerza de Tareas, David Atlee Phillips (quien fue captado como agente de la CIA en Chile, en 1954), oyeron la opinión de Flannery y Hecksher y el plan que habían iniciado, el Track II (es decir, la vía militar) se finiquitó con el innecesario crimen del general René Schneider, opereta absurda iniciada como un plagio y que el mismo hombre de la CIA en el down town santiaguino había previsto cómo terminaría: “El intento de secuestro quizá conduzca a un baño de sangre”, escribió varios días antes.

Pese a Nixon, Allende terminó por asumir la primera magistratura chilena. Con ello se acabó también el trabajo de Hecksher. Aunque se trataba de uno de los principales artífices del derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, ex jefe de la CIA en Laos y oficial histórico de la CIA, terminó su carrera acusado de ser “socialista”.

Un par de años más tarde, cuando Ted Shackley asumió como jefe de la División Hemisferio Occidental de la CIA, la explicación que se le dio respecto del hecho de que Allende estuviera gobernando Chile fue que había existido “una falla de inteligencia” que se atribuía no a quienes habían intentado el golpe sino, todo lo contrario, a Hecksher.

VUELTA DE TUERCA

No obstante, para el golpe de 1973 la actuación de la CIA fue muy distinta, pese a la creencia popular que le atribuye el golpe. Hecksher fue remplazado por un oficial llamado Ray Warren, muy aficionado a los cálculos políticos, que comenzó a implementar una suerte de continuación del planTrack 1; es decir, el financiamiento a los partidos políticos, que benefició principalmente y en primer lugar a la DC, luego al Partido Nacional y en menor medida a los partidos Demócrata Radical (PDR) y de Izquierda Radical (PIR).

Una de las situaciones que más evidente resulta de la lectura de más de mil documentos de la CIA es que la Democracia Cristiana siempre fue el partido chileno mejor evaluado por los norteamericanos. El Partido Nacional, de hecho, les gustaba poco. Estimaban que Sergio Onofre Jarpa no era un buen líder y que el partido carecía de estructuras de base (como organizaciones de mujeres, por ejemplo), a diferencia de la DC, uno de cuyos líderes (cuyo nombre está borrado) viajó en 1971 al cuartel general de la CIA a pedir más dinero, pues ya se les habían acabado las partidas entregadas a principios unos meses antes.

Ese mismo año el golpe ya era tema recurrente y Warren quiso ponerse a tono con ello. Por ello en un documento interno que circuló en Washington se leía que “la Estación (en Santiago) cree que debemos intentar inducir a los militares todo lo que sea posible, si no todo, para que tomen el control y desplacen al gobierno de Allende. Obviamente eso no será fácil de hacer. Los militares chilenos tienden a actuar en concordancia con su cadena de mando y sólo cuando el consenso es evidente. Más aún, el general Prats no parece dispuesto a avanzar con este objetivo”.

Posteriormente, el propio Warren enviaría a Washington un cable en que diría querer hablar con ciertos oficiales “clave”, para estimularlos a acometer una asonada, agregando que “debemos trabajar consciente y deliberadamente en la dirección de un golpe”, frase que causó ronchas en Washington. Le respondieron que no podían aceptar dicha “conclusión”, pues no existía autorización para ello ni, mucho menos, podían permitirle “hablar francamente sobre las mecánicas de un golpe” con algunos militares, como él lo pedía, aconsejándole que “veamos cómo se desarrolla la historia, no la hagamos”.

Claro, la situación en Washington era muy distinta de la de 1970. Ya tenían una experiencia que les indicaba que no era tan simple gatillar un golpe en Chile (por ello habían privilegiado la vía política) y además Nixon estaba con muchos problemas en el frente interno.

En marzo de 1972 el periodista Jack Anderson destapó en el New York Times el escándalo de las comunicaciones entre la CIA y la ITT (International Telephone and Telegraph), alentando los intentos golpistas de dos años antes, y debido a ello se había formado una comisión investigadora en el congreso de EEUU.

Vietnam era otro punto de conflicto para Nixon y, en junio de 1972, comenzó a estallar el caso Watergate. De ese modo, Chile ―que seguía siendo muy importante dentro del combate al marxismo― había dejado de tener la preminencia de antaño. Tan consciente estaba la CIA sobre las miradas que tenía encima, que en un informe de su Dirección de Operaciones, de septiembre de 1972, se decía que “la tentación de asumir un rol positivo en apoyo al golpe militar es grande”, pero que debían refrenarse, debido a que serían acusados de “ingeniar el colapso del gobierno de Allende”.

En medio de las cavilaciones de Washington, Warren siguió insistiendo hasta el final en la posibilidad de dar un golpe, asegurando que existía un ambiente totalmente propicio para ello y, quizá como una muestra de que el hombre en terreno siempre ―necesariamente― sabe más que quien está en un escritorio a miles de millas de distancia, se mantenía informado con mucha exactitud de los movimientos golpistas, como fue el traslado de los Hawker Hunter a Concepción varios días antes del 11, la constitución del grupo de 15 generales y almirantes que planificó la operación, las fechas probables, las cavilaciones, etc., mientras en Estados Unidos los analistas de la O/NE erraban medio a medio ―quizá por primera vez en el caso de Chile― en su último informe previo al golpe, del 14 de junio de 1973, en el cual aseguraban que la salida más probable a la crisis era “un punto muerto”.

  “La CIA en Chile”, Ediciones Aguilar, 291 páginas. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/02/las-operaciones-secretas-de-la-cia-en-chile-y-el-golpe-del-73/